La nueva España 1996-2006
por Alberto Recarte
LIBERTAD DIGITAL 7.09.2006 -
El trabajo completo consta de los siguientes capítulos:
I. Un país sin fronteras (7.09.2006)
1. Introducción
Este pequeño ensayo pretende ayudar a entender cómo es la España actual, de más de 44 millones de habitantes. Desde un punto de vista económico es muy diferente un país con 39,6 millones de habitantes (de los cuales sólo 140.000 eran extranjeros) y 12,5 millones de ocupados, como era la España de 1996, a otra de 44 millones y casi 20 millones de empleos. Nuestra economía se ha transformado, no cualitativamente, pero sí cuantitativamente. En los últimos diez años hemos pasado de tener un PIB de 464.000 millones de euros en 1996 a otro de 972.000 millones de euros en 2006. Ello ha sido posible por un conjunto de decisiones y acontecimientos políticos y económicos, por la incorporación de la mujer española al mercado de trabajo y por la contratación de mano de obra inmigrante. Nuestro acercamiento a la Europa más desarrollada en términos de renta per cápita no debe hacer olvidar que nuestra economía es muy diferente de la de esos países, entre otras razones porque es ahora cuando se ha producido en España el fenómeno del crecimiento del empleo, que en la Europa más desarrollada ocurrió en los años sesenta.
Este análisis no habría sido posible sin el trabajo del economista del Estado Alberto Nadal titulado "Efectos económicos de la inmigración en España". En concreto, las cifras referentes a los inmigrantes, a su evolución y todos los datos que reproduzco en mi análisis sobre el fenómeno inmigratorio han sido elaborados por Alberto Nadal. También son fruto de su trabajo los cálculos sobre ingresos y gastos públicos, en concreto los cuantificables, así como las proyecciones y la valoración sobre lo que aportan al PIB.
2. España: un país sin fronteras
España no es dueña de sus fronteras. Por diversas razones: desde las históricas, que explican que alrededor del 40% de los más de 4 millones de inmigrantes llegados a España en los últimos años sean latinoamericanos; hasta las legales, pues España es un país muy garantista y permisivo, como ocurre tantas veces con los países que acceden a la democracia tras largos años de dictadura; hasta el funcionamiento de la justicia, que, en temas de derechos personales, extrema interpretaciones que son completamente ilegales; hasta la propia intervención de las administraciones públicas, desnortadas por un permanente conflicto de competencias entre la administración central, la autonómica y la local, y que en el tema concreto de la inmigración tienen intereses muchas veces contrapuestos, pues los ingresos fiscales de las administraciones locales y autonómicas están ligados al número de habitantes, lo que, en teoría, convierte a éstas en potenciadoras del crecimiento de la población censal por cualquier medio.
Por su parte, en la administración central se produce un conflicto permanente entre el Ministerio del Interior, desbordado por la presencia de delincuentes organizados entre los inmigrantes, y la seguridad social, que pretende cobrar el máximo posible, en concepto de cotizaciones sociales, de los trabajadores inmigrantes, y a quien apoya tradicionalmente el Ministerio de Economía, interesado en fomentar, por motivos electorales, el crecimiento económico a corto plazo.
Finalmente, las políticas electorales, tanto entre partidos como entre políticos del mismo partido, pueden ser diferentes porque los ingresos y los gastos públicos, y por tanto el resultado de la gestión presupuestaria, ligados a la inmigración difieren, según el ámbito nacional, autonómico o local.
El resultado final es que nuestras fronteras están permanentemente abiertas. Y que seguirán llegando inmigrantes por dos vías: en primer lugar, siempre que haya demanda de trabajo y, en segundo lugar, en la medida en que los inmigrantes legalizados se integren en la vida económica española y en el estado de bienestar, llegarán millones de personas que se acogerán a la inserción familiar. En este aspecto, España es, nuevamente, un país con leyes muy permisivas.
3. España: un país sin estadísticas fiables
Si unimos a la inmigración el efecto de la globalización y la integración en el euro, nos encontramos con un país que desafía los análisis económicos –que se hacen mejor sobre la base de parámetros estables–, pues el descontrol sobre la población, sobre las relaciones exteriores y el desconocimiento de nuestra base monetaria, se traducen en la incapacidad del sistema para recoger los datos necesarios y en un correspondiente desorden estadístico, lo que dificulta la explicación del presente y las proyecciones a futuro. La última prueba de lo que digo la acaba de dar una vez más el Instituto Nacional de Estadística, que ha vuelto a revisar, al alza, el PIB de los últimos años. Por ello creo positivo recapitular sobre cómo es, hoy, la economía española, tras más de doce años de crecimiento ininterrumpido, acompañados de un aumento sustancial de la población.
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II. Nuestra economía (7.09.2006)
4. España: un país próspero, pero en otra fase de desarrollo que los de la Europa central.
No es posible, a pesar del nivel de renta, considerar a la economía española como una economía que ha convergido con las europeas más desarrolladas. Los problemas de esas economías son los excesos del estado de bienestar, la rigidez, el proteccionismo sobre algunas actividades, el intervencionismo público y el peso sindical. Son, por otra parte, modernas, con altísima capacidad tecnológica y de investigación y un enorme capital, humano y físico, acumulado en el pasado.
Nuestra economía, por su parte, se ha especializado en esta fase de desarrollo sin buscarlo expresamente en la creación de puestos de trabajo de calidad media y baja, que se están cubriendo, en gran parte, con mano de obra inmigrante. Sin embargo, o por eso precisamente, nuestro crecimiento se mantiene por encima del 3%, mientras Europa central apenas crece y apenas crea empleo. Nuestro ciclo de crecimiento no es un milagro. Tiene causas objetivas: bajos tipos de interés, facilidades crediticias, fortaleza de las empresas asentadas y con poder en los diferentes mercados, reformas, rebajas de impuestos, privatizaciones y bajo gasto público. El crecimiento de la demanda interna, impulsado tanto por las compras de los españoles de origen como por los de ese nuevo grupo de al menos cuatro millones de personas inmigrantes, que necesitan absolutamente de todo, explica gran parte de nuestro crecimiento. La propia actividad de esos nuevos habitantes ha sido posible porque en España, tras el saneamiento económico y financiero a que obligaron las crisis del 76 al 85 y del 90 al 93, había empresas solventes y modernas capaces de crear empleo y porque el sistema financiero tenía solvencia para financiar las compras de viviendas, automóviles y enseres. El ahorro interno ha sido insuficiente para atender simultáneamente el gasto en consumo y las inversiones necesarias para atender el aumento de la demanda de la población autónoma y de la inmigración. Recuérdese que la población, en conjunto, ha crecido más del 11% en los últimos diez años. Ahí se origina, además de en la pérdida de competitividad, nuestro enorme déficit de balanza por cuenta corriente y de capital.
5. España: crecimiento cuantitativo. Incorporación de la mujer e inmigración
El crecimiento del PIB anual acumulativo de estos años, alrededor del 3% y del 3,5% en 2005 y 2006, refleja un aumento de la población ocupada casi del mismo porte. No hay pues, mejora sustancial en la productividad del sistema. Sí la hay en nuestra capacidad para integrar, financiar y dar confianza a ese grupo de nuevos residentes que, en parte y con el tiempo, serán tan españoles como el resto.
El otro factor que explica nuestro modelo de desarrollo es la incorporación definitiva de la mujer española al mercado de trabajo. De los casi 8 millones de personas que han logrado un puesto de trabajo en los últimos 12 años, más de 4 millones son mujeres, de nacionalidad española en su mayoría. La tasa de actividad de las mujeres ha pasado del 35% en 1993 al 47,9% en 2006, mientras la de los hombres crecía, pero sólo del 64% al 69% en ese mismo periodo. Ese factor ha impulsado el pequeño crecimiento de la productividad de la economía española. Una incorporación hecha posible por la propia inmigración, por la acumulación de riqueza financiera en manos de las familias españolas, por el cambio de costumbres que se reflejan en la menor natalidad y el menor índice de nupcialidad, por la posibilidad de trabajar a tiempo parcial y con contratos temporales y por el aumento sustancial del nivel educativo, cultural y formativo de las mujeres españolas. Esa incorporación masiva de las mujeres al empleo asalariado nos acerca a la Europa desarrollada. Pero, en su caso, esa integración de la mujer se produjo hace varios decenios, concretamente a finales de los años cincuenta y primeros de los sesenta, mientras el grueso de su inmigración tuvo lugar en el ciclo alcista de los sesenta y primera parte de los setenta del pasado siglo.
Esa enorme masa de nuevos empleos, apoyada en mujeres sin trabajo ni experiencia laboral previa y en inmigrantes de cualificación media, algo inferior a la de los propios trabajadores españoles, define un tipo de desarrollo en un momento histórico determinado. Lo mejor de este periodo es cuantitativo: millones de personas que han logrado vivir con dignidad de su trabajo además de formarse profesionalmente y de disfrutar, en muchos casos, de capacidad de ahorro e inversión.
6. España: un país con poca productividad
Esa dinámica de crecimiento cuantitativo y de escaso crecimiento de la productividad no es ni negativa ni positiva; es, dado el retraso histórico con el que se produce la apertura de la economía española al exterior, el que tenía más posibilidades de ocurrir en ausencia de una política económica más reformista y liberal. En esta fase de crecimiento, nuestro PIB ha pasado de 464.000 millones de euros en 1996 a 972.000 millones en 2006.
Teniendo en cuenta estos factores es muy difícil que en España, en estos momentos, pueda tener éxito una política de crecimiento de la productividad. El elemento desencadenador de esa posible transformación cualitativa, en todo caso, no está en la financiación pública de I+D, ni en el I+D que puedan hacer las propias empresas españolas, demasiado pequeñas para poder dedicar recursos humanos, siempre caros, a esas actividades. No hay que cejar ni un momento en intentarlo, pero para tener éxito son necesarias otras políticas. Reducción de impuestos, para animar al abandono de la economía sumergida, para incentivar la inversión personal y empresarial. Una política de despido con coste limitado, lo que se traduciría en estabilidad en el empleo. Deducciones fiscales intensas para la inversión en todo tipo de bienes de equipo y servicios que supongan una mejora en la gestión de las empresas. Mejoría de nuestras infraestructuras, para abaratar costes de transporte y conseguir mayor competencia entre empresas, lo que se traduciría en precios más bajos para muchos bienes y servicios. Mejoras en el sistema educativo, tanto en la primaria y secundaria como, llamativamente, en la enseñanza superior, que se ha convertido en un monopolio protegido para la explotación y beneficio de profesores y trabajadores de la enseñanza, sin posibilidad de competencia ni incentivos a la mejora en la calidad de la educación.
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III. A la espera de reformas (10.09.2006)
7. España: un país a la espera de reformas
El que se produzcan o no esas reformas, tradicionalmente denominadas estructurales, cuya necesidad será evidente en el momento en que nuestro actual modelo de desarrollo económico cuantitativo se estanque, determinarán que el actual ciclo alcista termine en un caos, con millones de parados, muchos inmigrantes sin apoyos familiares, y un gasto social desbordado o que se puedan transformar muchos empleos, en concreto los ligados a la construcción, en puestos de trabajo de una economía más centrada en servicios turísticos y la producción de bienes y servicios en los que podamos ser competitivos.
Por nuestra experiencia política, desde los últimos lustros del franquismo, antes de la implantación de la democracia, sabemos que las reformas que estimulan el crecimiento cualitativo sólo se implantan cuando hay incentivos políticos suficientes. El principal incentivo es el temor al comportamiento electoral de una población insatisfecha, desengañada, con una proporción significativa de parados. Ese incentivo político no existe en España en este momento con un desempleo del 8,5% de la población activa y el pleno empleo, de hecho, en muchas autonomías. Podemos hacer listas de los problemas ligados sobre todo a la pérdida de competitividad, que desembocarán en dificultades económicas y en desempleo. Pero esa lista de potenciales debilidades no es un incentivo suficiente para una clase política no muy diferente de la del resto de países democráticos, que se mueve en el día a día. Las reformas suscitan una reacción negativa de importantísimos grupos de presión, como son la mayoría de los medios de comunicación, los sindicatos, el resto de los partidos, la propia Iglesia Católica, por supuesto los ecologistas, y grupos poderosos de empresarios acomodados. Por el temor a la posible reacción negativa de esos grupos de presión y a sus también posibles efectos electorales, las reformas se retrasan, por más que sean perentorias. Las reformas de 1992 y las que emprendió el PP desde 1996 sólo se pudieron llevar a cabo porque la crisis del periodo 90/92, que llevó el desempleo a más del 24% de la población activa, acompañado de una corrupción sin límites, silenció a los sindicatos y a la izquierda política.
8. España: un país fuerte, con graves desequilibrios
No es una casualidad que el aumento de la población activa se traduzca en crecimiento económico. El caso de España no es excepcional. Hay países, como Australia, la propia China y Estados Unidos, éste con un pequeño parón en 2000, que llevan creciendo tanto tiempo como nosotros. En los cuatro casos la inmigración ha impulsado el crecimiento al aumentar la oferta de mano de obra; en el caso de China por la huída del campo a la ciudad. Al margen, por supuesto, de las diferencias sustanciales en otras políticas, que hacen que Estados Unidos sea el país del mundo donde más crece la productividad. En todos esos países se ha registrado una política monetaria muy permisiva, que ha provocado, como efecto más llamativo, la subida del precio de la mayoría de los activos, una subida que en todas partes ha encarecido la vivienda. La diferencia entre España y esos tres países es que nosotros no tenemos política monetaria. En esos tres casos se está intentando controlar los precios, la inflación y el propio ciclo con subidas de tipos de interés; China los está subiendo y en Estados Unidos la subida de tipos probablemente ya ha producido efectos en el crecimiento. En cambio, en España estamos inermes al ser parte del euro ante el continuado y brutal aumento de la masa monetaria en circulación. Nuestro ciclo continuará más que el de los demás, con la excepción de China, hasta que la pérdida de competitividad dificulte nuestra financiación externa y frene la demanda interna.
En otro artículo ("Fuerte, pero frágil"), he dado mi opinión sobre la salud de la economía española, sobre los riesgos, los desequilibrios y el final de la parte expansiva del actual ciclo: lo que sí es evidente es que sin la oferta de mano de obra que significa la inmigración sería muy difícil seguir creciendo, pues las tensiones de un exceso de demanda, ahora sobre los salarios, serían más fuertes, lo que se traduciría en una mayor subida de precios y una mayor pérdida de competitividad internacional, lo que aceleraría el final de la parte expansiva del actual ciclo.
En esta etapa de fuerte desarrollo cuantitativo nos hemos referido a la inmigración como una de las bases que lo han permitido. Son muchas las voces que se pronuncian sobre su bondad o sobre los aspectos negativos que acarrea. Por eso creo que merece la pena hacer un análisis más detallado de las consecuencias económicas y políticas de la misma, desgranando y distinguiendo sus efectos generales positivos y negativos.
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IV.Nuestra inmigración: ¿qué inmigrantes tenemos? (12.09.2006)
9. Los datos de la inmigración a finales de 2005
Creo que antes de adentrarnos en el análisis de la inmigración, merece la pena conocer los datos oficiales sobre este fenómeno que, como he indicado en la introducción, han sido elaborados por Alberto Nadal.
Es un dato que no parece relevante, pero la experiencia de países con población musulmana, ya sean magrebíes, pakistaníes o palestinos, es que el actual proceso de radicalización islamista que afecta a los que tiene esa fe se traduce en que la segunda y la tercera generación están menos integradas y son más radicales que la primera. Esas 800.000 ó 900.000 personas, en el caso de España, son muchas, pero son menos cuantitativa y proporcionalmente, y tienen menor peso que en los principales países europeos receptores de inmigración, ya sea Francia, Reino Unido, Alemania o la propia Holanda y los países nórdicos.
| Número total de inmigrantes ocupados | Porcentaje sobre el total de ocupados del sector | |
|---|---|---|
| Sector agrícola | 161.500 | 17% |
| Sector construcción | 463.000 | 20% |
| Sector industrial | 255.000 | 8% |
| Sector servicios | 1.166.000 | 10% |
En el caso de la agricultura merece la pena destacar no sólo que significan el 17% del total del empleo, sino que en el periodo 1996-2005 el sector agrario redujo el empleo total en 123.000 personas. Sin la llegada de inmigrantes habría sido imposible mantener la actividad. Y algo parecido puede decirse del sector de la construcción, donde el 20% es de origen extranjero.
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V. Aspectos positivos de la inmigración (15.09.2006)
10. Los aspectos positivos de la inmigración
He procurado sistematizar en las siete secciones que integran este apartado las principales razones que explican todo lo positivo de la inmigración, desde su contribución al crecimiento global de la economía al aumento de la recaudación fiscal. No son argumentos definitivos ni tienen todos el mismo peso ni son incontrovertibles, pero creo que recogen las valoraciones positivas que todos hemos hecho en un momento u otro.
La inmigración también provoca problemas, pero esos aspectos los dejamos para el siguiente apartado.
Un dato fundamental, pues se trata de un grupo de población mejor preparado, en promedio, que el de los hombres. Esa incorporación explica, en mi opinión, todo el aumento de productividad de la economía española en estos años, por más que haya sido muy bajo.
Igualmente significativa es la presencia de inmigrantes en el sector de la construcción donde, legalmente, son el 20% de un total que sigue creciendo y hoy ocupa a 2,5 millones de personas. Y probablemente son muchos más. Y se trata del sector que más ha crecido en estos últimos años. Sin inmigrantes no habría sido posible iniciar, como en 2006, la construcción de cerca de 800.000 viviendas y seguir acometiendo un importantísimo conjunto de obras públicas y civiles.
España puede jactarse de haber dado empleo a alrededor de 4 millones de extranjeros, a los que se ha acogido y dado servicios médicos, educación, gratuitos, y ha permitido e incentivado el acceso a la propiedad privada. Esos inmigrantes, por otra parte, hacen transferencias al exterior, a sus familias, de parte de sus ingresos. En 2005 sumaron 3.800 millones de euros. Los inmigrantes son los auténticos agentes del desarrollo de sus países de origen. El total de las rentas de su trabajo, los 2,2 millones que trabajan oficialmente, y el resto que lo hace ilegalmente, probablemente alcanza los 30.000 millones de euros anuales, algo menos del 3% del PIB, una cifra que es, por ejemplo, el 50% del total de la inversión extranjera directa en China, y que ha supuesto un factor clave durante muchos años para el desarrollo de ese país.
El conjunto de los ingresos fiscales adicionales recibidos por las administraciones públicas por la presencia de inmigrantes podría suponer, por tanto, al menos la parte más cuantificable, del orden de 11.000 a 12.000 millones de euros anuales.
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VI. Consecuencias negativas de la inmigración (17.09.2006)
11. Las consecuencias negativas de la inmigración
En los párrafos que siguen, en otras siete secciones diferentes, he procurado sistematizar los aspectos negativos de una inmigración del tamaño e imprevisibilidad como la que nos afecta.
Dentro de lo que cabe, lo más sencillo es explicar el aumento del gasto público, que distorsiona las cuentas de las autonomías y corporaciones locales, y lo más difícil acertar con el grado de importancia de los otros fenómenos que, en el caso español, están acompañando a este proceso, como la presencia de mafias, que intervienen ya en la propia organización de la inmigración, y su posible efecto corruptor en un sistema político no preparado, ni legal ni prácticamente, para enfrentarse a ese tipo de problemas.
En estos últimos meses, por otra parte, estamos asistiendo a un nuevo fenómeno, la llegada a Canarias de miles de subsaharianos, atraídos por la política de "papeles para todos" de este gobierno. Hasta ahora, y a pesar de su dramatismo y espectacularidad, las pateras y los cayucos eran desde un punto de vista cuantitativo anécdotas en un mar de inmigrantes. Están dejando de serlo y son ya un problema de magnitud equivalente al que tuvo que enfrentarse Estados Unidos con la llegada de todo tipo de embarcaciones procedentes de todo el Caribe, y que les obligó a modificar las leyes de acogida. Un cambio político que el actual gobierno, populista y demagogo, no se atreverá a afrontar.
El total, por tanto, directamente cuantificable, del incremento de gastopúblico provocado por los inmigrantes, asciende a un mínimo de 6.000 millones de euros.
El incremento de población que suponen los inmigrantes está obligando a hacer inversiones extraordinarias en todo tipo de infraestructuras: carreteras, conducciones de agua, urbanización de nuevos centros de población, construcción de colegios, hospitales y centros de salud, de comisarías, juzgados y prisiones. Las necesidades de una población de 44 millones de personas obligan a invertir masivamente en todo tipo de infraestructuras. ¿Cuánto supone esa nueva inversión? No dispongo de ningún dato solvente que pueda aproximar la cifra.
Al margen de las infraestructuras, los gastos anuales derivados de las mayores necesidades en salarios y otros gastos consuntivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, juzgados y prisiones es relevante, aunque difícil de calcular. Por más que, por ejemplo, cerca del 40% de todos los presos que cumplen condena en cárceles españolas (en total, alrededor de 80.000 personas) sean extranjeros.
Otro dato relevante es el gasto en el que incurren los ayuntamientos, con presencia significativa de inmigrantes, por la prestación de todo tipo de servicios sociales y por ayuda para la vivienda de los menos favorecidos que, en muchas ocasiones, también son inmigrantes.
He señalado anteriormente que la presencia de inmigrantes en la mano de obra introduce flexibilidad en la economía española. Pero también es cierto que la continua presencia de cientos de miles de ilegales, animados por los sucesivos procesos de regularización del PP y del PSOE (el último, el más escandaloso, el correspondiente a 2005, que ha supuesto un sonoro efecto llamada), obliga a operar a trabajadores y empresas con dinero negro en muchas ocasiones.
El dinero negro distorsiona el cálculo económico y significa competencia desleal para todos los que cumplen estrictamente con la legislación. Es difícil valorar cuánto de la economía sumergida está provocada por los inmigrantes ilegales y sus empleadores y cuánto por el comercio de drogas, la multiplicación de robos y hurtos y por los todavía muy altos impuestos. Tenemos datos que indican que es un fenómeno importante y descontrolado; uno de ellos es la enorme cantidad de billetes de 500 euros en circulación en España, una acumulación que ha llamado la atención al propio Banco Central Europeo.
Bastaría con que el 1% de los inmigrantes fueran delincuentes para que tuviéramos un problema de orden público de gran magnitud. Problema que sí tenemos. Un 1% de 4.000.000 personas son 40.000 personas. En la cárcel hay más de 30.000 extranjeros y son muchos miles más los delincuentes que están en búsqueda y captura, en libertad condicional o en libertad sin cargos, pero delinquiendo.
Los problemas de orden público se pueden convertir en irresolubles si los delincuentes operan a través de mafias, lo que parece está ocurriendo en España. Por la experiencia de otros países, las mafias pueden acabar con cualquier estado de derecho o en transición a una posible democracia; lo hemos visto en Italia, en Rusia y en toda Latinoamérica. Y es evidente que no tenemos ni leyes, ni jueces, dispuestos a luchar contra ese fenómeno. El problema de las mafias es que corrompen a las distintas administraciones públicas y los organismos que las integran.
Es verdad que es más llamativo el problema de asesinatos, robos, con violencia y sin ella, y hurtos, pero el problema es más grave si esa violencia se ejerce a través de mafias, que con enormes cantidades de dinero a su disposición influyen sobre grupos de funcionarios, policías, jueces y políticos. Sin minimizar el coste económico de tener que protegerse contra la violencia. Muchos de los puestos de trabajo que se están creando son absolutamente improductivos, y no me refiero sólo al conjunto de funcionarios ocupados para protegernos a todos, nacionales e inmigrantes honrados, sino a los gastos en seguridad personal y las inversiones en incrementar esa seguridad.
Otro apartado diferente, y que también genera gasto público, que es lo que estamos analizando en esta ocasión, es el de la denominada "violencia de género". Si más de la tercera parte de todas las mujeres asesinadas son inmigrantes, es evidente que se trata de un fenómeno importado con la inmigración, que se suma a la violencia existente en nuestra sociedad antes de la llegada de inmigrantes.
En la experiencia europea, con inmigraciones consolidadas desde hace 40 años, como ocurre en el caso de Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda y países nórdicos, la religión musulmana, en su interpretación más integrista, impide la convivencia a largo plazo y la integración con la población autóctona de las personas con esa religión. El coste de la no integración puede ser brutal, no ya por la violencia terrorista de los radicales islámicos, sino por las inversiones, gastos y reorganización de la vida social a que obliga el fenómeno terrorista. En España, tenemos la experiencia de cómo ETA ha influido y condicionado el desarrollo de muchas instituciones sociales y políticas. Las elevadísimas cifras de radicales islamistas entre la población musulmana, que hemos cifrado en torno a las 800.000 personas, multiplica la gravedad del fenómeno.
En países como Francia la radicalización y el enquistamiento social y político de una enorme masa de inmigrantes se ha traducido en xenofobia, la constitución de partidos de ultraderecha y la desaparición del estado de derecho en las zonas donde se asientan los inmigrantes radicales.
Nuestro sistema de protección social, denominado vulgarmente estado de bienestar, sin ser tan extremo en sus ayudas como los de los países de la Europa continental desarrollada, está pensado para una población determinada, la española, de escaso crecimiento demográfico y con una población activa relativamente reducida.
La llegada masiva de inmigrantes y su incorporación al mercado de trabajo supone ingresos por cotizaciones sociales para la seguridad social y compromisos a muy largo plazo en pensiones. Los posibles problemas son los derivados de la absoluta gratuidad de la educación y sanidad y el acceso generoso a las prestaciones y subsidios de desempleo y a todo tipo de pensiones no contributivas. En caso de una crisis que afectara con especial virulencia al sector de la construcción, por ejemplo, los pagos por desempleo podrían dispararse. Esta es la experiencia, por otra parte, de los países europeos más desarrollados. Sus legislaciones tampoco previeron la integración masiva de inmigrantes. Por presiones políticas y sindicales han sido incapaces de adaptar su legislación a esa nueva realidad y han terminado por tener un problema financiero de primer orden en sus respectivos sistemas de seguridad social.
Ya hemos visto en los datos sobre inmigración que la tasa de actividad de los inmigrantes no europeos es altísima, en torno al 70%. Esa situación puede cambiar en cuanto el fenómeno del reagrupamiento familiar se extienda. Lo lógico es que, si el país de origen es un estado fallido, el cabeza de familia reclame a toda su familia. No sabemos de qué magnitudes estamos hablando. Posiblemente de millones de personas. Directamente no productivas, que tendrán que vivir con los bajos salarios que, en general, logran los inmigrante y a los que habrá que ayudar, de acuerdo con nuestra legislación, con todo tipo de transferencias sociales.
Que yo sepa nadie ha podido calcular ni las posibles personas implicadas ni el coste adicional para las administraciones públicas de integrar a esas familias reconstruidas.
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VII. Conclusiones (19.09.2006)
12. Conclusión provisional sobre costes y beneficios de la inmigración
Sin la llegada masiva de inmigrantes no habríamos podido seguir creciendo a los ritmos a que lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Pero el tipo de crecimiento que tenemos, cuantitativo y de poca productividad, probablemente habría sido diferente y se habrían tomado medidas de reformas para poder dar un salto cualitativo en la composición de nuestro PIB.
Desde un punto de vista de presupuestos públicos, los ingresos directos y cuantitativos superan en este momento a los gastos, también directos y cuantificables, aunque es mucho lo no cuantificable. La tendencia es, sin embargo, a la aparición de un déficit de proporciones relativamente grande. Otro problema adicional, que se presenta en un momento en el que el gobierno de Rodríguez Zapatero está desmantelando la administración central, es que los ingresos derivados de la inmigración se producen en la administración central y los gastos en las autonomías y las corporaciones locales. Un problema de desequilibrio agravado por la utilización de criterios políticos por el gobierno de Rodríguez Zapatero a la hora de reconocer, oficialmente, una u otra población de derecho en una u otra autonomía, en función de su color político.
Dicho lo cual hay que reiterar que no hay forma de opinar, con puros criterios económicos, si un desarrollo que se apoya tanto en la inmigración es positivo o negativo a largo plazo. Mucho dependerá del tiempo que todavía dure la parte expansiva del ciclo, de que se pueda controlar la llegada de inmigrantes para los que claramente no hay demanda de empleo en estos momentos, ni posibilidades de integración, y de que los responsables económicos sean capaces de diseñar y ejecutar un plan de mejora, a largo plazo, de la productividad.
Los problemas políticos son inevitables. No ya porque los inmigrantes voten mayoritariamente a un partido u otro, sino por la posibilidad de que una parte de la inmigración no se integre con la población autóctona y se convierta en foco de actividades delictivas y terroristas y por la falta de preparación de leyes adecuadas para luchar contra la delincuencia organizada.
Hasta la fecha, ni los anteriores gobiernos del PP y mucho menos el actual del PSOE, han sido capaces de reconocer que un aumento tan brusco y grande de la población, obligaba a reordenar el estado, las leyes que afectan a la inmigración, las competencias entre administraciones y la financiación de los organismos que atienden las necesidades más perentorias de los inmigrante, y los problemas derivados de la delincuencia que les ha acompañado.
13. Conclusión
No existe experiencia histórica sobre países que crezcan económicamente con poblaciones estancadas o en retroceso. Simultáneamente es una constante histórica que el aumento de población facilita el crecimiento, siempre que confluyan otra serie de políticas y que existan determinadas instituciones. La experiencia de España corrobora ese dato histórico, por más que sea una afirmación que requiere todo tipo de matizaciones.
El conjunto del empleo que se ha creado en España en estos años no es de una gran calidad, pero el solo hecho de que alguien desempeñe un trabajo se traduce en la obtención de salarios y en un auténtico aprendizaje; que facilitará el desempeño de cualquier otro trabajo más productivo en el futuro.
La economía española es poco productiva, pero eso no es un fenómeno que necesariamente deba desembocar en una crisis de gran magnitud. Eso sólo ocurrirá si perdemos competitividad en relación con las empresas de otros países. Tener una baja productividad no es negativo, pero sí lo es perder capacidad de competencia a nivel internacional. Un fenómeno que sólo ocurre cuando las políticas generales, en primer lugar la monetaria y la fiscal, junto con otros fenómenos como el intervencionismo y el exceso de gasto público, se traducen en subidas de precios y salarios por encima de lo que permite el crecimiento de la productividad. Desgraciadamente es muy evidente que en España se está produciendo ese fenómeno de pérdida de competitividad, como refleja, en parte, el déficit de la balanza por cuenta corriente.
Quiero terminar haciendo referencia, nuevamente, al aumento de población. España es un país sin fronteras, lo que, al margen de la valoración que cada uno haga de los aspectos positivos y negativos de la inmigración, no ha tenido consecuencias dramáticas hasta este preciso momento. Esta situación puede cambiar si dejamos de crecer y continuamos recibiendo millones de nuevos inmigrantes, que no encuentran trabajo y a los que habrá que ayudar con dinero público de una u otra forma.
No podemos seguir viviendo sin fronteras. Necesitamos una nueva legislación para enfrentarnos a este complejo fenómeno. Ninguna sociedad tiene capacidad infinita para asimilar recién llegados, vengan de donde vengan. Un objetivo difícil de alcanzar porque debería ser consensuado entre los principales partidos políticos, lo que parece imposible dada la deriva anticonstitucional y populista del gobierno de Rodríguez Zapatero.