LAS PRIMERAS CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN ESPAÑA:
ABORTO 2004: 84.985 abortos legales registrados, sin
contar los provocados por la píldora del día después.
ABORTO 2003: 79.788 abortos legales registrados,
sin contar los provocados por la píldora del día después.
Desde 1993 hasta 2004 se practicaron 731.039
interrupciones legales de embarazos, matar fetos
eufemísticamente hablando, sin
contar las provocados por la píldora del día después.
Camuflaje de las cifras de abortos en España
ABORTO 1993-2002
(Información recogida en los medios el 31.05.2004)
En diez años el número de abortos en España aumentó casi un 70 por ciento. Desde 1993 hasta 2002 se practicaron 566.266 interrupciones legales de embarazos, matar fetos eufemísticamente hablando. El incremento ha sido anual y sólo durante 1997 las cifras disminuyeron ligeramente, para volver a subir un año después.
Según la Administración, en el año 2002 se practicaron en España 77.125 abortos, es decir, uno cada 6,8 minutos, contando sólo los legales. Aparte de los abortos provocados por la píldora del día después.
En los primeros 6 años del gobierno del PP el aborto aumentó en más del 50 por ciento, desde los 50.000 abortos de 1996 hasta los 77.125 de 2002. Estas cifras se consideran «consecuencia lógica de la política continuista del PP» respecto a la realizada por el PSOE.
La práctica totalidad de los abortos que se practicaron en el año 2002 en España se autorizaron por un alegado riesgo de salud física o psíquica de la mujer: el 96,81 por ciento de los casos que se acogieron al supuesto de salud materna; los datos oficiales no distinguen entre el riesgo físico o psíquico como pretexto alegado para matar al hijo en el vientre de su madre. El psíquico, más difícil de valorar, es, en la mayor parte de los casos, lo alegado para conceder el amparo legal.
Actualmente, en España el acceso al aborto y a los anticonceptivos es facilitado por el PP y el PSOE según las Comunidades
Asturias, con un Gobierno socialista, no subvenciona los anticonceptivos, y la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, sí lo hace. Andalucía y la Comunidad Valenciana, gobernadas por el PSOE y el PP respectivamente, son las dos Autonomías que más facilitan la posibilidad de dar muerte al hijo en el vientre de su madre. Pero en la ciudad de Madrid, su alcalde Ruiz Gallardón del PP ha anunciado en 2004 que va ha facilitar la píldora abortiva con el dinero de los contribuyenyes.
En el caso de Andalucía, las mujeres que legalmente pueden abortar sólo tienen que pedir cita en el centro de Salud. Es el médico de Familia, no el ginecólogo, quien deriva a cualquiera de los nueve centros privados concertados con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La cita tiene la máxima prioridad, no hay listas de espera y la madre no debe adelantar el dinero del coste de la muerte de su hijo ni preocuparse de un posterior reembolso, según el SAS. Hace un año, la Comunidad Valenciana también puso en marcha un plan de reestructuración de los Servicios de Ginecología de los hospitales públicos para asumir el mayor volumen de muertes de fetos. En Cataluña, 300 euros cuesta dar muerte al hijo en el vientre de su madre. Y la Sanidad pública reembolsa parte del gasto con el dinero de todos.
Paradojas de la vida y la muerte
LA RAZÓN, 17.02.2004. Domingo DELGADO PERALTA
Recientemente
se han hecho públicas en España las estadísticas anuales del
aborto, resultando que la cifra asciende a la vergonzosa cantidad
de 77.125 abortos registrados [en 2002]. Ante lo
que cabría una primera pregunta sobre cuanto se incrementaría
dicha cifra con los abortos no registrados provocados por
la medicación abortiva (que lo facilita a domicilio).
Así las cosas ya no se puede sostener con
propiedad que la primera causa de mortalidad en España
sea la patología cardiovascular (con 38.788 defunciones),
ni el cáncer (37.000 defunciones), ni los
accidentes de tráfico (5.696 defunciones).
Algo debe fallar en el alma humana cuando una
sociedad asiste insensible ante dicha cifra de mortalidad
perfectamente evitable en la mayoría de los casos, y cuya
solución sería asumible promoviendo la ayuda y la solidaridad
social a madres en situación de dificultad socio-económica,
prodigando una más que mejorable actuación pública en los
procesos de adopción, etc. En todo caso, cualquier medida antes
que asumir la muerte del débil como solución.
No se diría tampoco la verdad si no
reconociéramos cierta complicidad social, propiciada de modo
diverso, por la versatilidad del lenguaje usando términos
equívocos, imprecisos (sustituyendo «aborto» por
«interrupción del embarazo»), o aportando categorías nuevas
con carácter artificial como resulta del concepto de «pre-embrión»
; así como por el aburguesamiento plúmbeo y soporífero del
«bienestar material». Todo lo cual, ha generado una doble
reacción ante el problema, así para un sector social, el aborto
ha sido considerado como un logro social, una conquista (liberación
de la mujer, progresismo, etc.), y para otro sector social, en
actitud vergonzante, ha venido a considerarlo como un «sumidero
social» por donde se evacuan problemas y sucesos desagradables,
pero que alivia cierta tensión social (en definitiva, ¡haya paz
!, aunque sea la paz de los cementerios ).
Por contraste, el contrapunto a la situación
descrita es la de la fertilización artificial -si bien acaba
cayendo en el mismo problema apuntado-, ya que frente a los
progenitores que se deshacen físicamente de sus concebidos, nos
encontramos a los que buscan a toda costa la paternidad, y
generan otra demanda social (que en vez de encontrarse en
solución de conflictos con la anterior) solicita solución a su
problema en los procedimientos de fertilización artificial.
Solución que en los últimos años ha originado en nuestro país
un excedente de embriones congelados (más de 400.000),
que ya ni siquiera son deseados por sus propios progenitores, a
los fines creados, ni prácticamente utilizados en los
procedimientos de fertilización artificial, que vienen a
representar un problema de mala factura y peor solución.
Y todo ello en un país que tiene los índices
más bajos de natalidad del mundo, donde no se tiene asegurado el
relevo generacional, ya que su población envejece (y donde no
hay relevo generacional no hay futuro), donde la política social
apenas cuenta con ayudas para las familias (siendo de los
últimos países de la UE en ayudas a las familias), por
consiguiente un país que no invierte en el factor humano,
auténtico motor de un país. Aunque veamos las cifras
macroeconómicas elevadas, ese «bienestar material»,
excesivamente enfatizado, quizá esté haciendo que nos dejemos
otras cuestiones de humanidad, de solidaridad, de justicia social,
y de moralidad en la cuneta del camino.
En este punto de paradoja, quizá debamos
reconocer con Delibes que «el desarrollo humano no es
sino un proceso de decantación del materialismo sometido a una
aceleración muy marcada en los últimos lustros. Al teocentrismo
medieval y al antropocentrismo renacentista ha sucedido un objeto-centrismo
que, al eliminar todo sentido de elevación en el hombre, le ha
hecho caer en la abyección y la egolatría».
Por todo ello, se hace necesario y urgente
contraponer un sentido moral en el sinsentido y alocado aumento
del nivel de vida material, que contenga y reduzca el aumento de
la violencia, la incomunicación, la desconfianza, la injusticia,
el sentimiento competitivo, la exaltación del dinero y la
explotación del hombre por el hombre.
El Instituto de Política Familiar critica al Gobierno del PP por el brusco aumento de abortos
LA RAZÓN 17.02.2004
El Instituto de Política Familiar
exigió ayer al Partido Popular una «rectificación inmediata y
una reorientación drástica en la política educativa-sexual»
ante los «alarmantes» datos del aborto correspondientes a 2002
que han sido publicados recientemente por el Ministerio de
Sanidad y Consumo. Según la Administración, en el año 2002 se
practicaron en España 77.125 abortos, es decir, uno cada 6,8
minutos. Este dato, «secuestrado» durante demasiado tiempo por
los responsables de Sanidad según denunció Hertfelder, se
aproxima mucho a la estimación de 80.000 abortos anunciada hace
pocos días por el IPF y suponen la «constatación evidente del
fracaso del Gobierno en esta materia».
Para este organismo de seguimiento de la
realidad familiar en España, la política del Partido Popular
entre 1996 y 2004 en materia educativa-sexual «ha convertido el
aborto en un verdadero negocio para las clínicas privadas, que
ya mueve más de 4.000 millones de pesetas al año».
La exigencia del IPF se basa, además de en las
cifras, en la «necesidad» de rectificar pues, en caso contrario,
«parecería como si el Gobierno del PP estuviera más preocupado
en fomentar el negocio de las clínicas privadas abortistas, que
en aplicar medidas de apoyo a la mujer embarazada» y de
reducción de la escalada de abortos en España.
Lógica continuista
En el comunicado remitido por el
Instituto de Política Familiar se apunta a la «responsabilidad
directa» del Partido Popular por su política «errónea e
ineficaz» ya que en los últimos 6 años el aborto ha aumentado
en más del 50 por ciento, desde los 50.000 abortos de 1996 hasta
los casi 80.000 actuales.
Hertfelder mantiene la postura explicada a este diario hace unos
días de que estas cifras son «consecuencia lógica de la
política continuista del PP» respecto a la realizada por el
PSOE.