Historia de España
La crisis económica iniciada
en 2007
España desde 1982
Pacto de PSOE y PP en 2011 que reforma la Constitución para limitar el déficit, pero deja las cifras para otra ley. El déficit de cada comunidad autónoma no podrá superar el 0,14 por ciento de su producto interior bruto
El Gobierno lanza una reforma constitucional, laboral y fiscal en plena compra de bonos por parte del BCE. Actuó horas después de la intervención de Trichet
LD 2011-08-25 Libre mercado
La historia se repite. En mayo de 2010 el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se vio obligado, en contra de su voluntad y de sus principios ideológicos, a presentar un histórico paquete de recortes presupuestarios (congelación de pensiones y rebaja salarial a los funcionarios, entre otras medidas) con carácter de urgencia ante el Congreso para tratar de evitar la bancarrota de España.
Este mes de agosto acaba de acontecer algo muy similar. El Banco Central Europeo (BCE) intervino en el mercado de deuda pública de España e Italia hace ahora algo más de dos semanas para tratar de rebajar la disparada prima de riesgo que presentaban ambos países. Desde entonces, el organismo monetario ha adquirido unos 36.000 millones de euros en bonos periféricos, aunque se desconocen por el momento las cuantías exactas correspondientes a España e Italia.
Tras la primera adquisición, la prensa italiana filtró una carta enviada por el BCE al Gobierno de Berlusconi en la que imponía determinadas condiciones. Días después, Roma aprobó un plan de ajuste para tratar de reequilibrar sus cuentas públicas en línea con lo estipulado desde Bruselas.
El Gobierno español, sin embargo, echa balones fuera ante las reiteradas preguntas de los medios acerca de una supuesta carta remitida igualmente desde el BCE. De hecho, la ministra de Economía, Elena Salgado, insiste en que las últimas medidas económicas propuestas con urgencia desde Moncloa no responden a ningún mandato externo sino a una decisión "autónoma". Pero los hechos no concuerdan con tales declaraciones.
Reforma constitucional
En primer lugar, Zapatero propuso este martes, 23.08.2011, por sorpresa, reformar la Constitución para limitar el déficit público y la deuda a partir de 2018 ó 2020. Esta medida ha sido reiteradamente rechazada por el PSOE... Hasta ahora. ¿A qué responde dicho cambio? El Gobierno comenzó a plantearse la posibilidad de reformar la Constitución en la segunda semana de agosto, horas después de que el BCE anunciase la compra de bonos españoles.
La reunión del BCE en la que se trató este tema tuvo lugar el 7 de agosto, y el día 10 -miércoles- Salgado solicitó un informe jurídico a sus asesores paras saber si la modificación constitucional para limitar el déficit era posible y, en concreto, de qué modo podía llevarse a efecto, según informa este jueves El Mundo. Lo que más llama la atención es la celeridad con la que se tomó esta decisión, que carece de precedentes.
A la semana siguiente, el presidente galo, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, celebraron una reunión bilateral en la que instaban explícitamente a los 17 socios miembros de la zona euro a introducir límites constitucionales al déficit antes de mediados de 2012. España ha sido el primer país en recoger tal iniciativa, que ya fue instaurada por Alemania en 2009. En estos últimos días, Zapatero aceleró los contactos políticos para poner en marcha tal reforma, alegando ante la cúpula del PSOE que "es la medida menos dura de las que se podía tomar".
Moderación salarial
Asimismo, Zapatero se reunió el pasado 17 de agosto en el Palacio de La Moncloa con los máximos dirigentes de CC.OO., UGT y CEOE, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez y Juan Rosell, para abordar la situación económica y pedirles un nuevo esfuerzo de moderación salarial, según han confirmado a Europa Press fuentes de la negociación. Lo sorprendente, una vez más, es que tal reunión se desarrolló en secreto, según informa El País.
Pero más allá de lo que comentaron durante este encuentro, lo cierto es que la respuesta sindical no se hizo esperar y al día siguiente los dirigentes de CCOO y UGT hicieron pública una carta que habían enviado a Zapatero y que puede interpretarse como la respuesta de ambas organizaciones a las peticiones del presidente.
En aquella carta, Toxo y Méndez le expresaban su preocupación por la gravedad de la situación económica y realizaban una serie de propuestas dirigidas a dinamizar la actividad. Entre dichas propuestas, los dirigentes sindicales se mostraban dispuestos a seguir apoyando la moderación salarial más allá de 2012 -hasta 2014- a cambio de desbloquear los convenios colectivos y de un compromiso firme de las empresas para contener sus beneficios empresariales y para invertir sus excedentes en la mejora del tejido productivo.
El acuerdo de negociación colectiva firmado entre sindicatos y patronal para el periodo 2010-2012 contempla un incremento salarial del 1% para 2010, de entre el 1% y el 2% para 2011 y de entre el 1,5% y el 2,5% para 2012.
Reforma laboral
También en agosto se ha gestado una nueva reforma laboral por la puerta de atrás que, en gran medida, tumba algunos de los preceptos establecidos en la anterior reforma. Así, por ejemplo, Trabajo suspenderá durante dos años el actual límite para encadenar contratos temporales y derogar el actual contrato de formación, implantando uno nuevo, denominado contrato de formación y aprendizaje que, muy al estilo alemán, permitirá a los jóvenes sin cualificación combinar trabajo y formación, cobrando para ello un salario que, proporcionalmente a la jornada laboral desempeñada, no podrá ser inferior en ningún caso al salario mínimo interprofesional (SMI).
Además, estos nuevos contratos de formación en su mayoría estarán exentos de cotizar a la Seguridad Social hasta el 31 de diciembre de 2013. Estos parches laborales serán aprobados este viernes en Consejo de Ministros.
Nuevo ajuste fiscal
Por último, y al igual que ha acontecido en Italia, el Gobierno se plantea seriamente subir los impuestos a las rentas altas, una medida descartada hasta hace apenas unas semanas. Así, más allá de la hipoteca fiscal impuesta a las grandes empresas el pasado viernes, el recorte del gasto farmacéutico o la reducción del IVA al 4% para la compra de vivienda nueva, medidas todas ellas aprobadas igualmente por vía de urgencia mediante un Real-Decreto, Economía podría otorgar luz verde este mismo viernes a un nuevo aumento tributario.
En definitiva, las prisas y los bandazos ofrecidos por el Gobierno estas últimas semanas para poner en marcha nuevas medidas económicas coinciden con la intervención del BCE en el mercado de deuda nacional, lo cual implica un rescate encubierto. ¿Casualidad?
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Como deseaba Rubalcaba, el límite, del 0,4%, estará en una ley orgánica y no en la Carta magna. Sí habrá mención a que el déficit no supere lo establecido por la UE.
2011-08-26 Libertad digital
El PSOE y el PP han cerrado esta madrugada el acuerdo para reformar la Constitución y establecer una disciplina de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas, al mismo tiempo que han pactado un documento marco para una futura ley orgánica, que fijará en un 0,4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas.
Después de intensas negociaciones mantenidas
en los dos últimos días, especialmente durante este jueves, el
acuerdo ha fraguado entre PSOE y PP, aunque por el momento no ha
sido posible sumar a otras fuerzas parlamentarias, han informado
a Efe fuentes socialistas.
Con este consenso, el techo de déficit y deuda se saca fuera de
la reforma de la Carta Magna, que, según la redacción pactada,
no recoge ninguna cifra a este respecto, tal y como pretendía el
candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo
Pérez Rubalcaba.
Las concreciones se dejan para la ley orgánica que tendrá que
ser aprobada antes del 30 de junio de 2012, que fijará en un 0'4
por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de
las administraciones públicas a partir de 2020.
Se distribuiría del siguiente modo: el déficit estructural en
que podrá incurrir el Estado no superará el 0,26 por
ciento del producto interior bruto nacional, en tanto
que el déficit estructural en que podrá incurrir cada
comunidad autónoma no podrá superar el 0,14 por ciento de su
producto interior bruto. Mientras, las entidades locales
deberán presentar equilibrio presupuestario.
Mediante la nueva ley, según el acuerdo alcanzado, se fijarán
los criterios para la reducción progresiva del nivel de deuda,
de acuerdo con el valor de referencia establecido en el Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de alcanzar
en 2020 el límite contemplado en el artículo 135.
Los límites referidos al déficit estructural, así como la
senda para la consecución del objetivo de deuda en 2020, podrán
ser objeto de revisión en 2015 y en 2018, a iniciativa
de cualquiera de las partes que suscriben este acuerdo.
Se entenderá por saldo estructural aquel que se deriva de no
considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las
expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos,
garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los
servicios públicos fundamentales.
Respecto a la reforma de la Constitución, debe llegar este
viernes al registro del Congreso para poder poner en marcha los
mecanismos de su tramitación y que durante la próxima semana
haya tiempo de aprobarla con carácter de urgencia y por la vía
de lectura única.
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Tras las voces críticas surgidas en el PSOE
por este tema, Rubalcaba decidió el miércoles tomar las riendas
de la negociación con el PP y el jueves propuso una fórmula
para que en la reforma se hable de disciplina de gasto, pero sin
incluir cifras de límite de déficit, que se fijarían en una
ley orgánica posterior.
Fuentes del PP han reiterado a Efe su disposición para llegar a
un entendimiento, "aunque sea sin incluir una cifra".
Las mismas fuentes han recordado que quien había
planteado una cifra para incluirla en la Carta Magna era el
Gobierno, no el PP, por lo que han emplazado a Rubalcaba
a ponerse de acuerdo con el Ejecutivo en este sentido. De hecho,
el PP sostiene que las negociaciones las llevan directamente el
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el
líder del PP, Mariano Rajoy.
Rubalcaba se impone
Fuentes de la dirección del PSOE indicaron a Efe que Alfredo Pérez Rubalcaba habría trasladado su propuesta al grupo socialista, que está en pleno debate de la reforma constitucional, y que ésta pasa porque no se incluya cifra alguna en el límite al déficit público.
La idea del candidato es que ese punto se desarrolle posteriormente en una ley orgánica. Así, Rubalcaba pretende asegurarse de que "la letra pequeña" de la reforma constitucional garantice una flexibilidad suficiente como para que el gobierno de turno tenga margen de maniobra ante hipotéticas situaciones de emergencia, en las que podría ser necesario, alega, no mantener un déficit cero.
La flexibilidad predicada por Rubalcaba llegaría al punto de que no figure cifra alguna, lo que deja en la práctica sin contenido al límite constitucional. A cambio, el candidato podría conseguir aplacar la rebelión interna desatada en el PSOE por la oposición de amplios sectores del partido a la medida.
El candidato también aspira a que esta reforma no se pacte sólo con el PP, sino que se amplíe al mayor número de fuerzas parlamentarias posibles, con CiU a la cabeza. Las negociaciones se están celebrando contrarreloj porque es necesario que el acuerdo esté listo en pocas horas para que pueda ser aprobado antes de las generales.
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El documento pactado afecta a un solo artículo, el 135
2011-08-26 Libertad digital
Queda redactado como sigue el artículo 135:
-1. Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
-2. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus estados miembros.
Una ley orgánica será la que fije el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas en relación con su producto interior bruto, mientras que las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
-3. El Estado y las comunidades habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.
Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
-4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
-5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera.
En todo caso, regulará la distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas administraciones públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
Igualmente, regulará la metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural y la responsabilidad de cada administración en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
-6. Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.
En una disposición adicional única se
establece que la futura ley orgánica deberá estar aprobada
antes de 30 de junio de 2012 y deberá contemplar los mecanismos
que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se
refiere el artículo 135.3.
Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de
la Constitución Española entrarán en vigor a partir de
2020.
Consideran los proponentes de esta reforma que la actual
situación económica y financiera, marcada por una profunda y
prolongada crisis, "no ha hecho sino reforzar la
conveniencia de llevar el principio de referencia" a la
Constitución, al objeto de fortalecer la confianza en la
estabilidad de la economía española a medio y largo plazo.
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Borrell no entiende el "cambio de opinión" del Gobierno
LD, miércoles, 2011-08-24 Libre Mercado
El socialista Josep Borrell se ha mostrado este miércoles, 2011-08-24, en Santander en contra de la reforma de la Constitución pactada por el Gobierno de España y el PP para limitar el déficit y ha reconocido estar "muy sorprendido" con el cambio de opinión del Ejecutivo nacional y su "defensa apresurada" de la medida, informa Europa Press.
"Hasta antes de ayer había oído en boca del presidente del Gobierno y del candidato socialista un rechazo bastante rotundo a esa medida", ha apuntado Borrell en una rueda de prensa ofrecida con motivo de su participación en el curso 'Europa y la gobernanza global' que se imparte en el marco de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Borrell, ex ministro del PSOE y ex presidente del Parlamento Europeo, ha afirmado que si actualmente fuera diputado "no votaría a favor" de la reforma constitucional porque, a su juicio, "no se puede votar una medida de esa naturaleza deprisa y corriendo".
Sobre el cambio de postura del Gobierno de España frente a este reforma, el socialista, actual presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia, ha señalado que "alguna razón tiene que haber" para que el Ejecutivo haya convertido todas sus declaraciones en contra de la reforma y las críticas al líder de la oposición, Mariano Rajoy, en una "defensa apresurada" de la medida.
"Como ha dicho en alguna ocasión Zapatero, yo creo que no estamos tan mal como para tener que recurrir a este tipo de tranquilizantes para los mercados", ha apuntado.
Un "sacrificio" que no comparte
Borrell ha explicado que "no es partidario de este tipo de cosas" porque cree que la Constitución "es un marco para la acción", que define objetivos y principios, y que, a su juicio, "no debería de dictar el uso de la política económica".
En su opinión, el déficit público "no es sólo un problema", sino también un "instrumento de la política económica". "En este momento tenemos un problema porque la crisis ha hecho que el déficit crezca, pero renunciar a un instrumento de la política económica, auto-prohibirnos utilizar un instrumento que en algún momento puede ser útil o incluso necesario es un sacrificio a una concepción ideológica del rol del Estado que yo no comparto", ha dicho.
Cuestionado por los periodistas, Borrell ha calificado la medida como un "sacrificio ritual a las exigencias de la señora Merkel" y ha advertido de que "reduce" el rol del Estado.
Además, se ha preguntado con qué instrumento va a hacer ahora frente el poder público "a las circunstancias cambiantes de la economía". "Ya hemos renunciado a la política monetaria y la hemos puesto en manos de un banco central independiente. Ahora, se nos exige que renunciemos a la política fiscal", ha censurado.
A su juicio, este tipo de "autolimitaciones no tienen sentido" desde el punto de vista del economista. "No lo comprendo", ha añadido Borrell, quien no cree que los mercados se vayan a tranquilizar por la reforma.
"Lo que les preocupa en estos momentos es el crecimiento económico. La tesis de que hemos de juramentarnos a no tener déficit porque así retornará la confianza y esto provocará que se vuelva a invertir y se vuelva a crecer es un cuento chino", ha aseverado.
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Moncloa negocia con los sindicatos extender la moderación salarial
LD 2011-08-25 Libre Mercado
CCOO, UGT y la CEOE ultiman la renovación del
acuerdo social para mantener la moderación salarial hasta 2013
ó 2014, cuya vigencia actual llega hasta 2012, y que establece
subidas de entre el 1% y el 2% para este año y de entre el 1,5%
y el 2,5% para el próximo.
Fuentes sindicales han señalado a EFE que ayer hubo una
reunión técnica entre ambas partes y no descartan que
haya nuevos encuentros la semana que viene para avanzar en el
pacto.
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de
UGT, Cándido Méndez, enviaron una carta al presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el
pasado 18 de agosto, en la que se mostraban dispuestos a ampliar
el periodo de moderación salarial si los empresarios moderaban
sus márgenes de beneficio y se comprometían a hacer
inversiones. Las mismas fuentes han confirmado que un día antes,
Zapatero convocó a una reunión a ambos líderes
sindicales, junto con el presidente de la CEOE, Juan
Rosell, para pedirles que prolongaran hasta 2014 el acuerdo que
termina en 2012, según adelanta este jueves el diario El
País.
Zapatero, durante su intervención en el pleno del Congreso el
pasado martes para defender sus últimas medidas económicas,
agradeció a Toxo y Méndez su carta y dijo que se trataba de una
"muestra de responsabilidad" en un momento en el que se
necesitan reformas para la creación de empleo.
El presidente también subrayó la necesidad de moderar
salarios y beneficios para mejorar la competitividad perdida
desde la entrada en el euro, que se ha podido recuperar
en parte gracias a la vigencia del actual acuerdo de negociación
colectiva, firmado por la patronal y los sindicatos en 2010. El
presidente añadió que sería un "eslabón más de
credibilidad" en la "senda de la recuperación" si
los agentes sociales "de forma inmediata" extendieran
el acuerdo a un período más amplio.
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El Gobierno suspende el límite para encadenar contratos temporales
El Gobierno ha decidido ampliar hasta los 30 años el contrato de formación de manera transitoria.
LD 2011-08-24 Libre Mercado
El Gobierno quiere suspender durante dos años el actual límite para encadenar contratos temporales y derogar el actual contrato de formación, implantando uno nuevo, denominado contrato de formación y aprendizaje que, muy al estilo alemán, permitirá a los jóvenes sin cualificación combinar trabajo y formación, cobrando para ello un salario que, proporcionalmente a la jornada laboral desempeñada, no podrá ser inferior en ningún caso al salario mínimo interprofesional (SMI).
Así consta en el borrador del Real Decreto-Ley que el próximo viernes llevará el Gobierno al Consejo de Ministros y en el que se precisa que la decisión de suspender temporalmente la regla que impide encadenar contratos temporales se debe a que, "lejos de fomentar la contratación indefinida", puede estar produciendo "efectos indeseados" de no renovación de contratos temporales.
En concreto, el borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, precisa que durante dos años quedará suspendido el artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el que se establece que adquirirán la condición de fijos aquellos trabajadores que en un plazo de treinta meses hubieran estado contratados durante más de dos años, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas mediante dos o más contratos temporales.
En cuanto al nuevo contrato de formación, el Gobierno explica en su borrador que se podrá realizar con jóvenes de entre 16 y 25 años que carezcan de cualificación profesional alguna, si bien, de manera transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2013, esta modalidad contractual también podrá efectuarse con jóvenes de hasta 30 años sin cualificación profesional. En el caso de celebrarse con personas con discapacidad, no habrá límite máximo de edad.
En el texto se explicita que la duración del contrato será de dos años, aunque podrá prorrogarse otro año más en función de las necesidades formativas del trabajador o de las necesidades organizativas de las empresas. Una vez expirada la duración del contrato, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa. Estos contratos no podrán efectuarse cuando el puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma empresa por tiempo superior a un año.
Las empresas que, al finalizar su duración, transformen estos contratos en indefinidos podrán disfrutar de una reducción en la cuota empresarial de la Seguridad Social de 1.500 euros al año durante tres años. En el caso de las mujeres, la rebaja en la cotización será de 1.800 euros anuales. Para tener derecho a estas reducciones, la transformación deberá implicar un aumento en el nivel de empleo fijo de las empresas contratantes.
El trabajador sujeto a este contrato deberá recibir la formación oportuna en un centro formativo reconocido por el sistema nacional de empleo y la actividad laboral que desempeñe en la empresa deberá estar relacionada con la formación que esté recibiendo. Ésta tendrá que comenzar como máximo en un plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de la celebración del contrato.
El SMI será la referencia y la jornada no podrá superar el 75%
Según el borrador, el trabajador podrá solicitar un certificado de profesionalidad en función de la cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato.
El tiempo de trabajo efectivo que desempeñe el trabajador deberá ser compatible con el dedicado a las actividades formativas y no podrá superar el 75% de la jornada máxima prevista en convenio o, en su defecto, de la jornada máxima legal. Tampoco podrán realizarse horas extraordinarias ni trabajos nocturnos o a turnos.
La retribución del trabajador contratado bajo esta modalidad se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo pero, en ningún caso, el salario percibido podrá ser inferior al SMI en proporción a las horas efectivas dedicadas. Además, el trabajador contratado bajo esta modalidad tendrá derecho a prestación por desempleo y estará protegido por todas las contigencias y prestaciones de la Seguridad Social.
Las empresas que efectúen contratos de esta naturaleza desde la entrada en vigor de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2013 con trabajadores mayores de 20 años e inscritos en el paro con anterioridad al 16 de agosto de 2011 tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, a una reducción de las cotizaciones empresariales del 100% en el caso de que la empresa empleadora tenga una plantilla inferior a 250 personas o del 75% si igualan o superan esa cifra. Para tener derecho a estas bonificaciones, estos contratos deben traducirse en un aumento de personal en el seno de las empresas.
Asimismo, los trabajadores contratados bajo esta modalidad estarán eximidos de pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato.
Suplemento de crédito de 50 millones para pagar los 400 euros
El Real Decreto-Ley que irá este viernes al Consejo de Ministros prorrogará hasta 2013 el pago por parte del Fogasa de parte de las indemnizaciones por despido, aunque sólo en los casos de despidos procedentes, al tiempo que retrasa al primer semestre de 2013 el desarrollo de un proceso negociador para implantar el fondo de capitalización acordado por Gobierno y agentes sociales.
También se establece que en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la norma, se adoptarán las medidas necesarias para integrar el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fogasa en un único organismo.
La norma prorroga además por otros seis meses, desde el 16 de agosto de 2011 al 15 de febrero de 2012, ambos incluidos, el llamado Plan Prepara, que combina formación y una ayuda de 400 euros mensuales para los parados que hayan agotado todas sus prestaciones. Para atender el pago de estas ayudas, el decreto contempla un suplemento de crédito al servicio público de empleo estatal, a financiar con deuda pública, por importe de 50 millones de euros.
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Las votaciones
DN 31.08.2011 ALFONSO TORICES COLPISA. MADRID
No sólo va a adelgazar el apoyo político a la Constitución, sino que los dos partidos han sido incapaces de sumar al consenso a otras formaciones de nuevo cuño. No es previsible que acepten ninguna de las enmiendas al proyecto que pueden presentarse hasta el jueves, 1.09.2011.
La votación que permitió ayer a la reforma pasar su primer trámite parlamentario fue una radiografía bastante fiel del resultado con el que el Congreso la aprobará el viernes, 2.09.2011.
La admisión del texto tuvo 318 votos a favor de PSOE, PP y UPN; dos abstenciones, de Coalición Canaria; 16 votos en contra, de PNV, ERC, IU, BNG, UPyD y NaBai; y la sorpresiva actitud de los diez diputados de CiU que, en un hecho inusual en el Congreso y pese a estar sentados en el hemiciclo, se negaron a votar como acto de protesta y fueron contabilizados por tanto como ausentes.
Aunque el grupo socialista cree que aún le queda un "margen mínimo" para negociar el apoyo de CiU, fuentes de la federación catalana dijeron que su "no" ya está decidido.
Los diputados de ERC, en una variante del desplante de CiU, tratan de convencer a los grupos de izquierda y nacionalistas para que el viernes abandonen el pleno antes de la votación, con el fin de demostrar su repulsa. Toda la oposición criticó las formas en las que se ha planteado esta iniciativa, en pleno mes de agosto y sin contar con la opinión de todo el arco parlamentario pese a tratarse de una modificación de la Carta Magna.
Muy duro fue el portavoz de CiU Josep Antoni Duran Lleida, que calificó de "esperpéntico" que con "nocturnidad y alevosía" se haya hecho "añicos" el consenso constitucional.
Duran Lleida avisó del "choque de trenes" que supone esta reforma y criticó la agresión que sufrirá la autonomía financiera de las comunidades.
Alonso (PSOE) aseguró que sin esta reforma la situación "se agravaría en otoño" y se alcanzaría un estado "insostenible" que pondría en riesgo las políticas sociales de bienestar.
Una idea que compartió la portavoz del PP, Sáenz de Santamaría, para quien es una medida "necesaria, oportuna y responsable", que reforzará el modelo de Estado y mediante la cual la estabilidad presupuestaria se convertirá en un deber y no en una opción.
Satisfacción de Zapatero
La visualización en el panel luminoso del resultado permitió respirar tranquilos a los máximos responsables socialistas porque confirmó que su grupo parlamentario, pese a las muchas dudas y algunos descontentos con la modificación, cerró filas y mantuvo la disciplina de voto tal y como el día anterior había asegurado el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba.
El presidente Rodríguez Zapatero, muy criticado en su partido por lanzar la reforma por sorpresa y sin debate interno, reconoció al término del recuento estar "muy satisfecho" por "el enorme sentido de la responsabilidad del PSOE".
Sólo el exsecretario general de CC OO y diputado por el PSOE, Antonio Gutiérrez, voto "no" en el grupo socialista. Los cuatro diputados de la corriente Izquierda Socialista, al final votaron sí.
El resultado también permite extraer otras conclusiones. PP y PSOE cuenta con cien votos de sobra para superar los tres quintos del hemiciclo que requiere la aprobación de la norma. Y los dos juntos no dejan margen de voto para pedir el referéndum.
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La reforma constitucional es aprobada definitivamente en el Senado con los votos de PSOE, PP y UPN
DN EFE. MADRID 7/09/2011
La reforma de la Constitución que garantizará
la estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas
ha quedado hoy aprobada definitivamente tras ser avalada por el
Senado con 233 votos a favor de PP, PSOE, PSC y UPN, tres en
contra y sin que los nacionalistas hayan participado en la
votación.
La modificación del artículo 135 de la Carta Magna ha sido
avalada por el pleno de la Cámara Alta después de haber
rechazado mayoritariamente 23 enmiendas de las minorías de
izquierda y las formaciones nacionalistas, incluidas las que
reclamaban que la reforma fuera sometida a referéndum popular.
De esta manera, el texto que se publicará en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) es el mismo que ratificó el Congreso la semana
pasada, con el acuerdo de las mismas fuerzas políticas que hoy
lo han respaldado en el Senado.
Los tres votos emitidos en contra proceden de
los dos senadores de Coalición Canaria, Narvay Quintero y Miguel
Zerolo, y del representante de Foro Asturias, Isidro Martínez
Oblanca.
Los tres senadores de ERC junto al del BNG
se han ausentado del hemiciclo justo antes de la
votación, mientras que los nacionalistas de CiU,
PNV, así como los dos parlamentarios de ICV,
han permanecido en sus escaños, pero sin participar en la
votación final del conjunto.
Además, no han acudido a la sesión plenaria los senadores
socialistas críticos con esta modificación Imanol Zubero y
Roberto Lertxundi.
Las votaciones han estado precedidas de un largo debate en el que
durante tres horas y media los portavoces de los grupos han
reiterado sus argumentos a favor y en contra de la modificación
urgente de la Carta Magna para limitar el déficit público.
Por un lado, PP y PSOE, a quienes se ha unido Unión del Pueblo
Navarro, han exhibido el consenso político alcanzado entre ambos
para una reforma que no sólo consideran necesaria y urgente,
sino obligada por un ejercicio de "responsabilidad"
política ante la inestabilidad de los mercados y la exigencia de
generar confianza.
Tanto Pío García Escudero (PP) como Carmela Silva (PSOE) han
coincidido en que la modificación no es antisocial porque de
hecho permitirá tener unas cuentas públicas saneadas que
garantizarán la aplicación de futuras políticas sociales.
Además, han negado tajantemente que suponga un recorte en el
poder autonómico y local o una nueva centralización,
acusaciones lanzadas desde los grupos nacionalistas; además,
Silva ha advertido que el referéndum podría demorar su eficacia
y poner en riesgo la medida.
Desde el PSC, Isidre Molas ha afirmado que la
Constitución se cambia "en interés de Cataluña, de
España y de Europa", esto es, "a favor de y no contra
nadie", ha hecho notar la situación de
"interdependencia absoluta" de la economía española
ante Europa y ha hablado de ponerse "una vacuna" contra
graves problemas futuros.
Con una posición contraria, los grupos nacionalistas han
recalcado que la reforma lesiona la autonomía financiera y
política de las Comunidades Autónomas y han arremetido contra
el "rodillo parlamentario" de socialistas y populares.
En nombre de los republicanos de ERC, Miquel
Bofill, que ha intentado expresarse en catalán en la tribuna
hasta que ha sido apercibido por el presidente de la Cámara,
Javier Rojo, ha asegurado que Cataluña queda marginada con este
cambio y ha invitado a los catalanes a que "se
salten el muro de la Constitución".
Por parte de CiU, Jordi Vilajoana ha proclamado
que la medida no soluciona los problemas de inestabilidad de los
mercados, ni recoge las "sensibilidades" del texto
original de la Carta Magna, ya que PP y PSOE han reclamado una
"adhesión sin condiciones".
Vilajoana ha polemizado con el socialista José Ignacio Pérez
Sáenz, quien ha acusado a CiU de haber abandonado el consenso
constitucional, a lo cual él ha replicado que ellos no se han
ido, sino que "nos han sacado ustedes".
Joseba Zubia, del PNV, ha apuntado que "se
ataca al autogobierno de Euskadi", en tanto que
José Manuel Pérez Bouza, del BNG, ha reprobado
a PP y PSOE por haber "banalizado" la Constitución que
antes sacralizaban con una "chapuza" legislativa
"centralista".
El senador Joan Saura, de ICV, ha defendido la
necesidad de un referéndum para responder a la demanda ciudadana
a favor de más participación política, y el nacionalista
Narvay Quintero, de CC, ha denunciado que la
reforma socave las competencias autonómicas.
Las enmiendas de todos ellos han sido rechazadas en las
votaciones previas a la de conjunto, que exigía una mayoría de tres
quintos de la Cámara, 157 senadores, ampliamente
rebasada con los 233 sufragios a favor.
Aunque el PSOE y el PP habían apelado en las diversas
intervenciones de sus portavoces a la necesidad de ampliar el
consenso y a tener "altura de miras", finalmente los
grupos disidentes han mantenido sus posiciones críticas.