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La juez del TSJC Mercedes Armas asume la investigación del referéndum en vez del fiscal y ordena a todos los cuerpos impedir la apertura de los centros de votación el mismo domingo
EL PAÍS JESÚS GARCÍA Barcelona 28 SEP 2017 https://elpais.com/ccaa/2017/09/27/catalunya/1506531307_729934.html?rel=mas
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha asumido la investigación del referéndum del 1 de octubre y ha ordenado a la Fiscalía que paralice sus actuaciones. El ministerio público había ordenado a los Mossos el precinto de los colegios electorales antes del sábado. La magistrada Mercedes Armas sigue esa senda, aunque con matices: dirige la orden también a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, y les ordena que impidan la apertura de los centros de votación o los cierren, si se da el caso el mismo domingo.
En un auto dado a conocer este miércoles, 27.09.2017, la magistrada ordena a la Fiscalía cesar en las diligencias, actuaciones e instrucciones que hasta el momento viniera sustanciando en relación con estos hechos. Eso significa que pierden vigencia las órdenes dictadas por el ministerio público en los últimos días y dirigidas a evitar la celebración del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional. La última de ellas fue el martes, cuando el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ordenó a los Mossos dEsquadra que precintasen las escuelas, centros cívicos y ambulatorios habilitados por el Gobierno catalán como centros de votación para el 1-O. Esa orden contemplaba también que, el domingo, se prohibiera cualquier tipo de votación en un radio inferior a 100 metros de distancia de los colegios.
La magistrada no contempla esa circunstancia, aunque va en la misma dirección. Armas indica que el domingo pero no antes se impedirá la apertura de los locales y, en su caso, el cierre de todos aquellos que hubiesen llegado a abrirse. La policía deberá también impedir, antes de ese día, la utilización de locales o edificios públicos para preparar la votación.
El segundo matiz tiene que ver con la ejecución del plan. La Fiscalía había encomendado la misión a los Mossos. La magistrada, en cambio, dirige la orden también a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Los tres cuerpos deberán prestarse en todo momento el auxilio y apoyo necesario que haga posible el estricto cumplimiento de lo que aquí se dispone. La situación que se presenta en la jornada del día 1 de octubre en todo el territorio de Cataluña, agrega el auto, aconseja aunar las fuerzas de los diferentes cuerpos policiales, que deberán actuar conjuntamente.
El auto avala que un cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos asuma, como había ordenado la Fiscalía, la coordinación del dispositivo sobre el referéndum. La juez recuerda que la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad establece que, en determinados casos, la Secretaría de Estado debe ejercer una función de coordinación y supervisión de los cuerpos policiales.
La causa abierta por el TSJC partió de una querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y todos los consejeros del Gobierno catalán por firmar el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre. El tribunal admitió a trámite la querella por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
Burlar las cautelares
Armas carga con dureza contra los miembros del Govern. El desarrollo de los acontecimientos de las últimas semanas ha evidenciado una clara inobservancia no solo de la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, sino de las resoluciones dictadas por esta instructora. Por ejemplo, a propósito del bloqueo de páginas web del referéndum. Esas decisiones, agrega, han sido burladas mediante la creación por el Govern de otros dominios en la Red. Los querellados, además, han informado a los ciudadanos, a través de las redes sociales, sobre cómo votar o dónde hacerlo. Y han subrayado, en todo momento, que la consulta va a celebrarse.
La actitud renuente a cumplir las órdenes hace prever que el Gobierno catalán facilite todos los medios a su alcance para que se celebre el referéndum. De ahí que adopte una serie de medidas para impedirlo, aunque sin afectar la normal convivencia ciudadana. En ese sentido, señala que, en el caso de los colegios electorales ubicados en edificios con instalaciones compartidas de servicios públicos, los policías deberán cerrar únicamente las dependencias destinadas a la votación. El auto agrega que los policías deberán incautarse de material electoral (incluidos ordenadores) e impedir la apertura y actividad de locales que se usen como infraestructura logística el 1-O: centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos.
La orden dada por el TSJC a la Fiscalía para detener sus actuaciones se fundamenta en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El fiscal cesará en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos, como ocurre en este caso. Además, debe remitir al juzgado todo lo que haya investigando. La Fiscalía, por tanto, deja de pilotar desde ya las actuaciones para impedir el referéndum. Estará, sin embargo, presente en el procedimiento y podrá solicitar como ocurre en cualquier instrucción judicial ordinaria las diligencias de investigación que desee, que serán o no acordadas por la magistrada.
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La juez del TSJC Mercedes Armas ordena el 27 a todos los cuerpos policiales que precinten los edificios y locales del referéndum, como ya ordenó Romero el 26. Trapero dice que cumplirá pero matiza que primará "la proporcionalidad y la oportunidad". Y Puigdemont convoca la Junta de Seguridad para el 28
DN Jueves, 28/09/2017, COLPISA. MADRID http://www.diariodenavarra.es/noticias/actualidad/nacional/2017/09/28/la-justicia-ordena-cerrar-todos-los-edificios-que-sirvan-referendum-553345-1031.html
La Justicia estrecha el cerco sobre el referéndum ilegal del domingo y responde de inmediato a cada uno de los intentos de la Generalitat para organizarlo. El último de ellos corrió a cargo de la Consejería de Sanidad, que se hizo cargo de la gestión directa los ambulatorios para disponer de ellos como centros electorales. No parece que la maniobra vaya a funcionar después de que la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas, que instruye la querella de la Fiscalía contra todos los miembros del Govern catalán, ordenase a los Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional que cierren todos los edificios y locales públicos de Cataluña que se usen para la celebración del referéndum. En auto conocido este miércoles, la magistrada de la Sala Civil y Penal ordena además a los cuerpos policiales actuantes que impidan, hasta el 1 de octubre, la utilización de estos espacios públicos o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público para la preparación de la celebración del referéndum. Del mismo modo, la magistrada ordena requisar todo el material relacionado con la consulta que, en su caso, estuviera a disposición de introducirse, o fuera hallado dentro de dichos locales o edificios, incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto e instrumento de los delitos que se investigan.
La orden de la magistrada vuelve a poner en un aprieto a la Policía catalana. Su máximo responsable, Josep Lluís Trapero, no se anduvo por las ramas. El mayor de los Mossos d'Esquadra dibujó un panorama de altercados y desórdenes públicos generalizados si el cuerpo autonómico se ve obligado a desalojar o impedir el paso entre el sábado y el domingo a los más de 2.500 colegios electorales, tal y como ya le ordenó el martes el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada y ahora el TSJC. Sus argumentaciones ante los representantes de la Fiscalía y del Ministerio del Interior no hicieron cambiar los planes de Romero de Tejada, quien recordó al máximo responsable del cuerpo catalán que tiene también instrucciones de -si no se ve capaz de evitar la apertura de los centros por sus propios medios- pedir ayuda al Ministerio del Interior, cuyos representantes, este miércoles, insistieron en que tiene a disposición del operativo a los más de 2.600 antidisturbios de la Policía y la Guardia Civil desplegados ya para impedir el 1-O.
El encuentro, a pesar de la envergadura del problema que se avecina, apenas duró una hora. El ambiente, según fuentes asistentes al mismo, fue "gélido". Trapero, que el pasado lunes plantó al órgano de coordinación, esta vez sí que asistió a la reunión convocada por Romero de Tejada en la sede de la fiscalía superior y a la que también asistieron el jefe superior de la Policía, Sebastián Trapote, y el general jefe de la Guardia Civil en Cataluña, Angel Gozalo, además del coronel Diego Pérez de los Cobos, designado por el Ministerio Público como "coordinador" del operativo anti 1-O.
Trapero no habló de despliegues en los colegios sino que se centró en avisar de que ya hay indicios de que muchos de los colegios van a ser ocupados antes de los precintos de los mismos y que sus agentes no van a poder encarar un desafío de tal calibre sin enzarzarse en disturbios. El mayor se explayó y luego los Mossos en su Twitter oficial resumieron sus argumentos: "El cumplimiento de instrucciones no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas puede acarrear consecuencias no deseadas" y que "estas consecuencias se refieren a la seguridad ciudadana y el más que previsible riesgo de alteraciones de orden público que se puedan derivar". Trapero, quien insistió ante Interior y la Fiscalía en la "situación de tensión que se está generando en relación con los actos del próximo 1-O", sin embargo dijo que haría todo lo posible para dar "el mejor y más adecuado cumplimiento a las instrucciones" fiscales. Eso sí, una vez más, el máximo responsable de los Mossos fue ambiguo, porque acto seguido afirmó que el domingo, no obstante, primará "la proporcionalidad, la oportunidad y la congruencia".
Sus palabras azuzaron la "desconfianza" en los mandos de Interior, que siguen convencidos de que el domingo la respuesta de los Mossos va a ser, cuanto menos, "tibia" y que los agentes no están dispuestos a incautarse de las urnas, a enfrentarse a los ciudadanos que violen los precintos o a impedir que las mesas se instalen en las inmediaciones de los colegios clausurados hasta las 21 horas del domingo.
¿"Satisfacción"? A pesar de que la versión oficial desde Madrid fue que el Gobierno central estaba "satisfecho" por el "compromiso" de los Mossos, "expresado por Trapero en la reunión", de "cumplir las órdenes del fiscal", de puertas adentro, los responsables de Interior siguieron durante todo el día ultimando detalles del despliegue de los policías nacionales y los guardias civiles. Los mandos del departamento que dirige Juan Ignacio Zoido admitieron que los temores del mayor tienen fundamento porque ya hay indicios de que miembros de la comunidad educativa y diversos grupos de activistas independentistas tienen intención de ocupar los colegios desde el viernes. Pero estos mismos responsables de Interior denunciaron que los Mossos ni siquiera a día de hoy tienen diseñado un plan de para garantizar el precinto de las escuelas y que los cordones no se violenten.
Y también reprocharon a Trapero que siga sin pedir
ayuda a las fuerzas de seguridad del Estado, tal y como este
miércoles le insistieron el 'mando único' Pérez de
los Cobos y el fiscal jefe. En cualquier caso, Interior ya
trabaja con la hipótesis de que Romero de Tejada ordene
la movilización de la Policía Nacional en cuanto los
Mossos aleguen los primeros problemas para hacerse con el control
de los centros.
Pero, por ahora, solo buenos gestos desde el Gobierno aunque,
como ocurrió este miércoles, tengan que morderse la lengua en
Interior cuando conocieron que Carles Puigdemont, de manera
unilateral, convocó para este jueves la Junta de
Seguridad de Cataluña, a modo de contraprogramación de
las cumbres de la Fiscalía. Los de Zoido pusieron el grito en el
cielo, pero aseguraron que Interior estará allí por "responsabilidad".
Eso sí, Interior se despachó a modo. Acusó a Puigdemont de
"violentar los procedimientos formales" que rigen estas
cumbres, de incurrir en "defectos de forma" y de
vulnerar la norma de que en estas reuniones se va con un orden
del día pactado.