.......España desde 1982.........HISTORIA DE ESPAÑA.......INICIAL ...Etapa en el poder del PP de Rajoy desde las elecciones del 20N2011.
El Parlamento catalán aprueba en enero de 2013 una declaración soberanista de Cataluña, como primer paso para la secesión, mientras el Gobierno decide si hace algo. PP, Ciudadanos y PSC votaron en contra
LIBERTAD DIGITAL 2013-01-23
Cataluña es un "sujeto político y jurídico soberano". Así lo declara el Parlamento catalán, que da por iniciado "proceso de autodeterminación", encaminado a la secesión de Cataluña del resto de España.
El texto, que supone la ruptura de la soberanía nacional y sitúa a las instituciones catalanas al margen de la Constitución y de la legalidad, ha sido apoyado por casi dos tercios de los diputados de la cámara catalana. No ha habido fisuras en el bloque nacionalista. Todos los diputados de CiU, los de la Unió de Durán incluidos, de ERC y de ICV la han apoyado. Sí las ha habido en el PSC, que votó en contra, pero cinco de sus diputados se ausentaron por razones "de conciencia".
Los socialistas catalanes presentaron su propia declaración, muy similar a la aprobado aunque más ambigua. La única oposición real vino de los diputados del PP, que abandonaron el pleno tras la votación, y, sobre todo, de Ciutadans, cuyo líder, Albert Rivera, fue el más contundente en la defensa de la Nación española.
Numéricamente 85 votos de CiU, ERC, ICV y uno de las CUP a favor; frente a los 41 votos en contra de PP, Ciutadans y PSC . La declaración de soberanía ha contado así con el apoyo del 63% de diputados de la cámara catalana.
A pesar de que la aprobación de la declaración, ya conocida, estaba prevista desde hace semanas, el Gobierno no había preparado ninguna respuesta. Mariano Rajoy se encontraba viajando a Perú, y no ha habido ninguna declaración oficial de Moncloa ni del Ejecutivo, más allá de las declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en respuesta a las preguntas de los periodistas en su comparecencia junto al ministro alemán de Exteriores, con quien se ha reunido este miércoles en Madrid. Según informa Pablo Montesinos, el Ejecutivo está aún analizando el texto y estudiando si toma o no alguna "medida política", tras considerar inviable un recurso ante el Tribunal Constitucional.
División en el PSC
La división no se ha producido entre los nacionalistas. Los diputados de Unió, la formación liderada por Durán Lleida, aparcaron su supuesta preocupación por la deriva secesionista de sus socios de Convergencia, y votaron a favor de la declaración.
Sí hubo discrepancias en el PSC. La clásica ambigüedad de los socialistas catalanes no evitó que 5 de sus 20 diputados, la cuarta parte, rompieran la disciplina del partido para no oponerse a la declaración de soberanía, al no estar de acuerdo con la postura de la dirección del partido de rechazar esta iniciativa, aunque los cinco han ocupado su escaño.
Los diputados que no han participado en la votación son la exconsejera de Salud Marina Geli; el alcalde de Lérida, Ángel Ros; el miembro del colectivo crítico Avancem Joan Ignasi Elena, y las diputadas Rocío Martínez-Sampere y Núria Vent.
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Texto íntegro de la declaración soberanista aprobada
El texto aprobado en el Parlamento catalán pide el derecho a decidir y define a Cataluña como "sujeto político y jurídico soberano".
LD / agencias 2013-01-23
"Propuesta de Resolución de aprobación de la Declaración de Soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña.
Preámbulo
El pueblo de Cataluña, a lo largo de su historia, ha manifestado democráticamente la voluntad de autogobernarse, con el objetivo de mejorar el progreso, el bienestar y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, y para reforzar la cultura propia y su identidad colectiva.
El autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana. El parlamentarismo catalán tiene sus fundamentos en la Edad Media, con las asambleas de Pau i Treva y de la Cort Comtal.
En el siglo XIV se crea la Diputación del General o Generalidad, que va adquiriendo más autonomía hasta actuar, durante los siglos XVI y XVII, como gobierno del Principado de Cataluña. La caída de Barcelona el 1714, a raíz de la Guerra de Sucesión, conlleva que Felipe V aboliese con el Decreto de Nueva Planta el derecho público catalán y las instituciones de autogobierno.
Este itinerario histórico ha sido compartido con otros territorios, hecho que ha configurado un espacio común lingüístico, cultural, social y económico, con vocación de reforzarlo y promoverlo desde el reconocimiento mutuo.
Durante todo el siglo XX la voluntad de autogobernarse de las catalanas y los catalanes ha sido una constante. La creación de la Mancomunidad de Cataluña el 1914 supondrá un primer paso en la recuperación del autogobierno, que fue abolida por la dictadura de Primo de Rivera. Con la proclamación de la Segunda República española se constituyó un gobierno catalán el 1931 con el nombre de Generalitat de Cataluña, que se dotó de un Estatuto de Autonomía.
La Generalidad fue de nuevo abolida el 1939 por el general Franco, que instauró un régimen dictatorial hasta el 1975. La dictadura contó con una resistencia activa del pueblo y el Gobierno de Cataluña. Uno de los hitos de la lucha para la libertad es la creación de l'Assemblea de Cataluña el año 1971, previa a la recuperación de la Generalitat, con carácter provisional, con el retorno el 1977 de su presidente en el exilio. En la transición democrática, y en el contexto del nuevo sistema autonomista definido por la Constitución española de 1978, el pueblo de Cataluña aprobó mediante referéndum el Estatuto de Autonomía de Cataluña el 1979, y celebró las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña en 1980.
En los últimos años, en la vía de la profundización democrática, una mayoría de las fuerzas políticas y sociales catalanas han impulsado medidas de transformación del marco político y jurídico. La más reciente, concretada en el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña iniciado por el Parlamento el año 2005. Las dificultades y negativas por parte de las instituciones del Estado Español, entre las que es necesario destacar la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, conllevan una negativa radical a la evolución democrática de las voluntades colectivas del pueblo catalán dentro del Estado Español y crea las bases para una involución en el autogobierno, que hoy se expresa con total claridad en los aspectos políticos, competenciales, financieros, sociales, culturales y lingüísticos.
De varias formas, el pueblo de Cataluña ha expresado la voluntad de superar la actual situación de bloqueo en el seno del Estado Español. Las manifestaciones masivas del 10 de julio de 2010 bajo el lema 'Som una Nació, nosaltres decidim' y la del 11 de septiembre de 2012 bajo el lema 'Catalunya nou Estat d'Europa' son expresión del rechazo de la ciudadanía hacia la falta de respeto a las decisiones del pueblo de Cataluña.
Con fecha 27 de septiembre de 2012, mediante la resolución 742/IX, el Parlamento de Cataluña constató la necesidad de que el pueblo de Cataluña pudiera determinar libremente y democráticamente su futuro colectivo mediante una consulta. Las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña del 25 de noviembre de 2012 han expresado y confirmado esta voluntad de forma clara e inequívoca.
Con el objetivo de llevar a cabo este proceso, el Parlamento de Cataluña, reunido en la primera sesión de la X legislatura, y en representación de la voluntad de la ciudadanía de Cataluña expresada democráticamente en las últimas elecciones, formula la siguiente:
DECLARACIÓN DE SOBERANÍA Y EL DERECHO A DECIDIR DEL PUEBLO DE CATALUÑA
De acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por parte del pueblo de Cataluña, el Parlamento de Cataluña acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo, de acuerdo con los principios siguientes:
-Soberanía. El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano.
-Legitimidad democrática. El proceso del ejercicio del derecho a decidir será escrupulosamente democrático, garantizando especialmente la pluralidad de opciones y el respeto a todas ellas, a través de la deliberación y diálogo en el seno de la sociedad catalana, con el objetivo de que el pronunciamiento resultante sea la expresión mayoritaria de la voluntad popular, que será el garante fundamental del derecho a decidir.
-Transparencia. Se facilitarán todas las herramientas necesarias para que el conjunto de la población y la sociedad civil catalana tenga toda la información y el conocimiento preciso para el ejercicio del derecho a decidir y se promueva su participación en el proceso.
-Diálogo. Se dialogará y se negociará con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional.
-Cohesión social. Se garantizará la cohesión social y territorial del país y la voluntad expresada en múltiples ocasiones por la sociedad catalana de mantener Cataluña como un solo pueblo.
-Europeismo. Se defenderán y promoverán los principios fundacionales de la Unión Europea, particularmente los derechos fundamentales de los ciudadanos, la democracia, el compromiso con el estado del bienestar, la solidaridad entre los diferentes pueblos de Europa y la apuesta por el progreso económico, social y cultural.
-Legalidad. Se utilizarán todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir.
-Papel principal del Parlamento. El Parlamento en tanto que la institución que representa al pueblo de Cataluña tiene un papel principal en este proceso y por tanto deberán acordarse y concretar los mecanismos y las dinámicas de trabajo que garanticen este principio.
-Participación. El Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat deben hacer partícipes activos en todo este proceso al mundo local, y al máximo de fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, y entidades culturales y cívicas de nuestro país, y concretar los mecanismos que garanticen este principio.
El Parlamento de Cataluña anima al conjunto de ciudadanos y ciudadanas a ser activos y protagonistas de este proceso democrático del ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.
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El principio del fin... de Artur Mas
Apenas un voto –85 frente a 84– separa el brindis al sol soberanista de ayer del celebrado el septiembre pasado, justo antes del adelanto electoral. Un mísero voto que, sin embargo, habrá de marcar un punto de inflexión en la política local, un cambio radical de coordenadas que se empieza a intuir histórico. El ciclo de la larga hegemonía sociovergente, que tantos presumían pétrea, da hoy los últimos, agónicos suspiros. Ese engolado cadáver político, Artur Mas, está llamado a ser el renegado Kautsky del drama catalán. La revolución, es sabido, devora a sus hijos. Y ni CiU ni PSC van a poder seguir galopando a lomos del tigre independentista.
Una vez abierta la caja de Pandora, un mérito que corresponde en exclusiva al president, ya no hay marcha atrás. En Cataluña ha sonado, al fin, la hora de los locos. Tan impostado, tan teatral, el irredentismo de Mas conoce un límite que nunca jamás osará sobrepasar: el que marca el Código Penal. Habrá, pues, ruido, y mucho, que no otra es la gran especialidad de la casa, pero no habrá referéndum. Ni en 2013 ni en 2014. Y el legatario único de esa nueva frustración colectiva del universo micronacionalista será la Esquerra. El sorpasso está a la vuelta de la esquina, en cuanto Mas se vea forzado a disolver de nuevo la Cámara tras incumplir su promesa. Instante procesal en el que el eje de la política catalana pasará a girar en torno a una ERC dueña del espacio identitario.
Enfrente, un bloque integrado por PP, Ciudadanos y acaso el sector de Unió más proclive a los lobbies patronales. Un escenario de fractura civil y confrontación abierta donde CiU y PSC ocupen un segundo plano. El resultado, al cabo, de la confluencia de dos debilidades crónicas. Por un lado, la del nacionalismo español, impotente al objeto de consumar su labor uniformizadora durante el siglo XIX. Por el otro, la del catalanismo político, igual de incapaz en su afán por construir una comunidad imaginada a partir del último tercio del XX. El PSC, su esquizoide ambigüedad, no deja de constituir la prueba del nueve de ese su fracaso. Y una lección final, triste, pero lección: el nacionalismo, desengañémonos, solo se combate con el nacionalismo.
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Cataluña y sus problemas económicos
Juan Velarde 2013-01-25 LD
Cataluña había planteado, incluso con dureza, sus problemas económicos, a través de reacciones políticas y de instituciones que tenían muy en cuenta el conjunto del mercado español. Ahí estaba el Fomento del Trabajo Nacional, radicado en Barcelona, pero su adjetivo, nacional, se refería al conjunto de la nación española. Su sucesor recibe sencillamente el nombre de Fomento del Trabajo y, cada vez más, Foment del Treball, que quiere decir muchísimo menos. Pero es el heredero de aquella entidad que encabezaba el proteccionismo español. Léase el libro de M. Pugés Cómo triunfó el proteccionismo en España (1931), con un prólogo de Gual Villalba, entonces secretario general de Fomento. Gual señalaba cómo Cataluña buscaba una "fusión de las economías regionales en una síntesis armónica", con este respaldo de Pugés:
"El resurgimiento económico de España no era posible sin la previa solución de un problema fundamental: la fusión, en una superior síntesis armónica, de las distintas economías regionales".
Esto ha dejado alguna herencia, aunque se haya prescindido del adjetivo nacional, pero es una entidad que pertenece a la CEOE. Su presidente actual, Joaquín Gay de Montellá, se manifiesta desmarcado de la consulta soberanista que Artur Mas trata de llevar adelante. Otra cosa sería, siguiendo la herencia de trabajos de Trias Fargas, que en Cataluña existiese, en lo fiscal, algo parecido a la realidad foral de las Provincias Vascongadas y de Navarra.
Es lógico que el mundo empresarial catalán, que exhibió su fuerza desde los tiempos de los Guell i Ferrer hasta los Gual Villalbí, se preocupe ante las consecuencias de una hipotética escisión. Léanse las "líneas de acción" que se proponen en el volumen de la Colección Comunidades Autónomas, editado por La Caixa, titulado La economía de Cataluña: diagnóstico estratégico (2012), donde exhibe cómo Cataluña precisa superar "la falta de resolución de una serie de eslabones técnicos y segmentos funcionales críticos de sus redes de infraestructuras (corredor mediterráneo)". Efectivamente, desde el informe del Banco Mundial quedó claro que ese "corredor mediterráneo", que ahora vemos que esencialmente tendría como centro los puertos de Valencia y Cartagena, con prolongaciones y enlaces diversos, debería, a través de Cataluña, con un papel esencial en la conurbación de Barcelona, enlazar con Francia zonas españolas de un auge futuro formidable. Abandonar eso, con una frontera en los linderos de Tarragona, y desviar el corredor desde Valencia a Zaragoza, y de allí a Francia, significa una pérdida muy seria para Cataluña, que en esta obra se pone de relieve.
Y qué decir de los problemas inmediatos que se originarían para atraer capital humano, "para crear ventajas competitivas que eviten la deslocalización de la industria más convencional y facilitar su reconversión hacia la neoindustria". Tal como conciben Artur Mas y Jordi Pujol el futuro de Cataluña, un mercado pequeño, desligado de la Unión Europea, y con problemas de lenguaje, no impulsa precisamente hacia esa neoindustria.
Señálese lo mismo que lo que en este trabajo de La Caixa –por otro lado muy valioso– se habla de las rigideces creadas, en los ámbitos mercantil y laboral, "en no menor medida que en otras comunidades autónomas". Una escisión aumentaría tales rigideces, para intentar superar –cosa por cierto imposible– la conservación de una estructura económica aislada del conjunto de la Unión Europea, porque su ingreso en ella, con el veto en contra de España, resulta imposible.
En este documento de La Caixa se recuerda lo ventajoso que resulta para Cataluña el impulso de 1992, "en el que se dio una rara conjunción de inversiones y de voluntades colectivas hacia un objetivo compartido e ilusionante". Para reproducirlo "sobre bases propias del siglo XXI" debe reeditarse aquello "en un marco –de diálogo singular con el Estado o sea, con el conjunto de España– que implique a la sociedad, el territorio, la lengua, y las instituciones catalanas".
¿Para qué seguir con argumentos que enlazan con la historia de Cataluña y la del resto de España, precisamente en relación con su estructura económica próspera? El mundo empresarial catalán ha comenzado a hablar muy claro. Es de esperar que esto trascienda a los trabajadores y a todos los que, de verdad, aman a Cataluña, nada incompatible, sino todo lo contrario, con el amor al conjunto de España, en el que va inserto un deseo de fuerte desarrollo económico, imposible con el planteamiento de Mas-Pujol.
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Cataluña: los planteamientos incomprensibles
Juan Velarde 26.12.2012 LD
Desde mediados del siglo XIX Cataluña ha sabido enlazar a las mil maravillas sus problemas económicos con la política general española. Por una parte, encabezó la política proteccionista: triunfó en la pelea por el arancel, gracias a lo cual consiguió ventajas notables sobre la otra zona de industrialización naciente, Andalucía, que quedó apartada definitivamente de los puestos clave de ese desarrollo.
Esta política proteccionista tenía una proyección ultramarina, particularmente hacia Cuba. De hecho, parte notable del problema cubano derivó de ahí. La isla vendía a precios internacionales el azúcar y el tabaco, pero tenía que adquirir productos españoles, y en ello Cataluña desempeñó un papel fundamental. En relación con Cuba surgieron mil actividades y nombres catalanes, que quedarán ahí para siempre, desde Bacardí a Partagás. Que la alta burguesía de La Habana ofreciese, en plena calle, un fajín de general al caudillo separatista Maceo se debe, en buena medida, precisamente a esa conexión peninsular con ventajas para el mundo empresarial catalán.
En 1898 todo esto desapareció, pero no los movimientos catalanes para preservar sus negocios. Cuando, para poner orden en la Hacienda desequilibrada por la guerra, Fernández Villaverde decide un aumento impositivo, en Cataluña surge la réplica del Tancament de Caixes: se trataba de no pagar, y cuando Hacienda interviniese el negocio afectado y lo sacase a subasta, todo el mundo se abstendría de comprarlo, siquiera por una humilde peseta. Sin haber pagado nada al Fisco, el antiguo dueño volvería a hacerse cargo él.
Por supuesto, en esa etapa no todo fueron beneficios. Hubo un momento, que ha quedado en la historia económica con el nombre de la febre d’or, en que se produjo una burbuja especulativa con acciones de bancos. Quien abría una entidad crediticia veía que ante sus puertas se aglomeraba la gente... no para llevar dinero o para pedir crédito, sino para comprar acciones. Hasta los masones pusieron en marcha la Banca de los Caballeros Kadosch. Como siempre, el estallido de la burbuja hundió muchas fortunas. El Banco de Barcelona se vino abajo al concluir la I Guerra Mundial. Como ha relatado primorosamente Juan Muñoz, el abandono de las entidades crediticias se acentuó. A fin de salvar lo que se pudiera salvar, Cambó pergeñó la Ley de Ordenación Bancaria de 1921, que creó una situación nueva... para toda España, claro.
La financiación de la exportación de productos catalanes al resto de la nación se hacía mediante bancos radicados en Madrid y Bilbao, pero aseguraba, junto con el proteccionismo –acentuado, precisamente, por Cambó–, la creación de un sistema autárquico, según expresión del gran economista catalán Perpiñá Grau, que beneficiaba de modo extraordinario la actividad industrial catalana.
He citado a Cambó. Su papel en la defensa de los intereses económicos de Cataluña se había hecho palpable en plena Gran Guerra, en que los beneficios de los industriales catalanes –y los de toda España– coexistían con la muy mala situación del mundo proletario. El ministro Alba decidió crear un impuesto sobre los beneficios extraordinarios generados por la contienda para disponer de medios de ayuda a los desheredados. Cambó se negó radicalmente. Jesús Pabón relata magníficamente cómo el dirigente catalán recorrió España para encontrar apoyos –desde Ramón de la Sota y el naciente nacionalismo capitalista vasco hasta el marqués de Comillas, sin olvidar a los carboneros vinculados a Melquíades Álvarez–, y en el Congreso de los Diputados pronunciará un duro discurso. Cuando un correligionario le preguntó hasta dónde debería llegarse, contestó: "Hasta los fosos de Montjuich"; esto es, amenazó con el separatismo abiertamente. Alba fue finalmente derrotado; y entonces pudo verse a Cambó convertido, en Asturias y en pleno aniversario de la Batalla de Covadonga, en adalid del nacionalismo económico español. Del grupo catalán de la Lliga surgieron brotes tan importantes a favor de esta postura como la Revista Nacional de Economía, dirigida por Emilio Riu y que perdurará hasta la Guerra Civil.
El catalanismo siempre quiso ir de la mano con la búsqueda del máximo beneficio económico, como ya ha observado. La base de todo era el control del mercado español. Pero he aquí que desde 1959 éste comenzó a abrirse al exterior. Pronto comenzaron las quejas catalanas desde otro marco, el de la Hacienda. Las balanzas fiscales fueron investigadas por Trías Fargas, y llegó a la conclusión de que Cataluña financiaba la prosperidad de otras regiones de España. Los estudios serios mostraron la falsedad de esta tesis, pero poco importó la veracidad científica. Se alzó como una bandera.
Ahora, ese movimiento se ha escapado de las manos. De pronto se ha alzado el grito de la independencia absoluta, lo que produciría el hundimiento económico de Cataluña, que quedaría al margen de la Unión Europea y del euro, y como consecuencia se expondría a una fuga atroz de capitales. Parece que se escuchan las palabras del Bolívar que admitía que se ganaba la independencia pero se perdía todo lo demás, incluido el bienestar material. En términos económicos, la separación sería terrible para Cataluña, pero también perjudicaría –en grado mucho menor, pero lo haría– a España.
Todo esto, aparte de que el separatismo se basa en errores históricos y de que, llegado el caso, el resto de España no tendría más remedio, con el respaldo de la Constitución, que impedirlo, con la anuencia de muchos catalanes. Pero aquí sólo he querido aludir al aspecto económico. Escalofriante.