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HISTORIA DE NAVARRA
Imputados en abril de 2013 por las dietas de CAN Miguel Sanz, Enrique Maya y Álvaro Miranda
DN.ES/EFE. PAMPLONA 2/04/2013
El expresidente del Gobierno Foral y de Caja
Navarra, Miguel Sanz, el actual alcalde de Pamplona, Enrique Maya,
y el exconsejero del Gobierno foral Álvaro Miranda deberán
enfrentarse a los tribunales por las dietas cobradas en Caja
Navarra.
Así lo ha determinado la titular del Juzgado de Instrucción
número 3 de Pamplona, María Paz Benito Osés, quien ha citado a
los tres exdirectivos de la entidad financiera a declarar como
imputados la semana próxima.
Miguel Sanz deberá comparecer el día 12 de abril, Enrique Maya acudirá
el día 15 y Álvaro Miranda, el día 16, todos a las 10 horas.
La citación surge a raíz de la denuncia presentada por Kontuz!
(Asociación de Consumidores, Usuarios y Contribuyentes de
Navarra) y del partido político Unión, Progreso y Democracia (UPyD).
En la resolución, la juez alude al "cobro de dietas
por asistencia y desplazamiento y condiciones en su caso para
percibirlas, así como cualquier otra condición o
presupuesto que pueda haberse establecido para su cobro".
María Paz Benito Osés es la encargada de investigar, entre
otros asuntos, el cobro de dietas dobles y triples en un mismo
día por la asistencia a reuniones de la Comisión Permanente y
la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) de Caja Navarra, lo
que podría constituir a su juicio un delito de cohecho.
El pasado 21 de marzo, la jueza consideró en un auto, en el que
rechazó remitir esta investigación a la Audiencia Nacional, que
el cobro de dietas por asistencia a la JEF y a la Comisión
Permanente de Caja Navarra tiene un sustento legal "cuanto
menos dudoso", calificable incluso como un presunto cohecho.
Esta irregularidad en el cobro de dietas, según la jueza, es
"evidente" en el caso de la Permanente, un órgano que
formaron Sanz, Maya, Miranda y la actual presidenta del Gobierno
de Navarra, Yolanda Barcina, no imputada en esta causa.
En el auto, la jueza indicó que la Comisión Permanente
no fue regulada hasta la aprobación el 24 de junio de 2011
del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la
entidad financiera, pero las dietas se estaban pagando desde el
31 de agosto de 2010.
La jueza señaló el cobro de "importantes cantidades"
por asistencia a sesiones dobles y triples, "algunas de las
cuales tenían por objeto únicamente darse por enterados de que
no había habido ningún acuerdo nuevo por parte de los órganos
de gobierno de la entidad" y sin que hubiera "ningún
tipo de participación activa" por los asistentes a la
Permanente.
La jueza apuntó además en el auto que la percepción de
cantidades de "dudosa justificación" por las mismas
personas que debían ejercer la inspección de la Caja por ser
miembros del Gobierno Foral, del Ayuntamiento de Pamplona o del
Parlamento, podría ser igualmente constitutiva de ilícito penal.
Acerca de los créditos concedidos a familiares de los
responsables de la Caja y empresas participadas a tipos de
interés inferiores al ordinario, la jueza estimó que "resulta
clara" la posible responsabilidad que puede existir por
parte de quienes integraban los órganos de la entidad.
La concesión de esos créditos, destacó, podría constituir el
delito de cohecho y/o prevaricación, puesto que "se ha
favorecido a personas concretas que eran o estaban relacionadas
con las que integraban los órganos de gobierno de la Caja y por
tanto quienes debían ejercer su inspección y función
disciplinaria".
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco había solicitado
el traslado de este asunto a su juzgado para no dividir la causa
abierta en el alto tribunal sobre la gestión de la entidad
financiera, tras sendas denuncias presentadas por UPyD y la
asociación Kontuz.
La magistrada sí aceptó la inhibición solicitada por el
Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia
Nacional respecto al posible falseamiento de la contabilidad de
Caja Navarra por su relación con la posterior fusión en Banca
Cívica y su salida a Bolsa.
El juez Eloy Velasco solicitó hacerse cargo de estas
investigaciones después de que la Fiscalía le pidiera que
asumiera la denuncia de UPyD y que reclamara al juzgado navarro
la parte de la denuncia de la asociación Kontuz! contra el
exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi por delitos
societarios.