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El Eurogrupo aprueba el 20 de julio de 2012 el rescate a la banca española y el memorando de entendimiento por el que España tendrá que cumplir 32 condiciones y sufrirá una vigilancia estrecha de los compromisos macroeconómicos
LD LM/Agencias 2012-07-20
Los ministros de Finanzas de la zona euro
aprobaron definitivamente, y sin modificaciones, la ayuda de
hasta 100.000 millones de euros para que España pueda sanear la
banca con problemas, informaron a EFE fuentes diplomáticas. El
Eurogrupo ha dado su visto bueno final al memorando de
entendimiento, en una conferencia telefónica que ha durado
apenas dos horas, que fija los términos y las condiciones de la
ayuda a España y que el Gobierno de Mariano Rajoy firmará en
los próximos días.
Después de la aprobación esta mañana en el Parlamento
finlandés de la ayuda a España, la vía estaba libre para la
autorización definitiva del préstamo por parte de la zona euro.
El visto bueno de los dieciséis socios de España en la zona del
euro permite además autorizar antes de fin de mes el
primer desembolso de la ayuda, que asciende a 30.000
millones de euros, si bien éste se mantendrá en reserva en el
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) para casos
urgentes de recapitalización.
A cambio de la ayuda europea, España tendrá que cumplir
32 condiciones, principalmente para la banca que
requiera capital y el sector en su conjunto, pero también
tendrá que someterse "en paralelo" a una vigilancia
estrecha de los compromisos macroeconómicos. Una suerte de
"troika", formada por la Comisión, el
BCE y, en este caso, la Autoridad Bancaria Europea (EBA),
verificará cada trimestre el cumplimiento de
las condiciones para la banca.
Las obligaciones de las entidades
La banca tendrá que llegar al 9% de capital de máxima calidad y si las entidades resultan no ser viables se liquidarán. Si tienen todavía futuro tendrán que abandonar actividades secundarias y vender participaciones y activos, reducir el número de oficinas o recortar personal.
La banca socorrida no podrá repartir dividendos y tendrá que limitar la remuneración de los ejecutivos y miembros de los consejos de administración, en tanto que los titulares de híbridos y de deuda subordinada -como son las preferentes- tendrán que asumir una parte de las pérdidas.