Batasuna amenaza que bloqueará el
proceso si se encarcela a su Mesa Nacional la próxima semana
Jarrai avisa de que «la juventud vasca no está en
tregua» y organiza una protesta en Pamplona
Iker Moneo
LA RAZÓN DIGITAL. Viernes, 26.05.2006. Vitoria
Batasuna dio ayer jueves, 25.05.2006, un paso
más en su estrategia de presión para acelerar el diálogo
político, con el que pretende sacar adelante su proyecto
independentista, con una seria advertencia al Ejecutivo del PSOE:
si la próxima semana son encarcelados los ocho miembros de la
Mesa Nacional -citados a declarar por la Audiencia Nacional por
incumplir la Ley de Partidos- «el proceso entrará en situación
de bloqueo».
Esta amenaza la lanzó ayer, jueves, 25.05.2006,
el portavoz de la formación ilegalizada, Joseba Permach -uno de
los imputados junto a Arnaldo Otegi- en una entrevista realizada
en la radio pública vasca, justo veinticuatro horas después de
presentar en público a la «comisión negociadora» con la que
los abertzales pretenden participar en la hipotética mesa
multipartita, y adelantar su constitución. Batasuna no deja
pasar un solo día para reclamar el cese de lo que considera
«agresiones a la izquierda abertzale», es decir, los procesos
judiciales a sus dirigentes, pero en esta ocasión avisó al
Gobierno de que si no legaliza a la formación, será el culpable
de situar el proceso abierto tras el alto el fuego de ETA «al
borde del colapso».
Permach reprochó al PSOE que ponga una y otra
vez «excusas» para «evitar y condicionar» el debate político
y el arranque de la mesa de partidos. En este sentido consideró
una «ridiculez» que el presidente Rodríguez Zapatero pueda
hablar con ETA, «que todo el mundo sabe que no es precisamente
una organización legal», y que suponga un «problema» para
dialogar con Batasuna su ilegalidad.
Música celestial.
Por su parte, el Alto Comisionado para las
Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces Barba, también comentó
ayer, jueves, 25.05.2006, la presentación que Batasuna hizo el
pasado miércoles de los negociadores que participarían en una
supuesta mesa de partidos.
En declaraciones a los periodistas en Jaén,
Peces Barba concretó que esa propuesta suena como «música
celestial, o como se dice en latín, un “flatus voci”,
porque en realidad, es un partido ilegal todavía», al tiempo
que recordó que «habrá que dar muchos pasos antes de que esas
palabras puedan tener cualquier eco».
Además, consideró que «es el momento»
oportuno para «dar ese primer paso» con el fin de «intentar
averiguar cuáles son las intenciones reales de ese grupo
terrorista» al tiempo que constató que «el hecho es que todos
los grupos, incluido el PP, están a favor de ese primer paso»,
informa Europa Press.
Por último, los jóvenes proetarras
advirtieron ayer, jueves, 25.05.2006, de que «la juventud vasca
no está ni estará en tregua a favor de la independencia». Segi,
antes Haika, antes Jarrai, ha convocado para hoy, viernes, 26.05.2006,
una concentración en Pamplona frente a la sede de Unión del
Pueblo Navarro, que ha sido prohibida por la Delegación del
Gobierno. No se descarta que los proetarras, según han informado
a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, provoquen incidentes ya que,
en una nota conocida ayer, culpan a Madrid «de lo que pueda
suceder».
Esta nueva jornada de lucha a favor de la
independencia es continuación de la que esta misma organización
convocó la semana pasada en el País Vasco y que concluyó con
varios individuos detenidos y con una serie de ataques de
terrorismo callejero contra sedes del PNV y el domicilio de un
socialista.
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El juez amplía la imputación de ocho
miembros de Batasuna por amenazas terroristas
Efe. Viernes. 26.05.2006- Madrid.-
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska acordó
hoy, viernes, 26.05.2006, ampliar la imputación por nuevas
amenazas terroristas a los ocho miembros de Batasuna que ya
había sido citados para los próximos días 31 de mayo y 1 de
junio, por un delito de amenazas terroristas.
Grande-Marlaska considera que las últimas
declaraciones de miembros de ETA y de Batasuna condicionando el
mantenimiento del alto el fuego permanente anunciado por la banda
a la creación de una Mesa de Partidos podría constituir un
delito de amenazas terroristas.
En consecuencia, y en un auto notificado hoy,
viernes, 26.05.2006, el magistrado acuerda ampliar a este delito
las imputaciones hechas a ocho miembros de la Mesa Nacional de
Batasuna, entre ellos a su portavoz Arnaldo Otegi, a quienes
había citado para los próximos días 31 de mayo y 1 de junio
por contravenir la suspensión de actividades de la formación
abertzale decretada el pasado mes de enero.
En principio, en esa comparecencia los citados
iban a ser interrogados solamente en relación con el acto
celebrado el pasado 24 de marzo en el hotel Tres Reyes de
Pamplona, en el que se presentó públicamente la nueva Mesa
Nacional de Batasuna. Sin embargo, Grande-Marlaska
considera que «con posterioridad a dicho evento (...), se han
producido nuevos hechos que, ‘ab initio’, revisten los
caracteres de delito y que aconsejan ampliar el contenido de esas
declaraciones».
El juez cita la constitución de la llamada
«comisión negociadora» de Batasuna que integraría la Mesa de
Partidos, las manifestaciones hechas ayer por el dirigente de la
formación abertzale Joseba Permach -advirtiendo de que una
decisión judicial desfavorable a sus intereses pondría el
proceso de paz «en situación de bloqueo»- y la entrevista a
ETA publicada en Gara el pasado día 14.
Según el magistrado, estos hechos podrían
constituir un delito de amenazas terroristas
«al hacer depender explícitamente, más que implícitamente, el
cese de la violencia del frente militar de la organización
terrorista de unos determinados factores, tratando de generar un
temor racional en la sociedad, caso de sustraerse a la voluntad
de quien materializa tales expresiones».
Además de a Otegi, el juez interrogará la
próxima semana sobre estos hechos a Pernando Barrena, Joseba
Permach, Joseba Alvarez, Juan Cruz Aldasoro, Jon Gorrotxategi,
Karmelo Landa y Rufino Etxebarria. De ellos, Otegi y Etxebarria
son miembros de la denominada «comisión negociadora» de
Batasuna que debería integrar la Mesa de Partidos cuya
constitución reclama la formación abertzale.
Estos miembros de Batasuna estaban citados por
contravenir la suspensión de actividades de esta formación
decretada el pasado mes de enero. En un auto notificado hoy,
viernes, 26.05.2006, el juez justifica su decisión en la
entrevista concedida por ETA a Gara, en las declaraciones hechas
ayer por el dirigente abertzale Joseba Permach y en la
constitución de la llamada «comisión negociadora» de Batasuna.
Según el juez, estos hechos podrían
constituir un delito de amenazas «al hacer depender
explícitamente, más que implícitamente, el cese de la
violencia del frente militar de la organización terrorista de
unos determinados factores, tratando de generar un temor racional
en la sociedad, caso de sustraerse a la voluntad de quien
materializa tales expresiones».
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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska acordó este viernes ampliar la imputación del dirigente de ETA-Batasuna Arnaldo Otegi y otros siete miembros de la formación ilegalizada, que están citados a declarar la próxima semana, por un delito de amenazas terroristas relacionadas con la entrevista concedida por miembros de ETA al diario "Gara" el pasado día 14 y las declaraciones realizadas este jueves por el coportavoz de Batasuna Joseba Permach. En contra de lo que reflejaba Ernesto Ekaizer en su información en El País, el juez incluye como delito la formación de la comisión negociadora.
L D. Viernes. 26.05.2006- Madrid. (Agencias) El diario El País abrió este viernes, viernes, 26.05.2006, su portada con el titular:"La Audiencia Nacional no prevé medidas cautelares contra Otegi". La pieza, firmada por Ernesto Ekaizer y Luis Rodríguez Aizpeolea, informaba de que "en un intercambio de impresiones" tanto el fiscal como el juez Grande Marlaska no apreciaban delito alguno en la presentación de la denominada "comisión negociadora".
Aduce la información a la ausencia de signos externos de un acto de partido: "no se hizo en nombre de Batasuna ni se exhibieron sus símbolos", dice la noticia de El País. Las fuentes que sostienen la información del diario de PRISA son "judiciales". Pero además de los datos que supuestamente emanan tanto del juez como del fiscal, la noticia de Ekaizer y Aizpeolea interpreta que: "Postular la negociación, con todo lo polémico que pueda resultar por parte de Batasuna, podría en este caso formar parte de la libertad individual de expresión". No es ese el criterio del juez Grande Marlaska que, horas después, amplía las imputaciones a Otegi y a los participantes en esa presentación. El magistrado considera que los dos hechos citados, en relación con la entrevista concedida por miembros de ETA al diario Gara el pasado 14 de mayo, podrían ser constitutivos de amenazas "al hacer depender explícitamente, más que implícitamente, el cese de la violencia del frente militar de la organización terrorista de unos determinados factores, tratando de generar un temor racional en la sociedad, caso de sustraerse a la voluntad de quien materializa tales expresiones".
Vulneración de la suspensión de actividades
En un auto de tres páginas, el juez recuerda que los miembros de Batasuna han sido citados por haber vulnerado la suspensión de actividades que pesa sobre la organización al designar su nueva Mesa Nacional, que fue presentada el pasado 24 de marzo en el hotel Tres Reyes de Pamplona. Con posterioridad a dicho evento se han producido "nuevos hechos que 'ab initio', revisten los caracteres de delito y que aconsejan ampliar el contenido de esas declaraciones", según el juez. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se refiere a la constitución, el pasado miércoles, 24.05.2006, de "una comisión de miembros que debería integrar lo que ellos entienden una Mesa de Partidos, tras la declaración de 'alto el fuego permanente' de la organización terrorista ETA" y de las manifestaciones desarrolladas en su presentación.
Dice el juez que también deben tenerse en cuenta las declaraciones del jueves de Permach, donde hace referencia "a la necesidad de proceder en tal sentido, con el fin de garantizar dicha situación y sin concurrencia de interferencia alguna", como lo sería la adopción de medidas cautelares contra él y el resto de citados. Permach vinculó los hipotéticos encarcelamientos a un "bloqueo" del proceso de paz abierto tras el alto el fuego de ETA.
Todas estas circunstancias, más la entrevista en Gara, forman parte, según Grande Marlaska, de un "ideario común" que trata de hacer depender la situación de ausencia de violencia "de un concreto comportamiento de contrario por parte de los poderes legítimos del Estado y que constituye base histórica para poder verificar, indiciariamente, la comisión del delito de amenazas". A petición de la Fiscalía, el juez ha citado a Otegi a las cinco de la tarde del próximo día 31 junto con los dirigentes proetarras Jon Gorrotxategi, Karmelo Landa y Rufino Etxebarria, mientras que un día después serán interrogados Juan Cruz Aldasoro, Pernando Barrena, Joseba Permach y Joseba Álvarez.
Los imputados habrían incurrido en una reiteración delictiva al contravenir el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 el pasado 17 de enero, que suspendió por dos años cualquier actividad de Batasuna dentro de la causa que investiga la financiación de ETA a través de las herriko-tabernas controladas por la organización ilegalizada. El juez considera que Batasuna "es el frente político institucional" de ETA y menciona la existencia de documentos incautados a miembros de la banda en los que se alude a la "socialización del conflicto" con la finalidad de "obligar al Estado a aceptar los fines inherentes a la actividad criminal desarrollada".
Un fiscal apartado del caso
En su comparecencia, además de el juez y de
los abogados de las acusaciones populares, estará presente el
teniente fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, quien -según
informaron hoy fuentes del ministerio público- se ha hecho cargo
del caso después de que el fiscal que lo llevaba hasta ahora,
Juan Moral, haya sido apartado del mismo. Las fuentes consultadas
añadieron, no obstante, que la designación de Santos es "provisional"
hasta que el próximo día 5 de junio el nuevo fiscal jefe de la
Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, mantenga una reunión con
los fiscales a sus órdenes para asignarles los casos.
Moral fue el fiscal que, el 26 de mayo del año pasado,
pidió el ingreso en prisión incondicional de Arnaldo Otegi
-para quien el juez decretó prisión eludible bajo fianza de 400.000
euros- y que, cuatro días después, solicitó su procesamiento
por un delito de integración en ETA. Sin embargo, el pasado 29
de marzo, cuando, después de que el fiscal general del Estado,
Cándido Conde Pumpido, hubiera anunciado que se volvería a
pedir el ingreso en prisión de Otegi, el ministerio público que
terminó solicitando que se aumentara la fianza exigida, ya no
fue Moral, sino Santos, quien representó a la Fiscalía en la
comparecencia del portavoz abertzale.
Santos aseguró este viernes a los periodistas que la Fiscalía
todavía no ha decidido si solicitará o no la imposición de
alguna medida cautelar a los imputados citados la semana que
viene, mientras que los abogados de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT) y de la asociación
Dignidad y Justicia, que ejercen la acusación popular, avanzaron
que pedirán el ingreso en prisión de varios de ellos. El
letrado Juan Carlos Rodríguez Segura, de la AVT, dijo que
pedirá prisión incondicional para los ocho, mientras que
Joaquín Ruiz Infante, de Dignidad y Justicia, sólo dio por
seguro que solicitará esa medida respecto de Otegi, Barrena,
Permach y Alvarez. Este último abogado, además, pidió hoy al
juez que, además de a estos ocho, cite a declarar como imputados
al resto de los treinta miembros de la nueva Mesa
Nacional de Batasuna.
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Del Burgo denuncia a Otegi ante la Fiscalía por la "comisión negociadora" de Batasuna-ETA
Pese a no tener intención de adoptar medidas cautelares contra Otegi, como había filtrado a El País, la Fiscalía deberá pronunciarse después de que el diputado de UPN en el Congreso de los Diputados haya presentado una denuncia contra el portavoz batasuno y las otras cinco personas que comparecieron el miércoles junto a él y que se presentaron como integrantes de una "comisión negociadora". Del Burgo recuerda que Batasuna está ilegalizada y que no puede "ser tenida como interlocutora válida en ningún foro de diálogo o de negociación política".
(LIbertad Digital. Viernes. 26.05.2006- Madrid.) En el texto, que ha adelantado Libertad Digital, Jaime Ignacio del Burgo expone que, al amparo del artículo 264 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, presenta una denuncia contra Arnaldo Otegi, Arantza Santesteban, Xabier Larralde, Elena Urabayen, Olatz Dañobeitia y Rufino Etxeberria.
Todos ellos participaron este miércoles en una rueda de prensa en Pamplona. Entonces se presentaron como integrantes de una "comisión negociadora" designada por la denominada "Mesa Nacional" de Batasuna-ETA. Su objetivo, explica el texto de la denuncia, es que sean tenidos en cuenta "como interlocutores en una hipotética mesa de partidos que pudiera formarse con representantes de los siete territorios que, a su juicio, componen la nación vasca o Euskal Herria, para acordar un nuevo estatus político para el País Vasco y resolver el supuesto conflicto que enfrenta, según ellos, al pueblo vasco con los Estados español y francés".
Del Burgo recuerda en su argumentación que Batasuna fue disuelta como partido político por los tribunales de justicia porque quedó acreditado que era parte integrante de la banda terrorista ETA. Teniendo esto en cuenta, incide el diputado de la marca electoral del PP en Navarra en que Batasuna "no puede tener legalmente órganos de gobierno, ni realizar actos públicos, ni ninguna otra actividad, ni ser tenida como interlocutora válida en ningún foro de diálogo o de negociación política".
Explica el parlamentario que la rueda de prensa del pasado miércoles es un acto más de los múltiples que está protagonizando Batasuna-ETA en Pamplona de forma reiterada "y que hasta el momento han gozado de total impunidad, habida cuenta que el Ministerio Fiscal no ha ejercido las funciones que su Ley reguladora le confieren para la defensa del ordenamiento jurídico quebrantado, excitando la acción de la Justicia".