La crisis económica iniciada en 2007

Dice Tullett Prebon en 2011 que el Reino Unido es otro periférico lleno de deudas insostenibles sin reformas

LD 2011-10-02 Toni Mascaró

La firma Tullett Prebon prevé crecimiento "anémico" y deuda "insostenible" si Londres no aborda reformas. Su informe, Pensando lo impensable.

La prestigiosa financiera británica Tullett Prebon ha publicado un informe sobre la situación de la economía de su país. Sus analistas pronto descubrieron que el plan del Gobierno para reducir el déficit se basaba en unas previsiones de crecimiento económico demasiado optimistas. El informe concluye que Gran Bretaña no podrá crecer lo suficiente para salir de la crisis a menos que aplique reformas drásticas.

Cuando, a principios de año, emprendieron las investigaciones para esta serie de informes, lo denominaron coloquialmente Proyecto Armagedón, sin la intención de que fuese ése el título definitivo. Previendo las consecuencias de un crecimiento anémico en las Islas Británicas durante el próximo lustro, decidieron mantener el título para la serie de informes. Éste, el último de la serie, lleva por nombre Pensando lo impensable.

El tamaño de la deuda

El problema empieza con el abultado déficit. Para Tullett, "Reino Unido es un país europeo periférico cargado de deudas, un hecho que, de momento, sólo los mercados de divisas parecen haber reconocido".

El primer problema se encuentra a la hora de determinar el verdadero volumen de la deuda británica. Los datos oficiales del Gobierno sitúan la deuda pública en 900.000 millones de libras esterlinas (1 billón de euros), lo que representa el 60% del PIB. Pero si se sigue el método del Tratado de Maastricht utilizado para los países de la zona euro se obtiene una deuda de 1,27 billones de euros -75% del PIB-.

Sin embargo, estos datos no incluyen los pasivos no financiados correspondientes a las pensiones que son, por sí solos, mayores que toda la deuda pública oficial, ya que alcanzan los 1,35 billones de euros. A los cuales se les puede añadir los 194.000 millones de euros del programa de pensiones PFI, situando así la deuda pública total en el 167% del PIB. Además, los costes potenciales de una intervención para rescatar al sector financiero ascenderían a 1,54 billones de euros. Esto representaría una deuda pública total del 239% del PIB.

Si tenemos en cuenta la deuda privada hay que añadir 1,38 billones de euros en hipotecas y 240.000 millones de euros en créditos al consumo. La deuda pública sumada a la privada, por lo tanto, asciende al 333% del PIB. La deuda exterior, que casi alcanza los 6,8 billones de euros supone cerca del 398% del PIB.

A pesar de ser tan elevados, "estos niveles de endeudamiento son", según el informe, "gestionables sí, pero solamente si la economía puede crecer" (cursivas en el original). Sin crecimiento hay que empezar a considerar la posibilidad de bancarrota. Y advierte de que aunque suele considerarse "que la crisis de deuda pública española sería un puente demasiado lejano para los mecanismos de rescate, [...] es muy inferior (550.000 millones de libras) a la británica".

El informe observa que un punto fuerte importante de la economía británica sigue siendo la pujanza financiera de la City. Y alerta sobre las tentaciones de emprender (o continuar) políticas que la perjudiquen. "El debate emocional sobre la banca tiende a oscurecer la realidad de que para Gran Bretaña reducir su industria de servicios financieros sería tan racional como que Arabia Saudita redujese su petróleo o que Islandia redujese su pesca".

El plan y las suposiciones heroicas

Para reducir el déficit, el Gobierno de coalición tiene un plan que consiste en "modestos recortes de gasto en términos reales y un gran aumento en los ingresos fiscales, que reducirá el déficit del 11,1% del PIB en 2009-10 al 1,6% en 2015-16".

El anterior Ejecutivo laborista ya había subido los impuestos, y el actual ha elevado el IVA del 17,5% al 20%. Se prevé que la recaudación pase el 36,8% al 38,9% del PIB entre los ejercicios 2009-10 y 2015-16. Durante el mismo periodo las previsiones para el gasto público es que se reduzca en un 3% en términos reales, pasando el 48% al 40% del PIB. Se observa que, incluso aceptando las propias previsiones del Gobierno, no se elimina completamente el déficit y, por lo tanto, sigue aumentando la deuda que, a su vez, sigue generando intereses mayores.

De los 182.000 millones de euros de déficit público que el Gobierno pretende reducir, más de la mitad (96.000 millones) provendrían de la recaudación de impuestos obtenida gracias al crecimiento económico. El problema de este plan, según Tullett, "es que depende de algunas suposiciones económicas bastante heroicas, principalmente, que se consiga crecer al 2,9% antes de 2012-13".

Así que, si la economía británica no lograra tal heroicidad y "el crecimiento fuese la mitad del objetivo oficial, los costes de los intereses y otros gastos aumentarían, la recaudación por impuestos se quedaría muy por debajo de las expectativas y el plan quedaría deshecho".

Hasta un 70% de la economía no podrá crecer

El análisis de Tullett "sugiere que el crecimiento real del 2,9% es un castillo en el aire y que cualquiera que crea esta predicción debe creer tener también una fe inquebrantable en Papá Noel y el ratoncito Pérez".

Para ilustrar tanta desconfianza en las cifras oficiales el informe empieza llamando la atención sobre una aparente paradoja. A saber: "Gran Bretaña, S.A. ha incrementado mucho su capital (deuda) sin generar ninguna mejora en absoluto en el crecimiento de su renta. ¿Por qué?".

Hay que distinguir dos tipos de endeudamiento: el propietario de un restaurante, por ejemplo, que se endeuda para invertir en más espacio para los clientes; y aquél que se endeuda para irse de vacaciones al extranjero. El informe considera que "la gran mayoría de los nuevos préstamos" han sido del segundo tipo.

Analizando los sectores de la economía británica se observa que tres de los ocho mayores (sector inmobiliario, servicios financieros y construcción), que representan conjuntamente el 39% del PIB, son incapaces de crecer ahora que el sector privado ya no se endeuda. Otros tres sectores (sanidad, educación y administración pública y defensa) "representan un 19% adicional, y no pueden expandirse ahora que el crecimiento del gasto público es una cosa del pasado."

Por lo tanto, el crecimiento queda descartado para el 58% de la economía, "una cifra que podría elevarse al 70% si, como parece probable, el crecimiento del comercio minorista se ve frustrado por las caídas de la renta real de los consumidores", advierte el estudio. No es sólo que ese 70% lo tenga muy difícil para crecer es que, "muy probablemente está listo para menguar", así que las perspectivas para el empleo son claramente negativas.

Y es que, según el informe, el aumento del paro ha quedado, de momento, inhibido de forma poco natural. "Parece ser que los bancos se han mostrado contrarios a ejecutar deudas comerciales para evitar cristalizar las pérdidas, lo cual muy probablemente significa que se está manteniendo a flote artificialmente a grandes cantidades de empresas zombis".

Por si fuera poco, tampoco ve "razón alguna para que la inflación vuelva al 2%" por lo que, con el repunte de la inflación y la pérdida de empleos, cabe esperar "caídas importantes en las rentas reales". Así las cosas, "sólo puede ser cuestión de tiempo que los mercados y las agencias de rating empiecen a ejercer serias presiones al alza sobre el rendimiento de la deuda británica. Cuando eso suceda, la libra esterlina estará muy en peligro".

Según el plan del Gobierno, la economía crecerá un 1,9% durante este ejercicio, un 2,7% en 2012-13 y un 2,8% anual hasta 2016. Tullett, en cambio, prevé crecimientos anémicos: un 0,9% este año, un 1,3% el siguiente y un 1,4% anual durante los tres ejercicios siguientes.

La previsión oficial de Londres implica que el déficit quede reducido hasta el 1,5% dentro de un lustro, pero el informe considera que sólo se habrá reducido hasta el 8,8%. El problema más grave consiste en que, según el plan del Gobierno, la deuda pública (calculada según el criterio del Tratado) seguiría aumentando durante este lustro del 70% al 80% del PIB, pero según el informe alcanzaría el 100% del PIB en el ejercicio 2013-14, y para 2016 habría alcanzado ya la cifra insostenible del 108%.

Nueve años temerarios de legado laborista

El informe sitúa el origen de este problema de gasto desbocado en la anterior Administración laborista. "La verdadera tragedia" de cómo dicho Ejecutivo llevó la economía británica fue que Brown y su equipo del Tesoro siguieron negando la evidencia "incluso después de que el mito de su genio económico hubiese explotado".

En 1997, Gordon Brown inició una reforma de la regulación del sistema financiero con la "creencia central de que el sector de los servicios financieros, liberado para prosperar, podría pagar una revolución del bienestar. El Gobierno podría estar ‘inmensamente relajado’ de que una minoría se hiciese ‘asquerosamente rica’ si los impuestos de esta gente financiaban un Estado del Bienestar completamente nuevo como monumento a la sabiduría de la Nueva Ortodoxia".

Concretamente, fueron dos los errores del laborismo en su fallida reforma financiera. En primer lugar, se redujo el poder regulador del Banco de Inglaterra con "la creación de un sistema tripartito" que entregó muchas de sus antiguas responsabilidades a otras instituciones. Además, el banco central quedó "obligado a fijarse sólo en la inflación de precios al consumo al establecer la política monetaria".

Así que, mientras una serie de factores coyunturales del mercado mantenían los precios al consumo a la baja, "los tipos de interés se mantuvieron bajos incluso cuando una inconfundible burbuja de activos empezó a emerger en el mercado inmobiliario". El banco central, desprovisto de su tradicional influencia, no pudo evitar que los bancos expandiesen el crédito ni subir los tipos de interés para desincentivar estos comportamientos.

"En el espacio de nueve años temerarios, la cantidad total de hipotecas financieras aumentó en casi un 150%, de 495.000 millones de libras en 1999 a 1,2 billones en 2008". La Administración laborista, según el informe, estuvo marcada por una "grotesca incompetencia que empezó con arrogancia y acabó echando las culpas a los demás."

Cuatro consecuencias del gasto

Esta "expansión temeraria del gasto público" tuvo, "por lo menos, cuatro consecuencias muy desagradables":

Tullett completa su análisis sobre la pérdida de competitividad del sector público británico con datos de otros informes. El 2010 Global Competitiveness Report (GCR), elaborado por el World Economic Forum (WEF), afirma que Gran Bretaña ha pasado del 7º puesto mundial de competitividad en 1997 al 12º.

De los 139 países analizados, la efectividad del gasto de Gobierno y agencias públicas británicas se sitúa en el puesto 72º, por detrás de Ghana, Pakistán o Egipto. La calidad de las infraestructuras deja a Gran Bretaña en 33º lugar, peor que Barbados o Namibia. Las carreteras británicas ocupan el puesto 35º en calidad, por detrás de Portugal y Namibia.

Entre 1999 y 2000, el gasto en educación experimentó un espectacular incremento en términos reales del 60%, pero según el GCR, la educación británica no pasa del 28º puesto, por detrás de Líbano y Malta. En matemáticas y ciencias cae hasta el 55º, superado por Rumanía y Chipre. En cuanto a la carga de las regulaciones que soportan las empresas, se queda en el puesto 89º, por detrás de Zambia, Paraguay y Arabia Saudita. Incluso peor en cuanto a la extensión y los efectos fiscales: 95º, por detrás de Zimbabue y Angola.

Al final, la gente se dio cuenta de que una minoría estaba prosperando mientras la mayoría veía aumentar sus deudas al tiempo que su poder adquisitivo menguaba por culpa del aumento de los precios (alimentación, transporte, electricidad, agua y gas) y de los impuestos. "Esta tendencia jugó un papel principal en el derrocamiento del Gobierno de Brown", según Tullett.

Reformas y contención de daños

El informe señala "seis puntos críticos que han de quedar claros desde el principio" para que Gran Bretaña pueda salir de la crisis.

1. Parece que el público no es consciente de la gravedad de la situación. Así que uno de los primeros objetivos del Gobierno "debería ser poner fin al estado nacional de negación de la evidencia sobre la verdadera situación de la economía y acabar con el ilusorio sentido individual y colectivo de ‘tener derecho’ que fue fomentado durante los años laboristas. Gran Bretaña no tiene derecho automático a unos niveles de vida elevados o a un Estado del Bienestar. Más bien, estos beneficios hay que ganárselos, no tomarlos prestados".

2. La recesión no podrá ser indolora. Hasta ahora, los bajísimos tipos de interés y el gasto público descontrolado habían conseguido que la gente no notase la caída en el nivel de vida.

3. No hay varitas mágicas macroeconómicas. Es más, "casi todas las permutaciones macroeconómicas ya se han probado, en vano". Se han mantenido los tipos de interés bajísimos durante 28 meses, el Gobierno ha tomado prestados 390.0000 millones de libras (el 27% del PIB) en tres años y se han inyectado otros 200.000 millones vía política monetaria. Pero ninguna de estas tres políticas ha reanimado a la economía. La libra ha permanecido a niveles muy bajos, pero las exportaciones tampoco han conseguido impulsar recuperación alguna

4. Las reformas tendrán que vérselas con muchos intereses creados. "En gran medida, la ideología de la 'justicia' y del 'tener derecho' que la psique pública ha absorbido durante los últimos catorce años constituye el principal obstáculo para cualquier recuperación impulsada por reformas".

5. Para compensar tantas penurias y sacrificios, el Gobierno debería ofrecer al público "una 'agenda de la libertad' que elimine gran parte de la vigilancia excesiva en Gran Bretaña, reduzca los poderes de los gobiernos nacional y locales para interferir en la vida de los individuos, quite muchos aspectos coercitivos del Estado y promueva un mayor grado de protección al consumidor".

6. Hay que dejar de culpar a los demás y empezar a aceptar reducciones en el gasto público. Los que discrepan "deberían preguntarse exactamente qué podría pasarles a los servicios y a las pagas y pensiones públicas si la economía británica siguiese el camino de Grecia e Irlanda".

¿Dónde y cómo recortar?

El gasto público se puede dividir entre el dinero que el Gobierno se gasta en sí mismo (339.000 millones de libras en 2009-10) y el dinero que entrega a otros (349.000 millones de libras). Esta segunda cifra puede desglosarse en los intereses (32.000 millones), pensiones públicas (121.000 millones) y otras transferencias (196.000 millones). Puesto que Londres ya ha anunciado que no aplicará recortes importantes ni en la sanidad ni en la ayuda externa, si las trasferencias quedan también igual en términos reales, ya sólo quedará margen para aplicar "reducciones muy dolorosas" concentradas en una pequeña franja de servicios "desprotegidos".

A diferencia de lo que se podría pensar de un estudio tan crítico con el gasto público, no considera que el subsidio de desempleo británico sea especialmente generoso. "Pero el número de perceptores sí que parece excesivo". Tullett apoya la intención de Londres de restringir los criterios para los subsidios por discapacidad, pero ve otras posibilidades adicionales en la tecnología. La propuesta consiste "el pago en especie en vez de en efectivo" mediante "el uso de tarjetas inteligentes que el perceptor podría usar para comprar productos aprobados en los comercios participantes". Y añade: "Creemos que deben reducirse las prestaciones públicas universales y, en algunos casos, eliminarse completamente".

Otra conclusión que puede sorprender es lo mucho que Tullett desconfía de "la privatización de los servicios públicos, puesto que la evidencia de las últimas dos décadas sugiere que este proceso no aumenta la productividad, tendiendo en cambio a crear pesadas estructuras administrativas y una duplicación de las funciones. La competencia dentro de los servicios públicos es, en cualquier caso, intrínsecamente artificial".

Las valiosas reformas baratas

En el apartado de propuestas para la reforma, Tullett encuentra algún motivo para el optimismo moderado, ya que "muchas de las reformas que son necesarias si Gran Bretaña ha de recuperar su competitividad a nivel microeconómico son o bien de coste bajo" y, además, se reflejaría en aumento de la recaudación fiscal como consecuencia del crecimiento económico.

Y es que, otro de los aspectos muy negativos del legado laborista de Gordon Brown ha sido el aumento de la complejidad del sistema tributario. El informe aconseja al Gobierno de coalición que dé prioridad a "deshacer este lío inherente". Para ello, sugiere que podría desarrollarse un programa informático para agregar los diversos impuestos que soportan las pequeñas y medianas empresas. Es especialmente importante aliviar a éstas, puesto que su tamaño les impide contratar los recursos humanos y materiales suficientes para lidiar con el complicado sistema tributario.

Sin embargo, la regulación excesiva que tanto perjudica a las pequeñas y medianas empresas no se limita a los impuestos. Hay otras áreas donde la desregulación es necesaria, principalmente, en materia de normativa y seguridad laboral y sanitaria.

El informe admite que "unos estándares elevados de seguridad y sanidad son esenciales para una sociedad civilizada, como lo es la protección a los trabajadores". Pero advierte de que "los riesgos a los que se enfrentan las empresas surgen menos del Ministerio de Sanidad y Seguridad o del Departamento de Trabajo y Pensiones, que de los demandantes oportunistas". En este sentido, sólo el año pasado, al menos 30.000 ‘accidentes de tráfico' fueron, en realidad, simulados con la intención de cobrar fraudulentamente el seguro por daños personales.

La "agenda de la libertad"

Con todas estas dificultades, el informe concluye que el Gobierno de coalición no podrá conseguir que los británicos estén en 2015 mejor de lo que estaban en 2010, "pero ciertamente puede dejarles más libres de la intromisión estatal". Durante los últimos veinte años, con la profusión de regulaciones, se ha pasado del "Estado niñera" al "Estado intimidador", debido, "en parte, a la lógica extensión de la enfermedad nacional de la burocracia, y en parte como resultado de las doctrinas del absolutismo moral y del tener derecho".

Pero Tullett considera que también ha de liberarse al público de las "prácticas abusivas del sector privado". Cita dos abusos en concreto: la "letra pequeña" y el explotar la ignorancia del público sobre los asuntos bancarios y financieros. Y propone incluso la creación de un Tribunal del Consumidor con poderes para actuar contra los "términos contractuales onerosos irrazonables y sesgados". Ofreciendo mayores cuotas de libertad a los británicos se aliviarían los sufrimientos de la crisis y se pondrían las bases para una futura revitalización de la economía, concluye el estudio.