Garzón quiere censar a los republicanos desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo
Libertad Digital (EFE) 1-09-2008
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha pedido al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos. Garzón comienza estas actuaciones sin haber resuelto todavía el chivatazo a ETA.
En una providencia, el juez informa a la
Conferencia Episcopal de que deberá permitir que la Policía
Judicial acceda a todas las parroquias de España (un total de
22.827) para que les faciliten los libros de difuntos de los que
disponen con el fin de identificar a las posible víctimas
desaparecidas a partir de aquella época.
A la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los
Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo
del Escorial les reclama que le proporcionen los nombres de las
personas que están enterradas en este lugar.
La petición del juez también se extiende a los alcaldes de
Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, que deben notificarle el
nombre de las personas enterradas en fosas comunes de sus
localidades -también fecha y lugar de su nacimiento, residencia
y filiación- a partir del 17 de julio de 1936 "como
consecuencia directa del denominado alzamiento nacional y la
situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el
mandato del nuevo régimen en España".
En concreto, Garzón se refiere a los cementerios de San José
(Granada), Nuestra Señora de la Salud y el de San Rafael
(Córdoba) y San Fernando (Sevilla) y reclama que le informen
sobre las circunstancias y hechos que ocurrieron para estos
"enterramientos masivos", así como cuándo se
produjeron.
Se dirige también al Archivo General de la Administración para
que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda
dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro
Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar
los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la
Masonería y el Comunismo de los que disponga.
Otro de los organismos a los que se remite es la Dirección
General de los Registros y del Notariado. Garzón requiere a una
de las partes personadas aporte los datos que tenga sobre las
personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de
desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones
puedan ser controladas por su juzgado "tanto en su
ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la
competencia".
A finales del mes de junio, el magistrado ya pidió informes a
los Ministerios del Interior y de Defensa sobre los desaparecidos
durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar
si es competente para investigar estos hechos.
Garzón ha comenzado sus actuaciones a instancias de la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Federación
Estatal de Foros por la Memoria, la Asociación
de Descendientes del Exilio Español y la Asociación
Foro por la Memoria.
Garzón abre así un nuevo frente mientras dormita en el
cajón de su mesa el caso del chivatazo a ETA desde hace más de
dos años. El juez no ha tenido a bien investigar quién, en mayo
de 2006, alertó al dueño del Bar Faisán de Irún, Joseba
Elosúa, máximo responsable de la trama de extorsión de ETA, de
que estaba siendo vigilado por las Fuerzas de Seguridad.
Lo único que se conoce de esta pieza sumarial, fue un auto emitido por Garzón en el que exculpaba de todo responsabilidad en el chivatazo al por entonces jefe de seguridad del PSOE, Fernando Mariscal, desde cuyo móvil se realizó una llamada al área del bar Faisan el día del chivatazo.
-----------------------------------
Garzón pretende que la Iglesia le dé un listado de muertos durante la Guerra Civil y el franquismo
(ABC) Publicado el 2 de septiembre 2008 en ReL
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha requerido a la Conferencia Episcopal Española y a la Abadía del Valle de los Caídos un listado de desaparecidos y fusilados durante la Guerra Civil y el franquismo, al objeto de determinar si su juzgado es competente para juzgar dichos hechos como posibles delitos de "lesa humanidad", los cuales son imprescriptibles. Anselmo Álvares, abad del Valle de los Caídos, ha declarado que no le consta la existencia de una lista así. La Conferencia Episcopal no se pronunciará, en caso de hacerlo, hasta que no haya recibido las diligencias de Garzón. La Fiscalía de la Audiencia pidió el archivo de la causa el pasado mes de febrero.
Cuando parecía aplacada la polvareda de la ley de memoria histórica (que finalmente no recibió tal nombre y que se ha caracterizado por irritar a todos y no contentar a nadie) las entidades y asociaciones de familiares de represaliados del bando republicano han hallado un ariete a la medida de sus reivindicaciones en el juez Baltasar Garzón. Éste, según trascendió ayer, ha abierto diligencias para requerir a diversas instituciones listados de desaparecidos y fusilados durante la Guerra Civil y el Franquismo, con el fin de elaborar un censo y determinar si su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, es competente o no para investigar estos crímenes que los familiares de las víctimas consideran de «lesa humanidad» y, por tanto, imprescriptibles.
El pasado mes de junio, el juez ya se había dirigido a los ministerios de Defensa e Interior para pedirles un informe sobre el número de desaparecidos durante ese periodo, como paso previo a su decisión, ahora, de llevar a cabo estas nuevas actuaciones.
A espaldas de la Fiscalía
Garzón ha optado por seguir adelante en la «brecha» de la memoria histórica a espaldas del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el pasado mes de febrero solicitó el archivo de las denuncias presentadas al considerar que se trataba de hechos que en su momento, según la legislación de la II República, estaban tipificados como delitos comunes y, en consecuencia, sus autores se habrían beneficiado de la «extinción de la responsabilidad» derivada de la amnistía general de 1977.
Además, en el caso de que se pudieran considerar delitos de lesa humanidad, la Fiscalía estimó que la Audiencia Nacional no era competente para juzgarlos, porque el criterio general es que este tipo de crímenes se han de tramitar en los juzgados de la jurisdicción donde hayan ocurrido los hechos.
El auto de Garzón pretende ser, a priori, de largo alcance, pues implica a la Conferencia Episcopal, a los Ayuntamientos de Madrid, Córdoba, Granada y Sevilla, a la Abadía del Valle de los Caídos, al Ministerio de Defensa, a la Dirección General de los Registros y del Notariado, del Centro de Documentación de la Memoria Histórica, e incluso al rector de la Universidad de Granada.
Todas las parroquias
En concreto, Baltasar Garzón insta a la Conferencia Episcopal a que comunique a todas y cada una de las parroquias de España (que son casi veintitrés mil) «que deberán permitir el acceso de la policía judicial» para la identificación de los fusilados y desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936. O sea, a partir del «alzamiento».
A los Ayuntamientos les pide toda la documentación que permita certificar la identidad de las personas enterradas en fosas comunes de los cementerios de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y en el camposanto sevillano de San Fernando. A ese requerimiento de los datos posibles de fechas de nacimiento, residencia y filiación, añade Garzón el de que los mencionados Consistorios aporten información sobre las «circunstancias y hechos que concurrieron para estos enterramientos masivos», en busca de responsables.
Especialmente significativa es la petición a la abadía benedictina del Valle de los Caídos de un listado de las personas enterradas en este recinto, así como datos sobre la procedencia geográfica de los restos y «las causas del enterramiento allí hecho».
Otras diligencias las dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional al Archivo General de la Administración (para que identifique a la entidad u organismo que pueda concretar el número de desaparecidos e informe de si han existido denuncias por esas desapariciones), al Centro Documental de la Memoria Histórica (al que pide los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo), al Ministerio de Defensa en demanda de documentación archivada en los tribunales militares y a la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la constancia que pueda tener de casos de desaparición.
Ocho denuncias
Han sido en total ocho las denuncias referidas a este tipo de hechos, promovidas por asociaciones (salvo una de ellas, de un diputado socialista) que vienen cifrando en unas treinta mil las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. Estas entidades, que han acogido con la lógica satisfacción la iniciativa del juez Garzón, estiman además que, queden en lo que queden las diligencias abiertas, servirán para impulsar la elaboración de un censo de desaparecidos en esa etapa histórica.
Precisamente, hace pocos días volvió a cobrar relieve el caso de la fosa común de la localidad granadina de Víznar en la que están los restos del poeta Federico García Lorca. Nieves Galindo, la nieta del maestro enterrado en ese mismo lugar, explicó la semana pasada a Ep que acudir a la vía judicial es «la única salida que le queda» para promover la exhumación de su abuelo y ante la negativa de la familia Lorca a llevar a cabo esa actuación.
Estos «flecos» de insatisfacción y malestar persisten en numerosos descendientes de fusilados y desaparecidos después de que el pasado otoño quedara definitivamente aprobada en el Congreso la polémica «Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra civil y la Dictadura», barroquísimo nombre con el que quedó finalmente bautizada la ley de memoria histórica, un empeño personal de José Luis Rodríguez Zapatero en el que sus convicciones más íntimas tropezaron con el sentido común.
Españoles «buenos» y «malos»
Así, en la normativa (que, según el PP, cae en los mismos pecados del franquismo, al dividir a los españoles en «buenos» y «malos») no se recogieron algunas de las exigencias de los colectivos de reivindicación republicana, como la de la anulación de todos los juicios políticos. Pero ante el riesgo de que en la nueva legislatura se pasara página, Garzón ha tomado el testigo de Zapatero.
La CEE, a la espectativa
Un portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) indicó a ABC que no habían recibido todavía la providencia del juez de la Audiencia Nacional solicitando de esta institución que permita a la Policía Judicial acceder a los archivos de las parroquias españolas, concretamente a los libros de difuntos.
El portavoz del Episcopado indicó que desconocían esta providencia y que, no obstante, cuando los obispos la reciban, la estudiarán y, si es oportuno, se pronunciarán sobre ella. «No podemos opinar sobre una providencia cuya existencia y contenido desconocemos», concluyó la mencionada fuente.
Por su parte, el abad del Valle de los Caídos, Anselmo Álvarez, habló en parecidos términos. Indicó que no había recibido comunicación alguna por parte de Garzón, pero que, en cualquier caso, en esta abadía no existe listado alguno de las personas enterradas ni de la causa del enterramiento allí hecho durante la dictadura. El religioso dijo que una vez que le llegue esta solicitud la estudiará «y actuará en consecuencia», aunque recalcó que no le consta, «con toda seguridad», que exista una lista como la que pide Garzón.
------------------------------------
La doble vara de Garzón: Sí a investigar el franquismo pero no a Paracuellos
Libertad Digital (Javier Lozano) 2.09.2008
La polémica está servida. Baltasar Garzón quiere volver a la primera línea informativa y para ello ha solicitado a varios organismos que le informen del número de desaparecidos durante la Guerra Civil para actuar en consecuencia. Sin embargo, el magistrado ha olvidado cómo años atrás rechazó querellas por genocidio contra Santiago Carrillo alegando que los delitos estaban "prescritos" y ateniéndose a dos "amnistías" producidas en 1975 y 1977. Pero en su carrera, el "juez mediático", que ha encausado a diversas dictaduras, siempre ha tenido una doble vara de medir dependiendo de quiénes fueran los supuestos asesinos y las posibles víctimas.
El magistrado de la Audiencia Nacional, aficionado a abrir casos por todo el mundo, ha vuelto a crear una gran polémica tras solicitar al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos y actuar en consecuencia. Sin embargo, Garzón parece haber olvidado otras sentencias emitidas por él mismo y que contradicen sus actuaciones actuales. De hecho, en el año 2000 rechazó una querella interpuesta ante la Audiencia Nacional por los familiares de los fusilados en Paracuellos del Jarama, contra Santiago Carrillo, el PCE, el PSOE, la Comunidad de Madrid y el Estado español por delitos de genocidio, torturas y terrorismo. En sus argumentaciones, el magistrado aceptó las tesis del fiscal de la causa, Pedro Rubira, que aseguró que cualquier posibilidad de delito había prescrito al haber pasado más de 20 años desde que se cometió. A su vez, el juez subrayó que entre 1975 y 1977 se produjeron unos indultos que "vedan de una forma total y absoluta cualquier posibilidad de reiniciar la persecución penal por los actos realizados en nuestra Guerra Civil".
Incluso Garzón acusó a los denunciantes de "abuso del derecho" y "mala fe procesal". Tal como lo recoge Alberto Reig Tapia en su libro La Cruzada de 1936. Mito y memoria, y recogido por Wikipedia, la sentencia dice así: "Con el respeto que me merece la memoria de las víctimas, no puede dejarse de llamar la atención frente a quienes abusan del derecho a la jurisdicción para ridiculizarla y utilizarla con finalidades ajenas a las marcadas en el artículo 117 de la Constitución Española y los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como acontece en este caso [...], los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma a los [hechos] que se relatan en el escrito y su cita quebranta absolutamente las normas más elementales de retroactividad y tipicidad". Quedó de este modo extinguida la búsqueda de la Justicia de los allegados de los miles de asesinados en esta localidad madrileña. Éstos habían llevado a cabo su denuncia en un contexto en el que el magistrado de la Audiencia Nacional abrió un proceso contra el dictador chileno Augusto Pinochet, acusado de los mismos crímenes que Santiago Carrillo.
Y es que la vara de medir del "juez mediático" varía dependiendo de quienes sean los supuestos asesinos o las posibles víctimas, puesto que según subrayó José Díaz Herrera en su libro, Garzón, juez o parte, el magistrado sí admitió en 2006 las querellas presentadas por familiares de muertos del bando republicano por supuestos crímenes de guerra, contradiciendo así parte de sus argumentos utilizados seis años atrás.
Baltasar Garzón ha ido siempre más allá de las fronteras españolas queriéndose convertir en el "gran defensor de los derechos humanos". Sin embargo, en esta ocasión volvió a prevalecer quiénes eran los causantes y quiénes las supuestas víctimas antes de emprender cualquier actuación.
Este protagonismo le ha hecho perseguir las dictaduras del Cono Sur, como la de Chile o Argentina, aunque, sin embargo, no admitió otras querellas contra el dictador guineano Teodoro Obiang, el cubano Fidel Castro o el nicaragüense Daniel Ortega, entre otros. Igualmente, tal y como subraya Díaz Herrera, las dictaduras comunistas de Europa del Este, en la que se realizaron importantes masacres, tampoco han sido objeto de las investigaciones del juez. Cabe destacar que la Audiencia Nacional, gracias a la presencia de Baltasar Garzón, es el órgano que más mandatarios mundiales tiene encausados a pesar de no contar con el mandato de alguno de los organismos internacionales ni disponer de un cuerpo jurídico-doctrinal reconocido a nivel mundial como el Estatuto de Roma, por el que se regula el funcionamiento de la Corte Penal Internacional.
-------------------------------------