Los crímenes de la ETA y su castigo
Crónica
La negociación de Zapatero con la ETA de 2005 a 2007

Los secretos del chivatazo policial a la ETA en el caso Faisán

Tres jueces ordenan a Garzón que investigue de verdad el chivatazo a la ETA

Libertad Digital 2010-02-15 LD/agencias

Garzón y Fiscalía no podrán dar carpetazo al caso Faisán. Tres jueces de la Sala de lo Penal de la AN han ordenado en un auto al juez que practique nuevas diligencias, a las que se había negado. Tendrá que tomar declaración a Carlos G, el policía que dirigió la investigación.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha ordenado al juez Baltasar Garzón, que investiga el supuesto chivatazo que impidió en 2006 desarrollar una operación contra el aparato de extorsión de ETA, que practique nuevas pruebas, entre las que se encuentran la declaración de tres agentes de policía que participaron en la investigación y solicitar a las autoridades francesas la documentación sobre las llamadas realizadas desde una cabina telefónica por el dueño del bar Faisan de Irún, Joseba Elosúa.

El auto estima que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de revelación de secreto y a su vez de colaboración con banda armada, por lo que "de ser realizados por miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la lucha contra el terrorismo en España". En este sentido, el tribunal apuesta por "agotar la investigación hasta los extremos que sean necesarios".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el pasado 5 de octubre el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar quiénes fueron los autores de la supuesta delación. En la causa están imputados el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector de Vitoria.

Nueva línea de investigación

No obstante, los magistrados superiores a Garzón creen que el juez debería haber tenido en cuenta "una nueva línea de investigación", ya que el propio Elosúa señaló en su declaración que quien le llamó era la persona que "controla directamente a los cuatro o cinco policías que le hacen seguimientos", lo cual, según el tribunal, "descarta a todos los hasta ahora imputados y parece apuntar en otra dirección". "Parece que el círculo de posibles autores, como ya se ha supuesto, está y debe estar dentro del grupo de funcionarios policiales que, por una u otra razón, bien directamente o indirectamente, tenían conocimiento de la operación que se iba a realizar", señala el auto de la Sala.

A su juicio, "la importancia de este dato no puede minusvalorarse" porque, el hecho de que la operación fuera conocidos por otras personas además de los imputados, conlleva que "habría que investigar en otro círculo de funcionarios". En esta línea, destaca que la naturaleza de estos hechos "aconseja un especial celo y diligencia en su investigación más allá de toda duda y un agotamiento más de lo normal o de lo usual".

El policía Carlos G. deberá declarar en la Audiencia

Así pues, la resolución judicial, que admite parcialmente el recurso de apelación presentado por Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), destaca la necesidad de que Garzón interrogue al responsable director de la investigación y autor principal del informe incriminatorio, Carlos G., y a dos funcionarios del Grupo VIII de la Brigada Provincial de la Investigación a los que identifica con los nombres de 'Unai' y 'Sugoi.

A este respecto, la Sala entiende que, "habida cuenta de la naturaleza de los hechos y su especial singularidad, esto es, que la posible filtración de la investigación sólo puede provenir de responsables de la misma, la declaración de este funcionario lejos de ser inútil y perjudicial", como apuntó Garzón, "resulta necesaria con el fin de esclarecer los hechos lo más posible". En relación con los otros dos funcionarios policiales, entiende que deben ser interrogados por su relación con el operativo en torno al bar Faisán. Según el auto, su declaración "no puede ser considerada innecesaria ni perjudicial", al entender que "la especialidad de los hechos investigados explica la necesidad de la misma".

Deberá pedir a Francia la documentación sobre las llamadas de Elosúa

Los magistrados también ordenan al juez instructor que pida a la justicia francesa "toda la documentación relativa al análisis del tráfico de las llamadas de teléfono que se produjeron en la cabina telefónica desde la que llamó Joseba Elosúa y a las observaciones telefónicas que se realizaron" al etarra José Antonio Cau Aldanur, enlace de la banda en Francia para el cobro de la extorsión, tanto al teléfono fijo como al móvil. A este respecto, el auto comparte el criterio de Garzón de que la detención de Elosúa "partió de la autoridad competente", aunque añade que "lo que no está aclarado es el motivo por el que se tomó esta decisión y si efectivamente la filtración tuvo algo que ver con aquélla". "Aunque tal diligencia pudiera no aportar luz al respecto, ni perjudica ni daña la investigación, es más, cuanto se aclare tal cuestión, mejor se podrá adoptar una decisión definitiva respecto del fondo de la cuestión", señala el auto.

Diligencias rechazadas

En todo caso, el tribunal rechaza la petición de DyJ para que la Guardia Civil se haga cargo de la investigación al compartir la "confianza" que Garzón depositó en los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que asumieron el caso. Para ello, destaca que el informe con mayor fuerza incriminatoria que consta en autos fue elaborado por los funcionarios policiales que elaboraron la primera investigación.  Los magistrados superiores a Garzón tampoco admiten que se proceda a la identificación y toma de declaración de todos y cada uno de los funcionarios que de un modo u otro intervinieron en el operativo llevado a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2006 contra el aparato de extorsión de ETA.

Consideran a este respecto que esta diligencia "tiene un alto grado de generalidad e indeterminación que justifica la negativa del juez de instrucción", aunque deja la puerta abierta a que el instructor podría "llamar a declarar a nuevos testigos" en función del resultado de estas nuevas pruebas. También desestima la declaración de otros tres agentes que ya han prestado testimonio en la causa al entender que "poco pueden aportar de nuevo", al tiempo que rechaza que se realicen nuevas diligencias a propósito de las cintas que se grabaron a las puertas del local, ya que entiende que "ya se ha practicado todo lo necesario".

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Garzón cita a declarar a tres policías que investigaron el chivatazo

Libertad Digital EUROPA PRESS 2010-02-16

Un día después de que la Audiencia Nacional le ordenara investigar de verdad el chivatazo a ETA, Baltasar Garzón ha citado a declarar para este miércoles al jefe del equipo de investigación, Carlos G., y a otros dos agentes que participaron en la operación del caso Faisán.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha citado para este miércoles por la tarde al jefe del equipo de investigación del chivatazo que impidió en 2006 desarrollar una operación contra el aparato de extorsión de ETA y a otros dos agentes del operativo, tal y como le ordenó la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, en un auto en el que le instaba a "agotar al máximo la investigación".

Según informaron fuentes jurídicas, Garzón comenzará de esta forma a practicar las nuevas pruebas que habían solicitado Dignidad y Justicia (DyJ) y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) tomando declaración a partir de las 17.00 horas al responsable director de la investigación y autor principal del informe incriminatorio, Carlos G., y a dos funcionarios del Grupo VIII de la Brigada Provincial de la Investigación a los que la Sala identifica con los nombres de 'Unai' y 'Sugoi'.

En una providencia notificada este martes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 pide al equipo de investigación que aporte los datos de la cabina situada junto al bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), donde se produjeron los hechos, si estaba intervenida y si consta alguna llamada del propietario del local, Joseba Elosúa.

Además, el magistrado solicita la trascripción de las llamadas de la cabina y si Elosúa tuvo alguna conversación con el etarra José Antonio Cau, al que se considera enlace de la banda para el cobro del 'impuesto revolucionario'.

A la vista de estas pruebas, el juez decidirá si cursa una comisión rogatoria a Francia para solicitar un análisis del tráfico de las llamadas que se produjeron los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006. En este sentido, preguntará a las autoridades francesas si el motivo de la suspensión de la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA estuvo motivado por una filtración policial.

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La Audiencia Nacional también da un "varapalo a la Fiscalía"

Libertad Digital 2010-02-15

La abogada de Dignidad y Justicia ha mostrado su satisfacción En casa de Herrero por el auto de la Audiencia Nacional, que corrige a Garzón y le ordena que realice nuevas pruebas sobre el chivatazo, tal y como habían solicitado. Además, da un "varapalo a la Fiscalía".

Carmen Ladrón de Guevara se ha mostrado satisfecha por el auto de la Audiencia Nacional que da “en parte la razón” a Dignidad y Justicia y “obliga a Garzón a practicar las diligencias” que le pidieron en el mes de diciembre.

Dignidad y Justicia es una de las asociaciones que ejerce la acusación popular en el caso del chivatazo a ETA. Algo que les ha costado 4.000 euros de fianza. Su presidente Daniel Portero tuvo que pedir un aval bancario, ha explicado Ladrón de Guevara En casa de Herrero. “Tuvimos que hacer un esfuerzo ingente”.

Sobre el auto de la Audiencia, ha señalado que es “bastante completo”. Le exige al juez Baltasar Garzón que practique las “diligencias que solicitábamos”. Además, “deja clarísimo que los hechos que aquí se están investigando son los hechos más graves en la lucha antiterrorista”.

Pero la Sección Segunda de la Sala de lo Penal no sólo da un varapalo al magistrado sino también a la Fiscalía. Y es que, tal y como recuerda Ladrón de Guevara, el Ministerio Público pidió el archivo de la causa argumentando que la vía de investigación llevada por el juez estaba agotada sin obtener ningún resultado.

Ahora “la sala considera que se tienen que abrir todas las vías posibles. Vamos a hacer todo lo posible, todo lo que nos dejen hacer, para averiguar quién está detrás del chivatazo, que posibilitó que no se detuviera a la red de extorsión de ETA”.

Portero, convencido de que Garzón sabe quién dio el chivatazo

Por su parte, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha calificado de "éxito" la decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. En declaraciones a Europa Press, Portero subrayó que, aunque el tribunal sólo ha aceptado cinco de las 33 diligencias que fueron solicitadas por DyJ y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), "por lo menos se demuestra que la Sala de lo Penal no tiene intención de archivar" la causa.

De hecho, defendió que esta decisión es "un éxito bastante importante de cara al esclarecimiento del asunto más grave de la democracia". Ahora, subrayó, Garzón "tendrá que rectificar" y practicar algunas de las nuevas pruebas que exigían las asociaciones, erigidas en acusación popular.

Con todo, Portero, que se mostró convencido de que "Garzón sabe quién dio el 'chivatazo'", defendió que "se deberían haber hecho las 33 diligencias" solicitadas, porque las cinco admitidas por el tribunal "no son suficientes".

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Cronología del chivatazo: ¿Quién es Carlos G.?

Libertad Digital 2010-02-16

Entre las diligencias ordenadas a Garzón por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional destaca que tendrá que tomar declaración a Carlos G., el policía que dirigió la investigación del chivatazo a ETA. En los últimos meses se ha especulado mucho sobre el papel de este policía en el caso.

El 5 de octubre de 2009 la Fiscalía solicitaba el archivo del Caso Chivatazo que llevaba tres años durmiendo en el juzgado de Baltasar Garzón. El Ministerio Público consideraba "agotada" la investigación porque no puede determinar quién informó a la banda terrorista de la operación contra la red de extorsión que se iba a producir en un local de Irún, el Bar Faisán, en la que los etarras recibían el dinero procedente de la extorsión.  

En pleno escándalo por esta decisión de la Fiscalía, el 8 de octubre, Antena 3 informaba que
el autor del soplo fue el propio inspector jefe de la Policía encargado de llevar a cabo la investigación del chivatazo a la red de extorsión de ETA: Carlos G. El mismo que, según los sindicatos policiales, era el encargado de controlar las cámaras de seguridad que vigilaban el domicilio y el bar de Elosúa, que podrían haber servido para identificar al agente que entregó el teléfono a Elosúa, pero que en el momento del soplo se encontraban apagadas. Los sindicatos policiales también expresaban sus dudas: "habría que investigar a los investigadores". Al día siguiente, 9 de octubre, trascendía que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, había condecorado con un distintivo rojo al mérito policial y pensionado de por vida precisamente a Carlos G.

El 19 de octubre, Fernando Lázaro y Manuel Marraco revelaban en El Mundo que
Interior relevó al responsable inicial de investigar el bar Faisán y después el chivatazo a ETA, José C., cuando comenzó a tener resultados y le reemplazó por un policía de menor rango y favorable al "proceso de paz", Carlos G. Según esta información, en un principio el equipo español de la investigación –había uno francés también– estaba encabezado por el responsable de la Unidad Central de Inteligencia, el comisario José C., el primero que gracias a sus trabajos previos se centró en Carlos G, como sospechoso del soplo a ETA. De acuerdo con esta información, el relevo sorprendió a muchos de la cúpula policial de la lucha antiterrorista sobre todo porque en un informe José C. había señalado al que sería su sucesor al frente de la investigación (Carlos G.) como un hombre contrario a la desarticulación de la red de extorsión en pleno "proceso de paz".

Además de esto, El Mundo revelaba que el ministro Rubalcaba dio una versión falsa en el Congreso cuando dijo que había condecorado a Carlos G.
por sus trabajos relacionados con el robo de droga en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Fernando Lázaro recuerda que el caso se conoció en julio de 2008 y que quince meses después la unidad de Carlos G. detuvo a varios policías supuestamente vinculados al robo. Sin embargo, el ministro del Interior olvidaba que la medalla con distintivo rojo a Carlos G. –que supuso un aumento del sueldo en un 15%– fue otorgada en 2006, es decir dos años antes de que se conociera el robo de la droga.

Ese mismo día, 19 de octubre, Carlos G. en el centro de la polémica, se defendía haciendo público
un documento firmado ante notario, en el que negaba ser al autor de la delación, es más decía que fue él quien lo desveló, y acusaba a la Fiscalía de ocultar datos en la solicitud de sobreseimiento. Además, pedía que se levante el secreto de sumario y no se archive el caso.
Carlos G. explicaba en el escrito que en el momento de los hechos, el 4 de mayo de 2006, él se encontraba reunido con el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, quien dirigía la operación contra ese aparato de financiación. El inspector se presentaba como víctima de "un linchamiento público" y mientras se mostraba agradecido a Garzón por "no haberme imputado ni a mí ni a mi equipo una vez que tuvo conocimiento del alcance, rigor, objetividad y exhaustividad de nuestra investigación", arremetía contra la Fiscalía. En concreto, negaba que la cámara que grababa el Bar Faisán dejase de funcionar justo el día en el que se produjo el chivatazo, como sostenía el fiscal, escrito de petición de archivo de la causa.

Es precisamente un detallado informe policial elaborado por el equipo dirigido por Carlos G. el que señalaría directamente a Víctor García Hidalgo, entonces Director General de la Policía, como la persona que
ordenó el chivatazo al dueño del bar Faisán, tras ser a su vez avisado por su jefe superior en el País Vasco, Enrique Pamiés. Según publicó Fernando Lázaro el 19 de enero de 2010 en El Mundo este informe obra en poder de Garzón. De acuerdo con este informe de Carlos G., García Hidalgo encargó a Pamiés alertar a Elosúa y, tras una serie de infructuosos intentos por localizarle, el jefe superior mandó a un inspector especializado en islamismo, que fue el que visitó el bar y entregó un móvil al etarra Elosua. El propio Pamiés habría sido quién mantuvo la conversación con él dándole, durante unos ocho minutos, todos los detalles de la operación que había emprendido el juez Grande Marlaska.

Además, estos informes
desmontan los argumentos de la Fiscalía para pedir el archivo del caso. De nuevo Fernando Lázaro en El Mundo explicaba que mientras la Fiscalía sostenía que no estaban identificados todos los teléfonos que habían operado en las cercanías del Bar Faisán en el día de los hechos, el equipo dirigido por el inspector jefe Carlos G. expurgó todas las llamadas, identificó a sus titulares y tomó declaración a todos y cada uno de ellos.

También destapó El Mundo que el informe que apuntaba a la responsabilidad de García Hidalgo tuvo entrada el 4 de septiembre de 2006 en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido ya por Baltasar Garzón. Sólo cuatro días después, el 8 de septiembre, Rubalcaba destituyó al frente de la Dirección General  de la Policía a Víctor García Hidalgo. Obviamente,
alguien filtró a Rubalcaba los informes elaborados por Carlos G.