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Condena por unanimidad del 18 de julio en la comisión Constitucional del Congreso el 20 N 2002

Boletín Oficial de las Cortes Generales 29-II-2002, pág. 12

http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/CONG/BOCG/D/D_448.PDF

Proposiciones no de ley números: 161/001512, 161/001591, 161/001636, 161/001672 y 161/001762

La Comisión Constitucional en su sesión del día 20 de noviembre de 2002, ha acordado aprobar con modificaciones, en los siguientes términos, las Proposiciones no de Ley.

— Sobre el reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que padecieron la represión del régimen franquista por defender la libertad y por profesar convicciones democráticas (núm. expte. 161/001512), presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 376, de 24 de junio de 2002.

— Por la que se declara y se insta a los poderes públicos a reparar moralmente a las víctimas de la guerra civil desaparecidas y asesinadas por defender valores republicanos y a reconocer el derecho de familiares y herederos a recuperar sus restos, nombre y dignidad (núm. expte. 161/001591), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 412, de 30 de septiembre de 2002.

— Sobre desarrollo de una política de Estado para el reconocimiento de los ciudadanos y ciudadanas exiliados (núm. expte. 161/001636), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 412, de 30 de septiembre de 2002.

— Para proceder a las exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil (núm. expte. 161/001672), presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 423, de 22 de octubre de 2002.

— Sobre la devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo (161/001762), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y publicado en el «BOCG Congreso de los Diputados», serie D, núm. 444, de 25 de noviembre de 2002.

«La Constitución de 1978, llamada por todos con indudable acierto como la Constitución de la Concordia, intentó poner punto final a un trágico pasado de enfrentamiento civil entre los españoles. Guerras civiles, pronunciamientos, dictaduras, en suma, regímenes políticos o sistemas basados en la imposición violenta de ideologías o formas de gobierno, habían sido hasta entonces el negro balance padecido por la inmensa mayoría del pueblo español, como si nuestro sino histórico fuera el del fracaso colectivo. Aquel triste lamento del poeta Machado

—«Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón»— es fiel reflejo de esta dramática realidad existencial de la nación española.

Pero, por fortuna, en 1978 una generación de españoles, recordando el lamento de aquel otro gran español Manuel Azaña, cuando abrumado por la magnitud de la tragedia civil pronunció aquellas dramáticas palabras desgraciadamente caídas en el olvido: «Paz, piedad, perdón», decidieron no volver a cometer los viejos errores, mirar hacia delante y apostar, con un generoso impulso de reconciliación, por un nuevo sistema democrático para que nunca más hubiera dos Españas irreductiblemente enfrentadas.

Los portavoces de los principales grupos políticos dejaron en las Cortes constituyentes testimonios concluyentes de este espíritu de concordia nacional, que no es ocioso recordar en este momento.

La actual Constitución española está impregnada de esa voluntad de convivencia. Todos los constituyentes, en aras de aquel consenso básico orientado al establecimiento de un marco democrático duradero, hicieron importantes renuncias, incluso de posturas largamente defendidas a lo largo de la historia, para buscar puntos de encuentro capaces de superar viejos y endémicos conflictos.

Pues bien, fue a los pocos meses de las primeras elecciones democráticas, con motivo de la aprobación de la amnistía, cuando se puso de manifiesto esta voluntad de entendimiento basada en el perdón y el olvido. De entre los muchos testimonios podemos destacar los siguientes:

«Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Querernos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia delante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso.» (Diputado Camacho Abad, portavoz del Grupo Comunista).

La amnistía es fruto de «la voluntad de enterrar un pasado triste para la historia de España y de construir otro diferente sobre presupuestos distintos, superando la división que ha sufrido el pueblo español en los últimos cuarenta años» (Diputado Benegas, portavoz del PSOE).

La amnistía «es simplemente un olvido... una amnistía para todos, un olvido de todos para todos... No vale en este momento aducir hechos de sangre, porque hechos de sangre ha habido por ambas partes, también por el poder y algunos bien tristes, bien alevosos... La amnistía es un camino de reconciliación, pero también de credibilidad y de cambio de procederes». (Diputado Arzalluz, portavoz del PNV).

«La amnistía es el presupuesto ético-político de la democracia, de aquella democracia a la que aspirarnos que, por ser auténtica, no mira hacia atrás, sino que, fervientemente, quiere superar y transcender las divisiones que nos separaron y enfrentaron en el pasado.» (Diputado Arias Salgado, portavoz de UCD).

El voto prácticamente unánime dado por las Cortes a la Ley de Amnistía de 1977 fue un acontecimiento histórico, pues puso fin al enfrentamiento de las dos Españas, enterradas allí para siempre. Es cierto que algunos no quisieron sumarse a este espíritu de reconciliación y trataron por todos los medios a su alcance de impedir, mediante la violencia o el terror, que la voluntad de concordia nacional germinara en frutos de paz y libertad para todos. No lo han conseguido ni lo conseguirán nunca más.

España ha cumplido en este año el vigésimo quinto aniversario de la recuperación de las libertades democráticas y el próximo podrá conmemorar el primer cuarto de siglo de vigencia de la Constitución de 1978. Han transcurrido sesenta y seis años desde el comienzo de la guerra civil de 1936. Apenas quedan supervivientes de la gran tragedia. Y, por supuesto, nada queda en la sociedad española del endémico enfrentamiento civil porque, consciente y deliberadamente, se quiso pasar página para no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha.

Por otra parte, en estos veinticinco años se han dictado numerosas disposiciones, tanto por parte de la Administración General del Estado, como por parte de las Comunidades Autónomas, dirigidas a reparar, en la medida de lo posible, la dignidad de las personas que padecieron persecución durante el régimen franquista y a proporcionarles los recursos necesarios.

Dentro de este grupo de personas que padecieron las terribles consecuencias de la guerra se encuentran los exiliados. Y en septiembre de 1999, el Congreso aprobó una Proposición no de Ley sobre conmemoración del 60.º aniversario del exilio español con ocasión de la finalización de la guerra civil. En línea con dicho compromiso, la Fundación Pablo Iglesias ha preparado la exposición «Exilio» con el hilo conductor de la inequívoca aportación de los exiliados a la recuperación de las libertades en España, contribuyendo de esta forma a la creación de las condiciones que permitieron afrontar el cambio político operado en los años de la transición a la democracia española.

En la diáspora del exilio lo perdieron todo y el dolor del éxodo nunca se ha podido superar, porque el forzado apartamiento de la patria es uno de los mayores padecimientos. La reconciliación no se compadece, en esta ocasión, con el olvido de este grupo de personas, muchas de las cuales cuando pudieron regresar a España no lo hicieron porque durante sesenta años habían tejido sus relaciones personales y familiares en las tierras de acogida.

A estos ciudadanos y ciudadanas exiliados —así como los llamados niños de la guerra— supervivientes ya de aquel trágico episodio de nuestra historia, el Congreso de los Diputados considera un deber rendir un tributo de admiración y afecto, por la lealtad a sus convicciones y el sufrimiento que hubieron de padecer por una guerra impropia de una nación cuya razón de ser ha de estar en el respeto a los valores democráticos.

Por todo lo anterior.

Primero. El Congreso de los Diputados, en este vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones libres de nuestra actual democracia, reitera que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática.

Segundo. El Congreso de los Diputados reitera que resulta conveniente para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia.

Tercero. El Congreso de los Diputados reafirma una vez más, el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones evitando, en todo caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil.

Cuarto. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que desarrolle, de manera urgente, una política integral de reconocimiento y de acción protectora económica y social de los exiliados de la guerra civil, así como de los llamados niños de la guerra, que incluya la recuperación, en su caso, de la nacionalidad española, y su extensión a sus descendientes directos, con reconocimiento del derecho de voto.»

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2002.—P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.