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El Tribunal Constitucional anula por unanimidad el 25 de febrero de 2015 la ley de consultas y declara inconstitucional también el decreto de convocatoria del referéndum vergonzante del 9N2014

 

La Vanguardia, miércoles, 25/02/2015

El Tribunal Constitucional (TC) ha aprobado por unanimidad, hoy miércoles, 25/02/2015, la anulación de la ley de consultas aprobada por el Parlament de Catalunya. En poco más de una hora, el pleno extraordinario del alto tribunal ha decidido la ilegalidad de la norma, así como de la ley autonómica en la que se basó la organización de la citada consulta.

El argumento básico de la sentencia del TC es que la ley de Consultas regula, en realidad, la convocatoria de referéndum, que es materia reservada al Estado. En concreto, la sentencia anula los preceptos que regulan la convocatoria por la Generalitat de Catalunya de consultas de carácter general por entender que, bajo esa denominación, lo que realmente se regula son los referendos, cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado.

Asimismo el Tribunal ha dictado una segunda sentencia que declara inconstitucional y, en consecuencia, nulo, el decreto del presidente de la Generalitat de Catalunya 129/2014, de 27 de septiembre de 2014, de convocatoria de consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Catalunya.

Han sido ponentes de las dos sentencias los Magistrados Pedro González-Trevijano y Juan Antonio Xiol, respectivamente.

Fuentes del Tribunal Constitucional ya habían asegurado que en el seno del tribunal de garantías se había alcanzado un acuerdo y no sería necesario prolongar la suspensión cautelar de ambas medidas acordada por el TC cuando admitió a trámite los recursos del Gobierno central, ya que del pleno se esperaba ya una resolución definitiva.

La primera de las sentencias citadas explica que el referéndum es una de las modalidades de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos que nuestra Constitución garantiza; y, como tal, es expresión del derecho fundamental de participación política del art. 23.1 CE. La sentencia especifica también cuáles son los rasgos fundamentales del referéndum. El primero de ellos radica en que “a través del referéndum se produce un llamamiento del poder público a la ciudadanía para ejercer el derecho fundamental de participación en los asuntos públicos”.

El segundo rasgo distintivo del referéndum es que “la opinión del cuerpo electoral se expresa por medio del sufragio emitido en el curso de un proceso electoral”. Esto obedece a la finalidad de que “el resultado de la consulta pueda jurídicamente imputarse a la voluntad general de la correspondiente comunidad política” y, así, “considerarse una genuina manifestación del derecho fundamental de participación política reconocido en el art. 23.1 CE”. Por ello, el referéndum debe realizarse “con las garantías propias de un proceso electoral”.

Por lo que se refiere a las competencias, la sentencia recuerda que la Constitución atribuye al Estado la “competencia exclusiva” para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum (art. 149.1.32ª CE), competencia que se extiende también a “su establecimiento y regulación”.

“El respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del orden constituido, y especialmente de aquellos que afectan al fundamento de la identidad del titular único de la soberanía, se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines. No caben –advierte- actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la decisión del constituyente, la voluntad del pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político”. Es decir, “el parecer de la ciudadanía sobre tales cuestiones ha de encauzarse a través de los procedimientos constitucionales de reforma”.

Hechas las anteriores consideraciones, el Pleno entra a analizar el fondo del recurso y llega a la conclusión de que, de los dos tipos de consultas que regula le ley impugnada (generales y sectoriales) solo cabe declarar la inconstitucionalidad de las generales por tratarse, en realidad, de referendos encubiertos bajo la denominación de consultas populares no referendarias.
En definitiva, afirma la sentencia, la ley analizada “regula –bajo la denominación de consultas generales- una verdadera consulta referendaria, articulada como llamamiento al cuerpo electoral a través del voto”. Por el contrario, las consultas sectoriales reguladas en la misma ley “presuponen un llamamiento a un sujeto jurídico más restringido que el cuerpo electoral... por lo que son cauces de participación cuya regulación por el legislador autonómico catalán resulta posible” en consideración a la competencia que le atribuye el art. 122 del Estatuto de Autonomía.

Por todo ello, la sentencia declara inconstitucionales y nulas las dos primeras frases del artículo 3.3 (“Las consultas populares no referendarias pueden ser de carácter general o sectorial. Las consultas generales son las abiertas a las personas legitimadas para participar en los términos establecidos en el artículo 5”) y los apartados 4 a 9 del art. 16 de la Ley del Parlament de Catalunya de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana.

La declaración de inconstitucionalidad de los citados preceptos determina el fallo de la segunda sentencia, que resuelve el recurso de la Abogacía del Estado contra el decreto de convocatoria del 9-N-2014, también declarado inconstitucional y nulo. El Pleno explica que el decreto firmado por el presidente de la Generalitat, dictado al amparo de la ley impugnada, “está convocando una consulta referendaria” y, por lo tanto, “incurre “en las mismas infracciones de la Constitución en las que incurrió esta norma”.

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Los artículos de la ley de Consultas anulados por el TC

Artículo 3.Concepto y modalidades

1. Se entiende por consulta popular no referendaria la convocatoria efectuada por las autoridades competentes, de acuerdo con lo que establece esta ley, a las personas legitimadas en cada caso para que manifiesten su opinión sobre una determinada actuación, decisión o política pública, mediante votación.

2. Las consultas populares no referendarias pueden ser de ámbito nacional si se refieren a todo el territorio de Catalunya o de ámbito local si tienen carácter municipal o supramunicipal.

3. Las consultas populares no referendarias pueden ser de carácter general o sectorial. Las consultas generales son las abiertas a las personas legitimadas para participar en los términos establecidos en el artículo 5. Las consultas sectoriales son las que pueden dirigirse, por razón de su objeto específico, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 5.2, a un determinado colectivo de personas.

Artículo 16 apartados del 4 al 9

4. Cada comisión de seguimiento está formada por cinco miembros designados por la Comisión de Control entre juristas y politólogos de reconocido prestigio: dos a propuesta del Consejo de la Abogacía Catalana, uno a propuesta del Colegio de Politólogos de Catalunya, uno a propuesta del Consejo de Gobiernos Locales y uno a propuesta del Gobierno.

5. En caso de que las designaciones a que se refiere el apartado 4 no puedan llevarse a cabo, las vacantes de estos miembros deben cubrirse mediante designación efectuada directamente por la Comisión de Control entre juristas y politólogos de reconocido prestigio.

6. El nombramiento de los miembros de las comisiones de seguimiento debe efectuarse por decreto del presidente de la Generalidad si la consulta es de ámbito de Cataluña, o del presidente de la entidad local si la consulta es de ámbito local. En el caso a que se refiere el artículo 4.3. e, el nombramiento corresponde al presidente de la Generalitat.

7. Los miembros de la comisión de seguimiento nombrados deben elegir por mayoría al presidente y al secretario en la sesión constitutiva.

8. El mandato de los miembros de las comisiones de seguimiento se corresponde con la duración del proceso de la consulta. Se nombran dentro de los tres días posteriores a la convocatoria y el mandato finaliza una vez trascurridos noventa días desde la celebración de la consulta. Las comisiones de seguimiento deben constituirse dentro de los tres días posteriores al nombramiento de sus miembros.

9. En las consultas populares no referendarias de ámbito local, el pleno del órgano convocante debe constituir, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple, una comisión de seguimiento integrada por cinco miembros. En el caso a que se refiere el artículo 4.3. e, la designación corresponde a la Comisión de Control.

ver la sentencia