El TSJA dicta una segunda sentencia que reconoce el derecho a objetar frente a EpC
Libertad Digital. (Agencias). 10-04-2008
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una nueva sentencia, la segunda en este sentido, en la que reconoce el derecho de unos padres de Málaga a ejercer la objeción de conciencia contra la asignatura de adoctrinamiento socialista Educación para la Ciudadanía (EpC). La Junta de Andalucía ya prepara un recurso de casación.
La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, fue dictada este mismo miércoles, 9.04.2008, y es la segunda que reconoce este derecho, después de que el pasado 4 de marzo de 2008, este mismo tribunal diera la razón a unos padres de Bollullos Par del Condado (Huelva), también contrarios a que su hijo recibiera esta asignatura.
El TSJA defiende el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones y la libertad ideológica y religiosa, amparadas por los artículos 27.3 y 16.1, respectivamente. En esta ocasión, los hijos de los demandantes aún no han cursado esta materia. No obstante, la sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, considera que la familia está legitimada a oponerse a esta "controvertida asignatura".
El Tribunal ve "sumamente razonable" permitir a los familiares "anticiparse a las consecuencias" derivadas de la matriculación de sus hijos en la citada materia y pone como ejemplo los casos en los que los jóvenes contrarios al antiguo Servio Militar presentaban la objeción antes de ser llamados a filas. "Y si a esto añadimos el carácter transversal de la asignatura en cuestión, hemos de llegar a la conclusión de que la legitimación de los padres es impecable", destaca el texto de la sentencia.
Al igual que en la anterior ocasión, el tribunal subraya que la jurisprudencia del Constitucional, del Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, amparan "el derecho a la objeción de conciencia que se ejercita para la protección de los derechos indicados". En este sentido, cita una sentencia del TC sobre un caso de objeción a la práctica del aborto, que "reconoce expresamente el ejercicio de la objeción de conciencia con independencia de que se haya efectuado o no su regulación". "La objeción de conciencia forma parte del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa (artículo 16.1 de la Constitución Española)", recalca. El padre de los cinco alumnos afectados por este caso, Arturo Gross, se felicitó, en declaraciones a Europa Press, del contenido de la sentencia. Según Gross, "el TSJA ha tenido en cuenta que cursar la asignatura afecta a los padres no sólo cuando la están recibiendo, sino también a lo largo de toda la escolarización". De sus cinco hijos, una de ellas hubiera comenzado a recibir EpC el curso que viene.
En su opinión, "los colegios están atemorizados por el Ministerio de Educación y por la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), que no apoyan la objeción" a la asignatura. "Niños de muchos colegios están suspendiendo la asignatura", afirmó. La Consejería de Educación del gobierno andaluz notificó a Arturo Gross a comienzos de este curso que sus hijos deberían cursar la asignatura, mientras que el TSJA emitió una medida cautelar a finales del año pasado mediante la que permitía que sus hijos objetaran de la asignatura hasta que hubiera sentencia.
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La escritora Mercedes Rosúa denuncia la manipulación de escolares por las "clientelas de la utopía"
Libertad Digital. 1-04-2008
La autora de Archipiélago Orwell ve en Educación Para la Ciudadanía el corolario natural del intento de manipulación de los adolescentes por lo que esta profesora y escritora llama las "clientelas de la utopía": profesores, burócratas y políticos de la Educación que intentan imponer su radical visión del mundo y son retribuidos por ello por los contribuyentes.
El tema de la manipulación ideológica y moral de los escolares es objeto de su último libro, Las clientelas de la utopía.
Por "clientelas", Mercedes Rosúa entiende a una casta de profesores y administradores de la Educación que usan su poder para imprimir consignas en los chicos, trasladándoles sus visiones utópicas y revolucionarias de la sociedad.
Estas clientelas tienen la particularidad de que, por primera vez en la historia, obligan al contribuyente a pagarles sus utopías.
Antes, los utopistas iban y formaban una comuna, y si les iba mal, pues allá ellos. Ahora, son los contribuyentes los que les pagan por imponer sus consignas a los chicos. Rosúa es autora de Archipiélago Orwell, una obra de referencia en la corriente de crítica de la Logse y del experimentalismo pedagógico progresista.
Para esta autora, catedrática de Lengua y Literatura de Instituto, viajera y cronista de viajes, la derogación inmediata de la Ley de Calidad de la Enseñanza cuando el PSOE ganó las elecciones de 2004, y su sustitución por la LOE (Ley Orgánica de la Educación) vigente es una decisión directamente conectada al clima de manipulación intensiva que las "clientelas" de la izquierda cultural impusieron a la sociedad española, y en particular a los escolares, en los años inmediatamente anteriores.
Mientras duraron las campañas contra el Gobierno de Aznar por la Guerra de Irak y por el Prestige, se sacaba a los chicos al patio a protestar, se llamaba asesino al presidente del Gobierno, los profesores iban a clase con camisetas con consignas políticas, cosa que yo no me atrevería jamás, porque es una violación moral en la que estás abusando de tu puesto sobre el chico.
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EN TAN SÓLO SIETE MESES
Ocho comunidades autónomas suman cientos de recursos judiciales contra EpC
Libertad Digital. 26-03-2008
A las más de 27.000 objeciones de conciencia a Educación para la Ciudadanía presentadas en toda España hay que sumar decenas de recursos judiciales contra la polémica asignatura. Fue implantada hace siete meses en algunas comunidades autónomas, las gobernadas por el PSOE con excepción de Castilla-La Mancha y añadiendo Navarra y ya en ocho de las autonomías se han presentado cientos de recursos judiciales que se irán resolviendo poco a poco. Madrid y Murcia ya admiten las objeciones y la Justicia andaluza permitió en una sentencia que los alumnos no recibieran dicha asignatura. Para Profesionales por la Ética, "el calvario judicial de EpC no ha hecho más que empezar".
Para José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, "el calvario judicial de EPC no ha hecho más que empezar". Por ello, aseguró que "los recursos que la Fiscalía o la Abogacía del Estado tengan a bien presentar en el Tribunal Supremo no empañarán en ningún caso el valor jurídico de las resoluciones favorables a la objeción de conciencia frente a EPC. Esperemos que el máximo órgano judicial entienda que la libertad, o se tutela en el caso concreto, o se trata simplemente de un vacío nombre que puede servir de cheque en blanco para el poder arbitrario. Si la imparcialidad judicial triunfa en España, Educación para la Ciudadanía caerá. Si no, siempre nos quedará Estrasburgo".
En este sentido, la mayor parte de los recursos presentados se han llevado a cabo por padres a título individual o asociadamente. Para ello han presentado dichas quejas contra la denegación de la objeción de conciencia y contra los decretos autonómicos que desarrollan Educación para la Ciudadanía. Un total de ocho comunidades han presentado recursos contra la asignatura.
La plataforma Profesionales por la Ética ha subrayado que en Andalucía hay presentados 28 procesos judiciales contra la denegación de la objeción de la conciencia y 9 recursos contra el currículo autonómico de la asignatura. Por el momento están pendientes de dictarse dos nuevas sentencias. Una de ellas resolverá sobre los recursos contra la denegación de la objeción de conciencia; otra, sobre los recursos interpuestos contra el currículo que desarrolla la asignatura en la comunidad andaluza.
Por su parte, en Aragón se han dictado dos sentencias hasta el momento. Ambas aseguran que "no se puede constatar la existencia de vulneración del derecho a la objeción" invocado en los recursos. Según Profesionales por la Ética, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón "se inhibió tras haber resuelto el director de un IES en lugar de la consejería". Por este motivo, los padres recurrirán las sentencias. Además, se presentarán en breve al menos cinco recursos más por denegación del derecho a la objeción en Aragón. En Cataluña todavía no se han resuelto los procesos judiciales presentados. Hay un recurso Contencioso-Administrativo ordinario interpuesto por e-Cristians, Juristes Cristians de Catalunya, la Fundación Abat Oliba y Manel Silva, al que se han adherido unos 1500 padres y madres.
Además, hay cuatro recursos contra actos denegatorios de objeción y otros cuatro recursos interpuestos por ocho padres, también contra actos denegatorios de objeción. En Asturias, el Tribunal Superior de Justicia ha dictado 23 sentencias de la cuáles 8 ya han sido recurridas ante el Tribunal Supremo. El resto está pendiente de ser recurrida. Otros 4 recursos (2 ordinarios y 2 especiales) están pendientes de sentencia. padres. Y en Navarra La Plataforma Navarra Educa en Libertad presentó hace dos semanas un recurso contencioso por el procedimiento especial de Derechos Fundamentales en nombre de varias decenas de padres, ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
En el País Vasco se presentaron también otro recurso firmado por 341 padres guipuzcoanos y otro contra el Decreto Vasco de Educación Básica realizado por otros catorce padres. Finalmente, en Cantabria y Extremadura se interpondrán en breve recursos contenciosos, por denegación (expresa o por silencio administrativo negativo) del derecho a la objeción.