La Comunidad de Madrid eximirá de cursar Educación para la Ciudadanía a los objetores de conciencia

ABC. 7.03.2008

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, aceptará todas las objeciones de conciencia en la asignatura de Educación para la Ciudadanía y declarará «exentos de cursarla y de ser evaluados» a los alumnos que opten por esta vía para eludir sus enseñanzas. Madrid, como todos las autonomías del Partido Popular, ha decidido impartir la materia en 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en 5º de Primaria. Las primeras clases se darán el próximo curso. Además, también se incorporará Educación ético-civíca, una versión de Ciudadanía como materia obligatoria en 4º de la ESO. En el curso actual, se enseña en 3º de ESO de siete regiones.

La consejera de Educación madrileña se reunió con los grupos que han alentado la objeción, como instrumento para combatir esta asignatura. Según ellos, además de ser innecesaria porque sus contenidos deben impregnar todas las disciplinas, vulnera derechos fundamentales, como el de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.

«Avalancha de objeciones»

Tras ese encuentro, la consejera resaltó que la Comunidad de Madrid «espera una auténtica avalancha de objeciones» a la asignatura tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de reconocer a unos padres el derecho a la objeción de conciencia. Los objetores cifran en más de 24.000 -algunos lo elevan hasta 27.000- el número de peticiones de exención de la asignatura por este sistema.

Lucía Figar explicó que si no se produce ningún cambio legal en la implantación de la asignatura para el próximo curso, «que todo podría ocurrir, nosotros estimaremos positivamente las objeciones de conciencia que se planteen en cualquier centro de la Comunidad de Madrid».

La advertencia de Lucía Figar encierra la intención del PP de suprimir Ciudadanía si gana las elecciones. La decisión tomada ya por la Comunidad de Madrid supone que «los alumnos que objeten quedarán exentos de cursarla y de ser evaluados» y recibirán una atención adecuada en el tiempo dedicado a esas clases.

Además, la sentencia del Tribunal Superior andaluz ha tenido otras consecuencias. Los promotores de la objeción de conciencia frente a Ciudadanía han decidido echar un pulso al Gobierno en vísperas de las elecciones del 9-M. La creación de esta asignatura ha sido polémica y conflictiva desde sus inicios y su desarrollo no ha encontrado sosiego. La forma de oponerse a ella ha suscitado serias fricciones entre los diferentes sectores educativos. La más llamativa es la vivida dentro de la enseñanza privada y concertada.

Todos rechazan la asignatura por innecesaria y peligrosa para la formación de los alumnos, pero difieren en el modo de hacerlo. Las escuelas católicas, representadas por FERE-CECA, han decidido cumplir la ley, impartir el programa adecuándolo a su ideario católico y recurrir los contenidos de algunas autonomías a los tribunales. Otras organizaciones, entre ellas la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y la Fundación San Pablo CEU, defienden como medio esencial la objeción, aunque en algún caso han presentado sus reivindicaciones ante la Justicia, con diferentes desenlaces.

La decisión del TSJA ha reavivado la llama y el problema cobra una nueva dimensión.Impulsados por el fallo judicial y convencidos de que es el comienzo de «algo sin precedentes en el mundo», los promotores de la objeción, fundamentalmente el Foro Español de la Familia, han buscado la colaboración de las comunidades autónomas, con especial empeño en las del Partido Popular, en un momento crucial de la vida española. Y ya han tenido éxito en Madrid. Pretenden que los gobiernos regionales apliquen «de facto» la sentencia andaluza y que los objetores se multipliquen de forma espectacular, sin que esto suponga para los alumnos un castigo en forma de suspenso. Se trata de tumbar la asignatura, de llegar al Constitucional y lograr que se regule expresamente la objeción de conciencia en educación. En determinados sectores se piensa que el camino de los tribunales para llegar a la declaración de inconstitucionalidad de los aspectos de los programas de la asignatura que, presumiblemente, vulneran derechos fundamentales, es el camino más adecuado.

Críticas del Ministerio

El Ministerio de Educación ha reiterado hasta la saciedad que la asignatura es obligatoria y que no cursarla encierra incluso el riesgo de no obtener el título correspondiente. Su secretario general, Alejandro Tiana, manifestó ayer que el Ministerio va a actuar «en defensa de la legalidad».

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La Comunidad de Madrid no obligará a cursar Educación para la Ciudadanía

EL MUNDO. 7.03.2008

La Comunidad de Madrid no obligará a los alumnos de segundo y cuarto de la ESO a cursar Educación para la Ciudadanía el próximo curso, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconociendo el derecho a la objeción de conciencia de esta asignatura.

Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, explicó ayer que, tras el precedente de la sentencia, se eximirá a los alumnos que se declaren objetores a asistir a clase y no se les evaluará.

El Gobierno regional retrasó hasta el próximo curso, tal y como estaba previsto por la Ley, implantar esta asignatura en la Comunidad. A partir de septiembre, los colegios de la región sí que ofrecerán estas clases, «pero sin menoscabar el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos, que ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía», según señaló Figar.

Ayer, la consejera de Educación mantuvo una reunión con las asociaciones de padres y grupos contrarios a la Ley para explicarles la posición del Gobierno regional tras el fallo del Tribunal andaluz.

Entre los asistentes al encuentro estaban representantes de Profesionales por la Etica, Foro de la Familia, Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) y de la Fundación CEU.

La Consejería habilitará, en las próximas semanas, una entrada en el registro de la Secretaría General Técnica para recoger las objeciones que presenten las familias madrileñas que no quieran que sus hijos reciban estas enseñanzas.

«Mientras no haya una sentencia del Tribunal Supremo que unifique doctrina -añadió Lucía Figar-, la Comunidad de Madrid hará la lectura más favorable posible para los derechos de las familias, teniendo en cuenta que están en juego los derechos fundamentales».

La Comunidad de Madrid, que aún no imparte esta enseñanza, ha recibido hasta la fecha un total de 1.113 objeciones para que el próximo curso escolar los alumnos no reciban este tipo de enseñanzas. Figar destacó que los padres tienen derecho constitucional a que se respete la educación de sus hijos, sus convicciones religiosas y filosóficas, y el Estado debe respetar estas convicciones en el conjunto del programa de la enseñanza pública.

Lucía Figar explicó que la alternativa a la asignatura la decidirán los centros, que, según indicó la consejera, ya tienen experiencia con temas como el de la religión católica o cuando un alumno, por un problema, no puede cursar una asignatura como Educación Física, informa Europa Press

Explicó que en estos casos la alternativa consiste en hacer trabajos o en estar en la biblioteca de manera que no sea una «atención discriminatoria» la que reciben frente al resto de los alumnos. «No se les puede dar más clases extra de ninguna asignatura», apostilló.

Además, señaló que la decisión que tomen los centros dependerá también de la cantidad de objeciones. Es diferente un centro donde se han recibido las objeciones en bloque que en aquellos donde sólo hay un par por clase», subrayó.

Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencia consideró «irresponsable» la actitud de la Comunidad de Madrid en relación con los objetores de Educación para la Ciudadanía, porque el Gobierno autonómico invita al «incumplimiento» de la LOE y porque se basa en una sentencia judicial contradictoria con otras.

Izquierda Unida exigió la «intervención inmediata» de la Alta Inspección de Educación para que se termine con las discrepancias sobre la posibilidad de objetar o no. Maru Menéndez, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, afirmó que el

Gobierno de Esperanza Aguirre tiene que cumplir la Ley y está cometiendo una «gravísima irresponsabilidad» por fomentar la objeción de conciencia.

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Un precedente del derecho a la objeción

El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, anunció ayer que animarán a todos los padres a ejercer la objeción de conciencia.

Luis Carbonel, presidente de CONCAPA, pidió ayer que la propia Administración, ante la doctrina sentada por el TSJA, reconozca «de oficio», sin más, el derecho a la objeción, y que «no se obligue a los padres a recurrir a los tribunales».

Blanco advirtió de que se va a intensificar la información a los padres con alumnos de 2º y 4º de ESO para que conozcan que esta asignatura «tiene un propósito de formación de la conciencia moral de acuerdo con un determinado esquema ideológico».

A su juicio, tras la última sentencia, no hay duda de que están ejerciendo un derecho constitucional y que no existe ningún motivo para que los padres tengan miedo a las represalias sobre el futuro académico de sus hijos.