Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo del 8 de diciembre de 2000
«El Partido Popular y el Partido Socialista
Obrero Español, decididos a reforzar su unidad para hacer
plenamente efectivas las libertades y acabar con el
terrorismo, entienden que es su responsabilidad ante la
sociedad española adoptar el siguiente Acuerdo:
El retorno de ETA a la violencia terrorista, tras el cese
temporal anunciado en Septiembre de 1998, ha puesto
dramáticamente en evidencia la situación en el País Vasco. Con
ello, ha quedado también de manifiesto el fracaso de la
estrategia promovida por el PNV y por EA, que abandonaron el
Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un
precio político al abandono de la violencia. Ese precio
consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar
a la independencia del País Vasco.
La estrategia de ETA no puede ser más evidente: tratan de
generalizar el miedo para conseguir que los ciudadanos y las
instituciones desistan de sus principios, ideas y derechos y así
alcanzar sus objetivos que, por minoritarios, excluyentes y
xenófobos, no lograrían abrirse camino jamás con las reglas de
la democracia.
El abandono definitivo, mediante ruptura formal, del Pacto de
Estella y de los organismos creados por éste, por parte de ambos
partidos, PNV y EA, constituye una condición evidente y
necesaria para la reincorporación de estas fuerzas políticas al
marco de unidad de los partidos democráticos para combatir el
terrorismo. La recuperación plena de esa unidad para luchar
contra el terrorismo debe llevarse a cabo en torno a la
Constitución y el Estatuto de Guernica, espacio de encuentro de
la gran mayoría de los ciudadanos vascos.
Asimismo, la ruptura del Pacto de Estella y el abandono de sus
organismos constituye, para el Partido Popular y el Partido
Socialista, un requisito imprescindible para alcanzar cualquier
acuerdo político o pacto institucional con el Partido
Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna.
Desde el acuerdo en el diagnóstico y en las consecuencias
políticas que del mismo se derivan, el Partido Popular y el
Partido Socialista Obrero Español queremos hacer explícita,
ante el pueblo español, nuestra firme resolución de derrotar la
estrategia terrorista, utilizando para ello todos los medios que
el Estado de Derecho pone a nuestra disposición.
Queremos, también, reforzar nuestra unidad para defender el
derecho de los vascos, el de todos los españoles, a vivir en paz
y en libertad en cualquier lugar de nuestro país.
ACUERDO
1. El terrorismo es un problema de Estado. Al
Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista,
pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos
los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o en
la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de eliminar
del ámbito de la legítima confrontación política o electoral
entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el
terrorismo.
2. La violencia es moralmente aborrecible y
radicalmente incompatible con el ejercicio de la acción
política democrática. Quienes la practican, quienes atentan
contra la vida de aquellos que no piensan como ellos sólo
merecen la condena y el desprecio de los partidos políticos
democráticos y del conjunto de la sociedad. No existe ningún
objetivo político que pueda reclamarse legítimamente en
democracia mediante coacciones o asesinatos. El único déficit
democrático que sufre la sociedad vasca, el verdadero conflicto,
es que aquellos que no creen en la democracia ejercen la
violencia terrorista para imponer sus objetivos a la mayoría.
Por ello, el PP y el PSOE nos comprometemos a trabajar para que
desaparezca cualquier intento de legitimación política directa
o indirecta, de la violencia. Por eso, también, afirmamos
públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en
ningún caso, ventaja o rédito político alguno.
3. Durante más de dos décadas de democracia,
el pueblo vasco ha desarrollado su capacidad de autogobierno en
el marco de la Constitución y del Estatuto de Guernica. Ese
marco ha permitido la expresión política, cultural y social de
la pluralidad que alberga la sociedad vasca. Cualquier
discrepancia política existente entre vascos puede y debe
plantearse en ese marco institucional. Cualquier proyecto
político, incluso aquellos que pretenden revisar el propio marco
institucional, debe respetar las reglas y los
procedimientos en él establecidos. El diálogo propio de una
sociedad democrática debe producirse entre los representantes
legítimos de los ciudadanos, en el marco y con las reglas
previstas en nuestra Constitución y Estatuto y, desde luego, sin
la presión de la violencia. La paz, la convivencia libre y el
respeto a los derechos humanos son valores no negociables.
4. La defensa de los derechos humanos y de las
libertades públicas corresponde, en primer lugar al conjunto de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil,
Cuerpo Nacional de Policía y, en su ámbito, la Ertzaintza. De
su capacidad y eficacia depende que se erradique en el País
Vasco y en el resto de España la violencia, las amenazas y los
chantajes de los terroristas y de quienes los sostienen. Por ello,
reiteramos nuestra confianza en su trabajo y apoyaremos su
dotación adecuada de medios humanos y materiales para
desarrollar la labor que tienen encomendada. Es una confianza, un
apoyo y un compromiso que queremos hacer extensivo a Jueces y
Fiscales, a todos los que trabajan al servicio de la Justicia
para asegurar nuestra convivencia libre y pacífica.
5. Los delitos de las organizaciones terroristas
son particularmente graves y reprobables porque pretenden
subvertir el orden democrático y extender el temor entre todos
los ciudadanos. Nuestro sistema penal ofrece una respuesta
jurídica adecuada para reprimir esos delitos. No obstante, si
nuevas formas delictivas o actitudes y comportamientos que
constituyeran objetivamente colaboración o incitación al
terrorismo exigiesen reformas legales, nos comprometemos a
impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo.
La política penitenciaria forma parte de la estrategia de
persecución contra las bandas terroristas y, por tanto, se
sitúa en el marco de acuerdo entre ambos partidos y con el
Gobierno. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la
legislación penitenciaria ha de aplicarse asegurando el más
completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas.
La política penitenciaria contemplará las formas de
reinserción de aquellos que abandonen la organización
terrorista y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y
voluntad de resocialización tal y como establece nuestra
Constitución.
6. La experiencia de las actuaciones policiales
ha puesto de manifiesto reiteradamente la importancia que tiene
la cooperación internacional para la lucha antiterrorista. Los
partidos firmantes del presente Acuerdo nos comprometemos a
trabajar para reforzar nuevas iniciativas de cooperación,
singularmente con Francia y en el marco de la Unión Europea. A
tal efecto, ambos partidos creemos necesario mantener una
actividad informativa permanente, a escala internacional, en el
ámbito de las instituciones y de las organizaciones políticas y
ciudadanas.
7. Las víctimas del terrorismo constituyen
nuestra principal preocupación. Son ellas quienes más
directamente han sufrido las consecuencias del fanatismo y de la
intolerancia. Sabemos que la democracia nunca podrá devolverles
lo que han perdido, pero estamos dispuestos a que reciban el
reconocimiento y la atención de la sociedad española. La
Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo ha
sido una expresión unánime y cualificada de su reconocimiento
moral y material. Pero nuestras obligaciones no han terminado.
Debemos esforzarnos por preservar su memoria, por establecer un
sistema de atención cotidiana y permanente. Su colaboración con
la sociedad española en la batalla contra el terrorismo sigue
siendo necesaria ya que nadie mejor que las víctimas para
defender los valores de convivencia y respeto mutuo que quieren
destruir aquellos que les han infligido tal sufrimiento.
Para promover esa colaboración, ambos partidos nos comprometemos
a impulsar, junto con las asociaciones de víctimas, la creación
de una Fundación en la que estén representadas dichas
asociaciones que coordinará sus actividades con las fundaciones
ya existentes.
8. Pero la definitiva erradicación de
la violencia terrorista en España no es una tarea
exclusiva de los partidos políticos democráticos. Exige el
compromiso activo de todos, instituciones, gobiernos y ciudadanos
en la afirmación constante de los valores cívicos y
democráticos. PP y PSOE reafirman su determinación de impulsar
y apoyar la movilización de los ciudadanos en contra de la
violencia terrorista y en repudio de los asesinos. Ambos partidos
expresan su apoyo a los medios de comunicación y a los
profesionales que en ellos trabajan y subrayan la importancia de
su función para transmitir los valores que garantizan la
convivencia entre los españoles y que aparecen recogidos en
nuestra Constitución.
La libertad de expresión y el pluralismo informativo constituyen
un patrimonio democrático esencial frente a la coacción, la
amenaza y la imposición del silencio buscada por los asesinos y
sus cómplices. En este Acuerdo, queremos dirigir un llamamiento
especialmente a los jóvenes. Son ellos los que deben
protagonizar, de una forma singular, la rebelión contra la
violencia. Es a ellos a quienes corresponde principalmente
extender la ética de los valores democráticos y de la
convivencia. ETA debe perder toda esperanza. Y esa esperanza la
perderá con la respuesta firme unida y democrática de los
ciudadanos vascos y del conjunto de los españoles a cada una de
sus vilezas.
Nuestro compromiso es poner en España y singularmente en el
País Vasco, toda nuestra energía de partidos democráticos para
conseguir un gran impulso cívico al servicio de la salvaguarda
de las libertades y de los derechos de todos los ciudadanos. Este
no es un compromiso coyuntural. Queremos dar a nuestro acuerdo
eficacia de presente y proyección en el futuro. Para ello
trabajaremos conjuntamente para que los valores y principios
plasmados en este acuerdo alcancen el máximo apoyo social y de
las instituciones, en las que ambos partidos nos comprometemos a
defenderlos.
9. El objetivo de este acuerdo, impulsar
conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo,
exige una colaboración permanente entre el Partido Popular y el
Partido Socialista Obrero Español, que implica el intercambio de
información, la actuación concertada en los ámbitos recogidos
en el presente Acuerdo -reformas legislativas, política
penitenciaria, cooperación internacional, movilización
ciudadana e instituciones- y la búsqueda de posiciones conjuntas
ante todos los acontecimientos que afecten a la política
antiterrorista. A tal fin, se creará una comisión de
seguimiento que se reunirá periódicamente y en la que se
integrarán representantes de ambas fuerzas políticas y, con el
acuerdo del Gobierno, representantes de éste.
10. Con la firma del presente acuerdo PP y PSOE
queremos ratificar públicamente nuestro compromiso firme de
trabajo en común, para la defensa del derecho a la vida
y a la libertad de todos los ciudadanos españoles.
Ambas formaciones políticas coincidimos en los principios que
deben inspirar la lucha antiterrorista y, en los términos aquí
recogidos, en la política que debe desarrollarse.
Queremos, finalmente, convocar a las demás fuerzas democráticas
a compartir estos principios y esta política, convencidos como
estamos de que son un cauce adecuado para expresar su voluntad de
colaboración en el objetivo de erradicar la lacra del
terrorismo».
En Madrid, a ocho de diciembre de 2000