Las ocho CCAA que deben presentar medidas para evitar la intervención en julio de 2012 son Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón, Murcia, La Rioja y Valencia, según La Razón y el Gobierno dispara la deuda pública con otros 20.000 millones para rescatar a las CCAA

LD/agencias 2012-07-15

Un total de ocho comunidades tendrán que presentar esta semana medidas que constaten su capacidad para cumplir con el objetivo de déficit de este año (1,5%) si quieren evitar que el Ministerio de Hacienda eleve las advertencias al Consejo de Ministros del próximo viernes, 20.07.2012, y se inicie así el procedimiento incluido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que puede acabar en intervención.

El Gobierno emitió una advertencia informal a estas regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la semana pasada y les concedió siete días para que refuercen sus medidas y las presenten en reuniones bilaterales con el Departamento de Hacienda. Si en ese plazo no consiguen llegar a un acuerdo, las advertencias se formalizarán en el Consejo de Ministros del próximo viernes y se empezará a aplicar la Ley para evitar las desviaciones en el déficit.

Si se aprueban las advertencias, el Gobierno tendrá que convocar de nuevo este mismo mes el CPFF para presentárselas a las comunidades autónomas, que dispondrán, según la Ley, de un mes para adoptar las medidas necesarias y comunicárselas a Hacienda. Y si cumplido este plazo las comunidades no han presentado medidas adicionales o el Departamento dirigido por Cristóbal Montoro las considera insuficientes, el Gobierno podrá empezar a imponer las sanciones previstas en la Ley.

Así, las comunidades sancionadas deberán constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB. Dicho depósito será cancelado cuando se pongan en marcha las medidas que Hacienda considera necesarias. Si transcurridos tres meses los ajustes no se han aplicado, el depósito no devengará intereses y a los seis meses se convertirá en multa.

Una vez que hayan pasado un total de nueve meses y no se hayan puesto en marcha las medidas, el Gobierno podrá intervenir la comunidad autónoma. La intervención consistirá en el envío bajo la dirección del Ministerio de Hacienda de una delegación de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada.

La delegación enviada podrá solicitar información o antecedentes de las partidas de gastos e ingresos y la comunidad autónoma en cuestión estará obligada a facilitar cualquier dato. La delegación deberá presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. No se podrá autorizar ninguna operación de crédito, ni la comunidad tendrá acceso a los mecanismos de financiación previstos en la Ley de Estabilidad hasta que las medidas exigidas hayan sido implementadas.

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El Gobierno dispara la deuda pública con otros 20.000 millones para rescatar a las CCAA

El Tesoro tendrá que emitir entre 12.000 y 20.000 millones de euros en bonos para evitar que ciertas autonomías suspendan pagos.

LD M. Llamas 2012-07-14

Un Estado con una calidad crediticia (rating) a un paso del bono basura y cuya solvencia está en duda, hasta el punto de que ha tenido que solicitar un crédito a Europa para poder recapitalizar su banca, acudirá ahora al rescate de comunidades autónomas quebradas, ya que éstas no pueden afrontar por sí solar sus compromisos financieros ante la negativa de par en par del mercado a seguir prestándoles dinero. Así se resume el nuevo "Mecanismo de Financiación Territorial" aprobado el viernes, 13.07.2012, por el Consejo de Ministros.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas que contempla la creación de un Fondo, sin personalidad jurídica, que prestará el dinero preciso a las Comunidades Autónomas para cubrir sus necesidades de liquidez. Según explicó el ministro de Economía, Luis de Guindos, dicho fondo contará con un máximo de 18.000 millones de euros, un tercio de los cuales procederá de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) con cargo a ingresos futuros, mientras que el resto será financiado por el Tesoro. Es decir, como mínimo, el Gobierno tendrá que emitir otros 12.000 millones de euros en deuda pública (bonos del Estado) para evitar que algunas autonomías suspendan pagos.

Pese a ello, la cuantía podría ser muy superior, según las fuentes financieras consultadas por Libre Mercado: hasta los 25.000 millones de euros, de modo que el Tesoro tendría que emitir cerca de 20.000 millones extra. Los vencimientos de deuda de las CCAA ascienden a un total de 15.000 de aquí a finales de año, a los que habría que sumar las emisiones pendientes para cubrir los desvíos presupuestarios en 2012 (déficit público). De hecho, tal y como indicó De Guindos, los 18.000 millones citados son una mera "estimación", y "la cifra final dependerá de cuántas comunidades se adhieren al mecanismo", puntualizó.

Esta cifra no es baladí. En 2012, el Tesoro tenía previsto realizar emisiones brutas por un importe total de 86.000 millones de euros, frente a los 95.600 de 2011. Hasta el momento, ya había cubierto casi el 65% de las necesidades de financiación a medio y largo plazo para todo el ejercicio (56.000 millones de euros). Sin embargo, el nuevo fondo de rescate autonómico amenaza con disparar las emisiones en otros 20.000 millones, y ello sin tener en cuenta que el Tesoro aún tiene que devolver otros 56.000 millones de deuda que vence en los próximos meses. De este modo, el rescate de las autonomías socavaría aún más la solvencia del Estado.

La adhesión a este mecanismo será voluntario por parte de las CCAA, y la gestión de estas ayudas recaerá tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ofrecerán los préstamos "partiendo del coste de financiación del Tesoro más un diferencial reducido", según aclaró De Guindos.

Una mera promesa

Otra de las claves del sistema consiste en la condicionalidad que impondrá el Gobierno. Las autonomías que acudan al Fondo deberán presentar un nuevo plan de ajuste o bien actualizar el existente para garantizar que cumplirán con el objetivo de déficit público y podrán hacer frente en el futuro a la devolución de este crédito estatal.

Asimismo, los préstamos otorgados por el Fondo estarán garantizados por los recursos del sistema de financiación autonómica. De este modo, el Gobierno pretende que las CCAA mantengan la responsabilidad íntegra del pago, contribuyendo así a incentivar la disciplina fiscal. Es decir, en última instancia, las autonomías tendrán que devolver al Estado el dinero prestado.

Sin embargo, todo ello se basa en una mera promesa. En realidad, el Estado se tendrá que endeudar para sufragar los vencimientos y compromisos de CCAA insolventes a cambio de que éstas pongan en orden sus cuentas públicas para que así puedan devolver el dinero en el futuro, algo que hasta el momento no se ha producido. De hecho, Hacienda acaba de amonestar a ocho regiones por desviarse de la senda marcada para cumplir el objetivo de déficit público en 2012 (1,5% del PIB regional).

Así pues, el Gobierno se ha decantado por rescatar directamente, con el dinero de todos los españoles (deuda del Estado), a ciertas autonomías a cambio de un control presupuestario a posteriori (la mera promesa de que devolverán lo prestado), desechando por tanto las otras opciones que se han barajado en los últimos meses: los hispabonos (las CCAA emiten y el Estado avala) y la retención de recursos autonómicos de antemano.

El aval del Estado a las emisiones autonómicas (hispabonos) ha sido finalmente descartado ante las dudas de que este mecanismo realmente pudiera funcionar a la hora de captar dinero en el mercado, en un momento de grandes turbulencias financieras. El segundo ha contado desde el principio con el rechazo de las propias autonomías.

Este último mecanismo consistía básicamente en titulizar los recursos que reparte el Estado anualmente entre las CCAA (transferencias), y contaba con el visto bueno de los grandes inversores. Un fondo se encargaría de emitir deuda autonómica de forma conjunta, a un coste algo inferior al que exige el mercado, con el aval de los propios recursos autonómicos -no del Estado- que reparte anualmente el Gobierno central. De este modo, el Estado retendría de forma anticipada parte de dichas transferencias para poder atender al pago de los compromisos financieros (capital e intereses). Es decir, la idea consistiría en retener dinero a las CCAA de antemano.

Finalmente, el Gobierno ha optado por emitir deuda directamente a través del Tesoro y cargar, por tanto, con un coste adicional en un momento en el que el mercado internacional desconfía de la propia solvencia del Estado.