Crónica
....HISTORIA DE ESPAÑA.......HISTORIA DE NAVARRA.......La negociación de Zapatero con la ETA de 2005 a 2007

Hay un informe policial de la reunión entre el PSE y la ETA de octubre de 2007 tras el final del falso alto el fuego

El Gobierno del PSOE propuso a la ETA en 2007 que a Navarra había que seducirla para su entrega

Libertad Digital. Domingo, 23.09.2007

El diario Gara, habitual portavoz de los terroristas, publica este domingo, 23.09.2007, un especial que recoge nuevos datos sobre las conversaciones con los etarras. Sobre la mesa estuvo Navarra, las detenciones, De Juana –el Ejecutivo propuso un calendario de actuaciones que culminó con su excarcelación–, la doctrina Parot o la Ley de Partidos, de la que, según Gara, renegaron los representantes del Gobierno y aventuraron, incluso, que sería derogada tras las elecciones, que Zapatero se planteó adelantar a octubre.

Tras muchos meses de revelaciones sucesivas en torno a la negociación con la ETA, el diario portavoz de la banda resume los meses de falso "alto el fuego" en un especial en el que, además de artículos y entrevistas con personajes como Pernando Barrena, la socialista Gema Zabaleta o el líder del sindicato proetarra LAB Rafael Díez Usabiaga, se desvelan algunas de las posturas de los interlocutores del Gobierno sobre algunos de los temas que estuvieron sobre la mesa de negociación.  

Según Gara, la situación del sanguinario Iñaki de Juana Chaos sí fue debatida en las reuniones con ETA. De hecho, los etarras llegaron a espetarle a los representantes del Gobierno en una reunión de septiembre de 2006 que "si De Juana se muere, esto se acaba". "No hacéis ni lo más fácil", reprocharon los etarras a los interlocutores del Gobierno, que respondieron, dice el diario proetarra, prometiendo un "calendario de actuaciones" que desembocó en la salida de la cárcel del preso.  

También se habló de la actuación policial durante la tregua. Los representantes del Gobierno, que se comprometió, según Gara, a efectuar una "disminución palpable" de las  "presiones policiales", recibieron los reproches de los etarras en uno de los encuentro. Lamentaban los terroristas que la Guardia Civil y la Policía continuaran actuando en el País Vasco y Navarra contra su entorno. El Gobierno respondió exponiendo las dificultades de dar este tipo de órdenes porque no las podían poner por escrito. Sobre la Guardia Civil, los enviados de Zapatero contestaron: "Ésos sólo obedecen al duque de Ahumada".  

Navarra también estuvo sobre la mesa. Ante las exigencias de los enviados de ETA, los representantes del Gobierno del PSOE intentaron calmar a los de la ETA sosteniendo que a Navarra "había que seducirla", según el especial de Gara. Sobre otro de los aspectos clave de la negociación, la situación de Batasuna, el diario proetarra revela que los interlocutores políticos del Gobierno llegaron a plantear la derogación de la Ley de Partidos, con la condición de hacerlo después de las elecciones. El Ejecutivo, cuenta el diario, pretendía adelantar los comicios a este mes de octubre de 2007.  

En las reuniones con los terroristas, los enviados del Gobierno explicaron sobre la Ley de Partidos, que el PSOE votó junto al Ejecutivo del PP, que "tampoco les agradaba" pero que debieron acatarla puesto que la ETA estaba atentando contra cargos públicos. El extenso especial publicado por Gara también cuenta, en su apartado de "protagonistas" de la negociación, que Jesús Eguiguren, al que califica como "figura de vanguardia", fue interlocutor en los contactos hasta mayo de 2007, es decir, hasta que concluyeron las reuniones.

  Los compromisos del Gobierno  

Aunque Gara no publica las actas de la negociación que el Gobierno se niega a hacer públicas, sí incluye en el especial, en el apartado de "Documentos", el contenido íntegro del pacto entre el Gobierno y ETA, firmado en julio de 2005 y "ampliado y ratificado" en noviembre de 2005. En él está incluidos el acuerdo del Gobierno de "respetar las decisiones que sobre su futuro adopten los ciudadanos vascos" en "ausencia de cualquier tipo de violencia o coacción".  

Pero el apartado más revelador es el de "garantías" adoptadas por el Gobierno en el acuerdo con los terroristas. El Gobierno se comprometió, cuenta Gara, a una "disminución palpable de la presencia policial", a la "desaparición de las presiones policiales", a que "la izquierda abertzale pueda desarrollar una vida política en igualdad de condiciones" con el resto de partidos y a "no realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional".  

Para este último punto, los etarras concedían al Ejecutivo un plazo de diez días. El documento, del que sólo hay una copia, según el diario, está guardado en una caja de seguridad "de un banco a cargo de la asociación internacional que ha actuado como mediadora" en el proceso. Aluden, previsiblemente, al centro Henri Dunant de Ginebra, frecuente escenario, según varias revelaciones periodísticas, de las reuniones entre el Gobierno y la ETA.

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Encuentros del gobierno del PSOE con la ETA antes del final en 2007 del falso alto el fuego
Tony Blair fue mediador entre Zapatero y la ETA según Jáuregui

GARA. 21.09.2007

El 21 de mayo de 2007 se produjo la última reunión para buscar un acuerdo político para la resolución del conflicto, dentro de los encuentros PSOE-Batasuna y ETA-Gobierno español celebrados en plena campaña electoral. En una ciudad europea, con el Ejecutivo del país como anfitrión, se sentaron frente a frente sendas delegaciones de Batasuna y del PSOE. El acuerdo no fue posible y esa circunstancia fijó el final del ciclo negociador.

Los días 14, 15 y 16 de ese mismo mes de mayo de 2007, dentro de la misma ronda de negociación, se habían producido otros encuentros entre ambas delegaciones, y también, de forma prácticamente simultánea y en el mismo lugar, entre representantes de ETA y del Gobierno español. En todos estos casos, hubo en calidad de observadores una muy destacada presencia internacional: dos gobiernos europeos relacionados con conflictos políticos y su resolución -ninguno de ellos era el del país anfitrión- y una organización política de una nación europea que ha sufrido también un conflicto político y armado. Junto a todos ellos, el organismo internacional que en todo el proceso de negociación entre ETA y el Gobierno ha actuado como mediador. [Tony Blair fue mediador entre Zapatero y la ETA según Jáuregui; la Fundación Henri Dunant de Ginebra es el organismo internacional aludido].

En las reuniones entre Batasuna y el PSOE, la primera puso sobre la mesa su propuesta de autonomía de cuatro territorios con derecho a decidir. El PSOE sólo llevó como material escrito la propuesta que presentó inicialmente en las conversaciones de Loyola de octubre-noviembre de 2006. Ni siquiera echó mano de los borradores que habían suscitado un primer acercamiento en el santuario guipuzcoano.

En el transcurso de las reuniones, los representantes del PSOE sí esbozaron en una pizarra -al parecer, improvisadamente- una hoja de ruta para llegar a un nuevo marco, en principio asumible para la izquierda abertzale. El organismo internacional de intermediación y el representante de uno de los gobiernos presentes en los encuentros redactaron la propuesta. La sorpresa saltó cuando los proponentes se echaron atrás y dijeron que, al poner negro sobre blanco lo garabateado en la pizarra, se habían favorecido los planteamientos de la izquierda abertzale. La posición más definida del PSOE fue la de condicionar el acuerdo al compromiso de ETA de respetar el alto el fuego y retirar la posibilidad de respuesta armada.

El mismo objetivo inspiró a la representación del Gobierno español en la otra mesa, que definió estos encuentros, así como todos los posteriores al coche-bomba de la T-4 del 30.12.2006, como un intento para reiniciar el proceso, que calificó de roto. Después de la explosión de la T-4, se produjo una reunión los días 30 y 31 de marzo de 2007, marcada por el atentado y por la situación de ilegalidad en la que iba a concurrir la izquierda abertzale a las elecciones del 27.05.2007.

Desde aquel encuentro y en los posteriores, la ETA insistirá en la necesidad de establecer una estrategia común y en que la otra mesa cierre un acuerdo político. Ambas partes se volverán a reunir el 1 de mayo de 2007, apenas quince días antes del último gran intento, en el que se daría por acabada la negociación. Ya entonces, la ETA quiso entregar a la representación de Zapatero una propuesta global. Además de abordar la cuestión de las garantías para propiciar la distensión bilateral, el plan proponía que el acuerdo político entre los partidos vascos se firmase después de las elecciones, con los contenidos establecidos al inicio del proceso, lo que llevaría a un marco jurídico-político para los cuatro territorios y el reconocimiento al derecho a decidir. Un acuerdo que se desarrollaría e implementaría en la legislatura española que finaliza en 2012. El Gobierno se negó a recoger la propuesta, al considerar que tras la acción de Barajas no se podía negociar.

En la ronda realizada a mediados de mayo de 2007 (con las dos mesas reuniéndose en el mismo lugar), los representantes del Ejecutivo español, aun afirmando que había que explorar avances en la «mesa política» y en la «mesa técnica», insistieron en demandar garantías a ETA sobre el alto el fuego. Ésta se reafirmó en sus compromisos, y en un momento dado entregó un documento en el que los concretaba más, «en el marco de la ratificación de los acuerdos, distensión bilateral y el desarrollo del proceso de negociación». Ante los observadores internacionales, ETA se comprometía a mantener el alto el fuego y a expresar públicamente la anulación de la posibilidad de respuesta armada. Además, «en el marco de la consecución definitiva de los objetivos políticos y técnicos del proceso de resolución», mostraba su «compromiso de desactivar la lucha armada y de desmantelar sus estructuras militares», así como su disposición «para la creación de una Comisión Internacional de Verificación de los compromisos adquiridos por el Gobierno español y ETA. Dicha Comisión Internacional -decía su texto- será la encargada de determinar el carácter de los incidentes y accidentes que pudieran ocurrir durante el proceso y velará por el cumplimiento de los acuerdos».

El Gobierno, que se negaba a pactar un escenario político final determinado, llegó a hacer un planteamiento sobre sus garantías que, realmente, las hacía desaparecer. A diferencia de los acuerdos ya suscritos, esta posición hacía prácticamente imposible la ausencia de detenciones, al indicarse, por ejemplo, que «no hay garantías frente a órdenes internacionales que ya están en marcha». Tampoco se pararían los juicios y en política penitenciaria se contemplaría flexibilizar las medidas y legislación de este ámbito «en fases avanzadas del proceso de paz». En una primera etapa sí planteaba el acercamiento a las cárceles vascas, «o limítrofes por falta de espacio», y dar respuesta a situaciones como la de los presos enfermos. En cuanto a las salidas de prisión, se podría definir la pretensión española con una comparación: si esos criterios se hubiesen aplicado en el caso irlandés, los prisioneros políticos de la isla no habrían salido hasta hace dos días.

La intervención de ETA fue contundente: «El planteamiento expuesto por la representación del Gobierno no es de proceso de paz, sino un declaración de guerra». Para ETA, que hizo notar la diferencia existente entre los compromisos que estaba dispuesta a adoptar y la posición del Gobierno, «la filosofía de un alto el fuego debe ser que las partes que han estado en conflicto desmonten su maquinaria de guerra para desarrollar el proceso de resolución». ETA preguntó si el Gobierno se reafirmaba en las garantías establecidas en los compromisos previos, aquellos que posibilitaron el alto el fuego, a lo que el Gobierno respondió que sí, pero matizando que «las circunstancias han cambiado».

La disposición de ETA, sin embargo, había achicado espacios al Ejecutivo, al que la organización armada instaba a definir «cuáles son los mecanismos que está dispuesto a poner». Ante ello, y ante las preguntas de los mediadores, la parte española propuso posponer la reunión al día 21 de mayo de 2007, alegando que había presión («amenaza de bombas y ruptura»). La organización armada denunció las «mentiras» del Gobierno, porque «ETA no ha dicho que va a romper el alto el fuego». Achacó mala fe al Ejecutivo, al que acusó de efectuar maniobras de dilación y de no concretar ni escribir propuesta positiva alguna.

Así las cosas, la ETA se negó a volver a reunirse con Madrid y comunicó que sólo si en el encuentro entre Batasuna y el PSOE -Batasuna sí accedió a esperar al 21- se cerraba un acuerdo político entendería que había condiciones para desarrollar el proceso y mantendría sus garantías. El encuentro entre las dos fuerzas no dio frutos, y la ETA, libre de sus compromisos, manifestó a los observadores que «el enfrentamiento armado será inevitable». Quince días después, el 5 de junio de 2007, hizo público el final del alto el fuego.

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Tony Blair fue mediador entre Zapatero y la ETA según Jáuregui

Libertad Digital (Europa Press) . Lunes, 7.04.2008

A pesar de que el principal protagonista de la negociación con ETA, Jesús Eguiguren, haya admitido que el PSE negoció políticamente con Batasuna-ETA y que el Gobierno "llegó al borde del precipicio para intentar salvar el proceso" tras el atentado de la T-4 del 30.12.2006, este lunes Ramón Jáuregui dice que no hubo "negociación ninguna" entre el Gobierno y los terroristas después de la bomba de Barajas, y que "ninguna conversación se salió de lo que es nuestro marco legal". El secretario general del PSOE en el Congreso dijo desconocer la información de El Mundo, pero no la ha negado, simplemente ha dudado de que "eso pudiera producirse después de la T-4".  

El secretario general del Grupo parlamentario del PSOE, Ramón Jáuregui, ha dicho que después del atentado de ETA contra la T-4 no hubo "negociación ninguna" entre el Gobierno y la banda terrorista y, por lo tanto, señaló que no cree que el Ejecutivo presentara ninguna oferta a ETA después del atentado.  

Jáuregui dijo desconocer la información que publica este lunes, 7.04.2008, El Mundo, según la cuál el Gobierno ofreció a la banda crear un órgano institucional común para el País Vasco y Navarra pero, en cualquier caso, dudó de que "eso pudiera producirse después de la T-4".  

Así, se mostró partidario de no especular sobre el asunto, aunque estuvo de acuerdo en que un órgano común para las dos comunidades no sería bien acogido por los navarros. "En Navarra, la voluntad de la ciudadanía es la de conformar una autonomía foral, una Comunidad Autónoma propia y eso lo recoge el 85% o más de la ciudadanía navarra", dijo.  

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Jáuregui defendió que todas las conversaciones del Gobierno con ETA se mantuvieron en el marco legal. "Conviene que la ciudadanía tenga claro que ninguna conversación, que pudiera mantenerse durante el proceso, se salió de lo que es nuestro marco legal", sostuvo.  

Sobre el contacto entre representantes del Ejecutivo y ETA después del atentado de Barajas del 30.12.2006, el dirigente socialista estimó que "no hubo diálogo de negociación ninguno", sino que "simplemente" se trató de una reunión a propuesta de los líderes británicos, "fundamentalmente -agregó- de Tony Blair", para constatar "si efectivamente se había roto" el proceso.   Además, se refirió al consenso en la lucha contra el terrorismo. En este sentido, indicó que el presidente del Gobierno "pretende buscar y reclamar el consenso" de todas las fuerzas políticas para que el terrorismo sea tratado como "lo que es, una materia suprapartidista, de Estado", agregó.

  Acuerdo antiterrorista  

Preguntado sobre la razón por la que el posible pacto no estuviera formalizado por escrito, como se ha publicado, Jáuregui replicó que desconoce la existencia o no de esa predisposición, y subrayó que, de todas formas, "lo que importa es que haya un consenso". "Cómo se materialice me parece secundario", señaló. Por ello, abogó por establecer unas "bases comunes" y por "encontrar un diagnóstico común" con todos los partidos, "incluidos -dijo- los del ámbito vasco", para que la política antiterrorista se desarrolle "sin discrepancias" y "no sea objeto de debate interpartidario". "Puede ser que haya un acuerdo o que se establezcan reglas de funcionamiento, que todos los partidos cumplamos, aunque no estén escritas", planteó.  

En referencia a la cuestión económica, hizo hincapié en la necesidad de "afrontar las circunstancias de la desaceleración" y consideró que esta materia se convertirá en "uno de los elementos fundamentales" del discurso de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero.  

"Creo que las previsiones de crecimiento para 2008 se han ido reduciendo progresivamente, porque los síntomas de la desconfianza en la política crediticia de las entidades financieras está resultando muy afectada, y el Gobierno necesita trasladar en el comienzo de su nueva andadura una serie de medidas para combatir esa desaceleración", concluyó.