El Gobierno niega que Gibraltar actúe como un Estado pese a los encuentros bilaterales de sus autoridades con Marruecos
L D (Agencias). 26.05.2007
El Gobierno español no considera que Gibraltar pueda ser calificado como un "Estado" o un "miniestado" a pesar de que ya mantiene encuentros bilaterales con otros países como Marruecos. En respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada del PP Alicia Castro que preguntaba "si el nuevo Gibraltar no actúa ya como un miniestado independiente", el Gobierno considera que no se puede llegar a esa conclusión sólo porque sus "autoridades locales" hayan realizado "ocasionalmente" visitas a Marruecos para entrevistarse con responsables del reino aulauita.
La diputada del PP en el Congreso Alicia Castro formuló una pregunta parlamentaria en la que cuestionaba al Gobierno "si el nuevo Gibraltar no actúa ya como un miniestado independiente, ¿por qué se entrevistó el señor Caruana el pasado otoño con varios miembros del Gobierno de Marruecos para hablar de las relaciones entre Marruecos y Gibraltar". En la contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno señala en primer lugar que, "según la información disponible, la visita más reciente a Marruecos por parte de una autoridad local del Peñón ha sido la realizada el pasado mes de julio por el viceministro principal de Gibraltar, Joe Holliday". Según el Ejecutivo, la visita de Holliday, en su calidad de "ministro gibraltareño de Comercio, Industria, Transportes y Turismo y responsable del Puerto", tenía como objetivo "tratar de asuntos que había abordado previamente con responsables marroquíes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid en 2006". En cualquier caso, el Gobierno subraya que "Gibraltar no es un Estado, ni un miniestado, sino un territorio dependiente del Reino Unido (British Overseas Territory), por lo que las visitas realizadas ocasionalmente por sus autoridades locales a Marruecos se producen en este marco, es decir, como autoridades locales de un territorio dependiente vecino y para tratar temas concretas".
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Que aclare cuáles son los documentos válidos que los ciudadanos de Gibraltar tienen que presentar para poder circular
LD. 18.01.2007
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha pedido al Reino Unido que aclare cuáles son los documentos válidos que los ciudadanos de Gibraltar tienen que presentar para poder circular por la Unión Europea. La polémica surgió después de que este miércoles las autoridades españolas negaron el acceso a España de tres residentes del Peñón que presentaron documentos que les describían como "ciudadanos de territorios británicos en el extranjero". En respuesta, el Gobierno gibraltareño suspendió este jueves por una hora el reconocimiento del DNI español para poder ingresar a la colonia británica. Unas 250 personas y cincuenta automóviles se vieron afectados.
El director general para Europa y América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Pons, ha enviado una carta a su homólogo británico, Anthony Smith, donde le pide que aclare las dudas que tiene sobre la "validez" de ciertos documentos presentados por ciudadanos residentes en Gibraltar para moverse libremente por la Unión Europea. Específicamente, Pons pide a Smith que se le precise si los residentes en Gibraltar que presentan como documento identificativo un "carné de identidad" del Peñón están también autorizados para entrar en el Reino Unido y, por ende, moverse libremente por la UE. Este miércoles, el Partido Liberal de Gibraltar denunció que las autoridades españolas habían denegado el acceso a tres ciudadanos residentes en el Peñón debido a que los documentos de identidad que presentaron les describían como "ciudadanos de territorios británicos en el extranjero". Por ello, fuentes de la cartera de Miguel Ángel Moratinos han señalado que si con esos documentos se puede ingresar al Reino Unido, se "estará autorizado a entrar en España" y, por consecuencia se "pedirán disculpas" a los afectados por las "dudas" que le han suscitado esos documentos. Pero, el Gobierno gibraltareño calificó la conducta de las autoridades españolas de "ilegal e inaceptable" y consideró que suponía una violación de las propias normas españolas en la materia, que hasta ahora, según el Ejecutivo de Peter Caruana, reconocían los "carnés de identidad" de Gibraltar como documento válido para viajar. En respuesta, el Ministerio de Exteriores tildó por su parte de "inaceptable" ese comunicado porque "tiene juicios de intención que no se corresponden con la realidad". Además, agregaron que el Gobierno del Peñón "no es quien para decir" que la actuación de las autoridades españolas es "ilegal". En represalia, la mañana de este jueves el Gobierno de Caruana suspendió durante una hora el reconocimiento del DNI español como documento para ingresar al Peñón. Unas 250 personas y cincuenta automóviles vieron denegado su acceso a la colonia británica. No obstante, el Gobierno de Caruana informó en un comunicado de que volvió a reconocer el documento españoles "tras recibir confirmación de las autoridades españolas de que tenían instrucciones de Madrid de permitir la entrada en España a aquellos que lleven carnés de identidad de Gibraltar, como había ocurrido hasta ahora".
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ACUSA AL GOBIERNO DE HABER COMETIDO
"ERRORES GRAVES"
El PP le recuerda a Caruana que la reforma de la Constitución de
Gibraltar continúa perpetuando "la situación colonial"
de Gran Bretaña
LD. EFE. 01-12-2006
El portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, ha puntualizado que tras el resultado del referéndum sobre la nueva Constitución para Gibraltar celebrado en el Peñón, "el Reino Unido va a poder mantener la situación colonial mientras quiera". De esta manera, Arístegui rectifica al ministro principal gibraltareño, Peter Caruana, que había declarado que la reforma "deja ya en la historia las características coloniales". El portavoz popular ha acusado al Gobierno español de haber cometido "errores graves" y "cesiones nada lógicas" en las últimas negociaciones con el Reino Unido que, a su juicio, tendrán consecuencias a "medio e incluso a corto plazo".
El portavoz del PP en la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, se ha mostrado
"francamente sorprendido" de que el Gobierno español
aún no haya emitido un comunicado oficial tras la consulta en la
colonia británica, en la que recordó, sólo han participado la
mitad de los gibraltareños y de ellos, poco más de 7.000
apoyaron la reforma constitucional. "Algo falla y está
claro que las autoridades han estado vendiendo humo",
subrayó.
El portavoz del PP ha aprovechado también para acusar al
Gobierno español de haber cometido "errores graves" y
"cesiones nada lógicas" en las últimas negociaciones
con el Reino Unido que, a su juicio, tendrán consecuencias a
"medio e incluso a corto plazo". La reforma de
la Constitución de Gibraltar fue respaldada este viernes por el
60,2 por ciento de los habitantes del Peñón, un apoyo que,
según el ministro principal, Peter Caruana, garantiza la
soberanía británica y "deja ya en la historia las
características coloniales" de la relación con el Reino
Unido. Un total de 7.299 personas votaron a favor y 4.574 (el 37,75
por ciento) en contra del texto constitucional, que recorta los
poderes del gobernador nombrado por el Reino Unido, incrementa la
independencia del sistema judicial y otorga más competencias
para las autoridades locales.
Caruana: "una relación de
libertad que no está basada en el colonialismo"
Tras comparecer ante un centenar de personas reunidas en el John
Mackintosh Hall, donde se instaló la Oficina del Referéndum,
Caruana destacó a los periodistas el "éxito" de un
texto que crea una relación "moderna y madura" con el
Reino Unido, "sin tocar la soberanía británica, ni afectar
a aquellos supuestos derechos que reclama a España" y que,
recordó, Gibraltar rechaza. Caruana recalcó que la
Constitución, que reforma la carta otorgada de 1969, no aborda
el Tratado de Utrecht, sino que, "y así lo ha dicho el
propio gobierno británico, establece una relación de libertad (con
Gran Bretaña) que no se puede decir que esté basada en el
colonialismo".
Por su parte, el líder de la oposición, Joe Bossano, alertó de
la baja participación y achacó ese desinterés a que "mucha
gente no cree que le estábamos dando la oportunidad de ejercer
su derecho de autodeterminación y porque aunque el señor
Caruana diga que la dimensión española no tiene nada que ver,
yo creo que sí que tiene que ver, y mucho". En este
contexto, recordó que el Ministerio de Exteriores español
sostiene desde marzo, cuando las autoridades británicas y
gibraltareños acordaron la Carta Magna, "que tiene
garantías del Reino Unido de que esto no cambia absolutamente
nada en el concepto del estatus internacional de Gibraltar y que
la descolonización sigue pendiente de una futura negociación
bilateral".
En la consulta, en la que se debía votar "sí" o
"no" a la reforma constitucional "en ejercido del
derecho a la autodeterminación", participaron un total de
12.120 personas, el 60,41 por ciento de las 20.000 con derecho a
voto. Se trata, según los datos de la Oficina del Referéndum,
de una de las participaciones más bajas de las últimas
elecciones celebradas en el Peñón y supone 28 puntos menos que
la registrada en el referéndum de 2002, cuando los
gibraltareños votaron abrumadoramente en contra de una
soberanía compartida de la colonia entre España y el Reino
Unido. La jornada electoral, con doce mesas abiertas desde las 9.00
hasta las 22.00 horas, estuvo marcada en general por la
indiferencia de los gibraltareños.
El Gobierno británico, tras consensuar el pasado mes de marzo
con las autoridades gibraltareñas el nuevo texto, reconoció
como reivindicaban los "llanitos" que el referéndum
sería un ejercicio del derecho a la autodeterminación, aunque
precisó también que la independencia de la colonia sólo
podría ser una opción "con el consentimiento español",
en cumplimiento del artículo 10 del Tratado de Utrecht. Con
estas precisiones de Gran Bretaña, el Gobierno español ha
restado importancia al referéndum y, días antes de que se
celebrara la consulta, fuentes del Ejecutivo aseguraron a Efe que
se trataba de un acto político de Caruana de cara a los
habitantes de la colonia, "sin ningún valor jurídico".