Un vocal del CGPJ dice en la UPNA que la justicia de proximidad supone un riesgo de politización y no responde a las necesidades

LA LEY. Lunes, 26/09/05

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Pamplona.- El vocal del Consejo General del Poder Judicial para Navarra, La Rioja y País Vasco, Juan Pablo González González, valoró hoy [lunes, 26/09/05] en Pamplona que la implantación de la justicia de proximidad supone "un riesgo de politización que tiene difícil encaje" en los márgenes establecidos por la Constitución Española.

González, quien impartió la Primera Lección del curso a los alumnos de primer curso de la Licenciatura de Derecho y de la doble licenciatura de Derecho y LADE de la Universidad Pública de Navarra bajo el título 'Justicia y sociedad', apuntó asimismo que esta reforma judicial "no responde a una verdadera necesidad de acercar la justicia a los ciudadanos".

El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros y establece que los jueces de proximidad serán abogados con más de seis años de ejercicio y con un mandato de seis años prorrogables otros seis. El proyecto del Gobierno señala que el Consejo General del Poder Judicial será el encargado de nombrar a estos jueces después de que sean propuestos por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma de entre una terna aprobada por el pleno del Ayuntamiento en cuyo municipio se haya implantado la justicia de proximidad.

Este especialista denunció también que la puesta en marcha de consejos de justicia autonómicos, como órgano de gobierno externo, no cabe en la Constitución Española, "y constituye un grave riesgo para el principio de unidad y para la independencia de juzgados y tribunales".

Terrorismo

Por otra parte señaló que en el Poder Judicial "no tenemos ningún dato objetivo ni ninguna información que confirme la existencia de un proceso de paz".

Los jueces y magistrados, no sólo del País Vasco y Navarra, sino del resto de España, "no pueden actuar por cálculos políticos o guiados por criterios de oportunidad, ya que en todo momento están sujetos al principio de legalidad", defendió.

Por ello, "deben de aplicar la ley y hacer cumplir la ley con independencia de los procesos que se den en el ámbito político", indicó.

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Un informe del CGPJ denuncia que la nueva ley del Poder Judicial pretende dar cobertura al Estatuto catalán
El dictamen, que será debatido el lunes en la Comisión de Estudios del CGPJ, sugiere al Ejecutivo que aclare la «regulación confusa» del reparto de funciones

ABC. Sábado, 24.09.2005. NIEVES COLLI

MADRID. El informe que el próximo lunes [26.09.2005] debatirá la Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte de las dudas de constitucionalidad que podrían pesar sobre la creación por el Gobierno de los Consejos de Justicia autonómicos si el anteproyecto de reforma de la LOPJ (ley Orgánica del Poder Judicial) no corrige la «oscura regulación» del reparto de competencias entre el propio CGPJ y estos nuevos órganos. También aprecia «serias dudas» sobre el encaje en la Constitución de los novedosos Juzgados de Proximidad. El dictamen al que ha tenido acceso ABC no es definitivo y podría ser modificado tras su análisis por la Comisión de Estudios, que el lunes también votará el informe referido a la reforma de las competencias del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia.

El informe lanza la voz de alarma ante el «hecho notorio» de que la reforma impulsada por el Gobierno responde a la «necesidad legislativa de anticipar en la LOPJ» lo que «ya ha iniciado» el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña y que está «explícitamente prohibido por la Constitución». Bajo el pretexto de «desconcentración» del CGPJ mediante la creación de órganos de naturaleza estatal, el Ejecutivo pretendería dar «eficacia» a los preceptos estatutarios y «propiciaría a las Comunidades Autónomas un sucedáneo de Consejo propio».

El informe recuerda que no existen pegas de constitucionalidad a una desconcentración inspirada por razones de eficacia, pero sí a una «reordenación» del gobierno del Poder Judicial para adaptarlo al «principio autonómico». De no modificarse el texto, su redacción actual «salvaría las apariencias» pero en la práctica conduciría a «una autonomización del gobierno del Poder Judicial, algo constitucionalmente vedado». El sistema constitucional de gobierno judicial, añade, «puede quedar defraudado si los Consejos de Justicia que se proyectan como órganos estatales desconcentrados asumen unas competencias exclusivas y excluyentes, impermeables a la plena tutela y fiscalización del CGPJ».

Lo mismo ocurre con la incorporación a los Consejos autonómicos de personas ajenas a la judicatura -habrá miembros elegidos por los parlamentos autonómicos-, algo «en sí mismo neutro desde el punto de vista constitucional» siempre y cuando las funciones en las que intervengan sean de «consulta, coordinación, colaboración o cooperación referidas a los intereses propios de las Comunidades Autónomas» y no ejecutivas ni de gobierno.

El informe sugiere al Gobierno que aclare la «regulación confusa» del reparto de competencias ya que, de no ser así, el anteproyecto puede «deslizar hacia la inconstitucionalidad» y recomienda que todas las decisiones de los Consejos autonómicos sean revisables por el CGPJ.

No anteponer intereses territoriales

Por último, plantea la necesidad de «reflexionar» sobre la conveniencia de crear estos nuevos órganos «desde la contemplación objetiva, serena y prioritaria tanto de las necesidades del Poder Judicial como de los ciudadanos». El texto apunta que no serán eficaces y que, por su elevado número y el de sus miembros, «complicarán innecesariamente el gobierno de la Justicia». «Si algo necesita hoy la Justicia como poder, no son precisamente iniciativas inconstitucionales por implicar una incursión de las Comunidades en su núcleo «duro», «irreductible» o «esencial», ni que ese núcleo se reduzca a perfiles mínimos (...). Lo que necesita el sistema judicial es, ante todo, eficacia y una cabal comprensión del principio autonómico y no anteponer los intereses territoriales a la eficacia del sistema».

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La mayoría del Poder Judicial rechaza los consejos autonómicos

Los vocales se reprochan su falta de independencia política

J. CASQUEIRO  -  Madrid

EL PAÍS. Martes, 27 de septiembre de 2005

Los vocales conservadores que gobiernan con mayoría absoluta el Consejo General del Poder Judicial rechazan el proyecto del Gobierno de crear consejos autonómicos de Justicia e incluso dudan que sea constitucional. La minoría progresista defiende la ley, pero con mejoras. En la comisión de estudios (cuatro vocales), los tres conservadores votaron ayer a favor del dictamen que descalifica el proyecto del Gobierno.

Ambos sectores se reprochan su falta de independencia política al abordar el proyecto de Ley remitido por el Gobierno.

El vocal ponente de la mayoría conservadora en el Consejo, José Luis Requero, descalifica en su informe el proyecto de ley del Gobierno, que se aprobó el pasado 15 de julio. Requero cuestiona desde la necesidad de la reforma, que atribuye a compromisos políticos del PSOE con los socios del tripartito catalán tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de Barcelona, hasta su eficacia. Pero no se atreve a señalar que el proyecto es inconstitucional.

Varios de sus compañeros de la mayoría conservadora no han tenido tantos reparos y han apuntado públicamente, en las últimas horas, que esa ley no será constitucional. La comisión de estudios del Consejo se reunió ayer [lunes, 26/09/05] durante casi tres horas y media y acabó con una votación de tres vocales a favor del informe de Requero (los conservadores propuestos en su día por el PP) frente al voto particular contrario de Luis Aguiar, vocal impulsado por el PSOE. El asunto se dirimirá en un pleno extraordinario el 4 de octubre.

En el seno de la comisión, la discusión se elevó de tono. El encargado de dar un paso más allá fue ayer Javier Laorden, también propuesto por el PP, que casi enmendó a su propio compañero al plantear "algo más que dudas" sobre la constitucionalidad de la ley. Laorden no acepta de partida, por ejemplo, ni siquiera que esos consejos autonómicos de Justicia tengan que existir, como ha sido acordado ya por el PP y PSOE para el nuevo estatuto valenciano y como se demanda ahora desde Cataluña.

Este vocal se agarra a los artículos literales 122.1 y 122.2 de la Constitución sobre gobierno interno de los tribunales y externo del Poder Judicial, para reprochar a la reforma "ineficacia, interferencias políticas" y un objetivo de "desvertebración del poder judicial". Laorden explica que la Constitución habla "en singular" del Consejo y que ahora, con estas modificaciones "deliberadamente ambiguas" para forzar el texto, no se sabe qué tipo de competencias y poder tendrán los autonómicos y se podría permitir en el gobierno interno de los jueces el acceso a terceras personas.

Laorden fue respaldado ayer [lunes, 26/09/05] en esta línea dura desde Pamplona por otro vocal del PP, Juan Pablo González.

Aguiar acepta, sobre los consejos autonómicos, que la ley debería especificar mejor sus competencias y carácter consultivo, pero entiende que sus compañeros conservadores se han excedido en su celo teóricamente jurídico y han cruzado el umbral de su "independencia política". Así se lo reprochó a Requero y sobre todo a Laorden. Éste se ofendió y le lanzó amenazante: "Yo no digo lo mismo de ti pero podría decirte otras cosas".