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El Tribunal de Tokio tras la Segunda Guerra Mundial

LD Eduardo Fungairiño Bringas 2015-12-03 http://www.libertaddigital.com/cultura/historia/2015-12-03/como-los-nazis-en-nuremberg-los-japoneses-tambien-se-enfrentaron-a-un-tribunal-militar-internacional-1276562665/

Al terminar la II Guerra Mundial en el Lejano Oriente (VJ, 2 de septiembre de 1945) casi cuatro meses después que en Europa, la exigencia de responsabilidades y la formación de tribunales empezó, lógicamente, más tarde. Es difícil establecer si las tropas japonesas causaron tantas o más víctimas que las invasiones nazis pero en vesania y efectividad los nipones no quedaron a la zaga de los alemanes. Téngase en cuenta, además, que cuando la Marina Imperial Japonesa atacó pérfidamente Pearl Harbour, el 7 de diciembre de 1941, el ejército nipón llevaba ya cuatro años aplicando su particular limpieza étnica en China y diez años en Manchuria (desde el incidente de Mukden el 18 de septiembre de 1931).

Los criminales de guerra japoneses fueron juzgados por el Tribunal de Tokio, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente (International Military Tribunal for the Far East o IMTFE) establecido por el general MacArthur, que redactó la Carta de Tokio, notablemente inspirada en la Carta de Núremberg.

El general nombró a 12 Jueces (dos norteamericanos y uno por cada uno de los diez países que habían combatido al Japón): presidió el Juez Webb (Australia); los otros Jueces fueron McDougall (Canadá), Mei Ju-ao (China), Estados Unidos (Higgins y Cramer), Jaranilla (Filipinas), Bernard (Francia), Pal (India), Northcroft (Nueva Zelanda), Röling (Países Bajos), Patrick (Reino Unido) y Zaryanov (Unión Soviética). Los jueces francés, neozelandés, ruso y uno de los norteamericanos (Cramer) eran jueces militares. La India fue tenida por estado independiente aunque teóricamente todavía formaba parte del Imperio Británico (alcanzaría la independencia el 15 de agosto de 1947, fragmentándose entonces en la India y el Pakistán). Lo mismo ocurrió con las Filipinas que todavía estaban (desde que los españoles perdimos esa colonia por el Tratado de París de 10 diciembre de 1898) bajo control de los EEUU, que no reconocieron la independencia del archipiélago hasta el 4 de julio de 1946.

La sede del Tribunal se estableció en un edificio de Ichigaya, barrio al este de Tokio, que precisamente había sido Cuartel General del Ejército Imperial Japonés. El acta de acusación contenía 55 cargos por Crímenes contra la Paz (o agresión), Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad, como en Núremberg; pero en esta ocasión el periodo criminal comprendía desde el 1 de enero de 1928 hasta el 2 de septiembre de 1945. Como en Núremberg, el delito de genocidio no fue objeto de acusación, al no estar definido entonces. Cada acusado tuvo dos abogados de su elección, uno japonés y otro norteamericano.

Jueces del Tribunal Internacional para el Lejano Oriente

El juicio comenzó el 29 de abril de 1946, se desarrolló en inglés y japonés y duró más de 2 años. Declararon más de 1.300 testigos y se examinaron cientos de documentos escritos, fotografías y filmaciones. El 4 de noviembre de 1948 se dictó la sentencia (1.218 páginas, frente a 270 de la de Núremberg), y 20 días más tarde el general MacArthur la confirmó. Fueron condenados a muerte Kenji Doihara (general del Ejército, por el asesinato de prisioneros en los campos de concentración); Koki Hirota (primer ministro, por atrocidades cometidas por el Ejército en China y por planear y continuar la guerra en China, en el Pacífico y en el Sudeste Asiático); Seishiro Itagaki (general del Ejército, por el asesinato de prisioneros y personal civil); Heitaro Kimura (general del Ejército, por el planeamiento de la guerra en China y en el Pacífico y asesinato de prisioneros y personal civil); Iwane Matsui (general del Ejército, por el exterminio de prisioneros en la Masacre de Nankín); Akira Muto (general del Ejército, por el exterminio de prisioneros en las Masacres de Nankín y Manila); e Hideki Tojo (ministro de la Guerra y primer ministro, por el planeamiento de la guerra en el Pacífico, el exterminio de prisioneros y de población civil, etc). Todos fueron ahorcados el 23 diciembre de 1948.

Otros 16 acusados fueron condenados a cadena perpetua y 2 fueron condenados a penas de cárcel inferiores. En todo caso, para 1958 ya ningún militar japonés quedaba en la cárcel, fuera por razones de salud o por concesión de libertad condicional.

El emperador Hirohito no fue llevado a juicio

De acuerdo con el presidente Truman, MacArthur había aceptado la única condición señalada por los japoneses para la rendición: la intangibilidad del Emperador, símbolo de unidad de la nación japonesa, que sería respetada. Había otro motivo, ligado al anterior, que aconsejaba mantener su inmunidad; si MacArthur quería dotar al Japón de una Constitución de carácter occidental, democrática, nadie mejor que el emperador para convencer al pueblo japonés. Tampoco fueron juzgados los restantes miembros de la Familia Imperial (seis príncipes) entre ellos el príncipe Asaka, que había perpetrado junto con el general Matsui la Masacre de Nankín (300.000 prisioneros chinos asesinados, diciembre de 1937). Los Jueces Webb y Bernard disintieron de estas inmunidades pero quedaron en minoría.

Hirohito y la familia real en 1941

También se celebraron juicios por crímenes de guerra y contra la Humanidad en Australia y en territorios coloniales que pocos años más tarde obtendrían su independencia; como la India, del Reino Unido; Indonesia, de los Países Bajos; e Indochina, de Francia. En el conjunto de todos estos países fueron juzgados más de 5.000 militares japoneses, de los que los Países Bajos condenaron a muerte a 236, el Reino Unido a 223, Australia a 153, China a 149, los Estados Unidos a 140, Francia a 26, y Filipinas a 17; de todos ellos, aproximadamente una tercera parte fueron ahorcados (entre ellos, los generales Yamashita y Muto por la masacre de Manila; el general Nishimura por la masacre de Parit Sulong, en Malasia; el coronel Hatakeyama, por la matanza de Ambón, en las Indias Orientales Holandesas; los coroneles Kawamura y Oishi por asesinato de prisioneros en Singapur; el almirante Sakaibara por asesinato de prisioneros en la isla de Wake, etc.). Más de 1.000 acusados fueron absueltos. Por su parte, el Tribunal Militar de Jabarovsk, en la Unión Soviética, impuso pena de cárcel a 12 militares japoneses acusados de haber utilizado gases tóxicos.

Solo se juzgaron los crímenes de los vencidos

Como en Núremberg, surgió la pregunta ¿por qué solo se juzgaron los crímenes de los vencidos? Desde un principio los Juicios de Núremberg y Tokio fueron descalificados por historiadores y juristas críticos como la justicia del vencedor. No sin razón (o sin otra razón que la de la fuerza) en 390 a.C. el galo Breno había espetado a los supervivientes de la saqueada Roma: ¡Væ Victis! (¡Ay de los vencidos!). Pero aun reconociendo que los Aliados habían cometido actos en principio susceptibles de ser calificados como crímenes de guerra (tómese como ejemplo los bombardeos incendiarios de Hamburgo y de Dresde, con más de 100.000 víctimas mortales; el maltrato y muerte de más de 1.000 prisioneros alemanes en los campos de concentración del Rin; el hundimiento en el Báltico de los buques alemanes Wilhelm Gustloff y Goya con más de 9.000 y 7.000 refugiados, respectivamente, etc.), sin embargo no existió nunca por parte de los Aliados un acuerdo o plan preconcebido desde las altas instancias para invadir países neutrales, deportar poblaciones enteras, atacar sin previa declaración de guerra y con violación de tratados, masacrar prisioneros, bombardear poblaciones que no constituían objetivo militar, como Varsovia, Belgrado, Londres, Coventry o Rotterdam, etc.

Lo característico de los crímenes de guerra enjuiciados en Núremberg y en Tokio no fue sólo que fueran crímenes de guerra o infracciones de las reglas de la guerra en sí (bombardeo de objetivos amparados por la Cruz Roja, hundimiento de buques neutrales, no respetar las condiciones de la capitulación, no señalizar campos de minas en tierra, vestir el uniforme del enemigo, obligar a los prisioneros a trabajar, etc.) pues siempre pueden señalarse ejemplos de tales crímenes perpetrados por cualquiera de los ejércitos combatientes, fueran norteamericanos, soviéticos o británicos. Lo terrible fue la comisión de los crímenes en masa y con continuidad.

Los bombardeos sobre Alemania buscaban un objetivo estratégico (destruir sus vías de comunicación, sus industrias militares), y era muy difícil evitar lo que hoy día llamamos daños colaterales. En el caso de Dresde (14 y 15 de febrero de 1945, tres meses antes del final de la guerra), la información que tenía el Jefe del Mando de Bombardeo de la RAF (Harris) era que la bellísima ciudad (la Florencia del Elba) albergaba fábricas de municiones y un nudo de comunicaciones desde el que podían enviarse tropas al Este para combatir a los rusos que se acercaban a Breslau (de hecho, ocurría lo contrario: refugiados alemanes de Silesia llegaban a Dresde entorpeciendo las comunicaciones e incrementando así su población civil). Cuando se conoció el alcance del bombardeo incendiario y sus terribles resultados, el propio Churchill remitió al General Ismay (su enlace con los Jefes de Estado Mayor) una carta señalando que debía revisarse la práctica de bombardear las ciudades alemanas, y que los ataques aéreos debían ceñirse a objetivos estrictamente militares -la destrucción de Dresde pone seriamente en cuestión el bombardeo aliado-. El Gobierno británico rehusó condecorar a las tripulaciones del Mando de Bombardeo y a Harris, mariscal del Aire, que por entonces era apodado por la prensa Bomber Harris y por sus propios compañeros the butcher (el carnicero) se le denegó su petición de ser nombrado gobernador de Rhodesia. El monumento que se erigió en su memoria en la City of Westminster, en Londres (ciudad que había sido bombardeada incesantemente por la Luftwaffe con 40.000 víctimas), fue descubierto entre protestas y tuvo que estar custodiado por la Policía varias semanas.

La muerte de soldados alemanes en los 18 campos de prisioneros de la margen izquierda del Rin (Rheinwiesenlagern) se produjo por un fracaso de la intendencia de los ejércitos norteamericano y británico, que no pudieron prever que iba a encontrarse con tantos prisioneros, y que -por iniciativa del SHAEF (Eisenhower)- tuvieron que improvisar los campos mediante alambradas, sin construcciones a cubierto, sin drenajes, con una densidad humana que llegaba a impedir los movimientos, sin otra comida que un caldo al día (condiciones no mejores que las en que los alemanes habían mantenido a los soldados soviéticos prisioneros), y teniendo que confiar la custodia de los internos a la propia Feldgendarmerie alemana. Ya se había demostrado insuficiente la logística de los Aliados tras el desembarco de Normandía (junio de 1944) y no mejoró como para absorber el millón de soldados capturados en la Batalla de Las Ardenas y en la Bolsa del Ruhr (enero a abril de 1945).

En el caso del hundimiento de los buques de refugiados en el Báltico (la mayor catástrofe naval de la Historia), los Comandantes de los submarinos soviéticos podían alegar que ni el Wilhelm Gustloff ni el Goya ostentaban la Cruz Roja en el casco del buque; además podían suponer, con fundamento, que a bordo viajaban numerosos militares alemanes provistos de armamento, lo que convertía a los buques en legítimo objetivo militar.

En definitiva, que ninguno de los tres casos expuestos (y podría decirse de muchos otros) entrañó un planeamiento previo o una conspiración del Alto Mando Aliado, sino que fueron decisiones adoptadas en el campo de batalla a iniciativa del comandante respectivo, y en razón de las circunstancias de cada caso, decisiones casi siempre basadas en una información insuficiente o defectuosa, pero por razones de índole militar.

Nada comparable con la Conferencia de Wansee (20 de enero de 1942, presidida por Heydrich) sobre el exterminio de los judíos en las cámaras de gas (inicialmente se les gaseaba en camiones con tubo de escape modificado, pero el método fue abandonado porque no producía una muerte rápida y porque los camiones se necesitaban para el transporte de tropas al frente); con la constitución en 1941 de los Einsatzkommandos para la aniquilación de las poblaciones de la retaguardia del Frente Ruso; con la orden, anterior a la invasión de Rusia el 22 de junio de 1941 de dar muerte inmediatamente a los comisarios políticos del Ejército Rojo (Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare); con la orden de ejecutar sumariamente a los comandos aliados capturados aunque vistieran uniforme militar (Kommandobefehl) dictada el 18 de octubre de 1942; con la decisión de matar a todos los prisioneros de guerra y civiles en poder del Japón (objeto de los Cargos 44 y ss. de la Sentencia del IMTFE de 4 de noviembre de 1948); con la práctica de la Marina Imperial Japonesa de degollar a los prisioneros o arrojarlos al mar o denegar auxilio a los náufragos; etc.

Por otra parte, los Aliados (excluyendo claramente a la Unión Soviética, cuyos innumerables crímenes -agresión traicionera a Polonia, asesinatos de 20.000 polacos en Katyn, violaciones masivas de mujeres alemanas en su ofensiva final, etc.- quedaron impunes) se preocuparon de investigar los crímenes de guerra atribuidos a sus propios soldados: el General Marshall (Jefe del Estado Mayor del Ejército de los EEUU) presidió una comisión de investigación sobre el bombardeo de Dresde (en el que también intervinieron bombarderos de la USAAF), aunque la investigación no encontró motivos de inculpación; la Justicia militar norteamericana sentenció a muerte y ejecutó por fusilamiento a más de 100 soldados estadounidenses por crímenes de guerra cometidos contra la población civil por asesinato, violación y pillaje (las víctimas eran británicas, francesas, italianas, irlandesas, polacas y argelinas); los Tribunales militares británicos sentenciaron y ejecutaron por asesinato a 43 soldados, 10 por ahorcamiento y 33 por fusilamiento (uno de los ahorcados era el soldado americano Gustav Hulten que había robado y asesinado a un taxista londinense; el Tribunal Militar norteamericano cedió su jurisdicción al Tribunal británico); en Italia 15 goumiers marroquíes fueron ejecutados y 54 condenados a trabajos forzados por los más de 600 asesinatos y numerosas violaciones de mujeres y niños que dichas tropas coloniales francesas (bajo el mando del General Juin) cometieron contra la población italiana tras la Cuarta Batalla de Montecassino, en marzo de 1944; etc., etc.

Consecuencias de los Tribunales Internacionales

A corto plazo, satisficieron, solo en parte, las legítimas aspiraciones de justicia de las poblaciones de los países ocupados y el recelo existente sobre la posible impunidad de muchos dirigentes (impunidad que en lo que respecta a los científicos e industriales alemanes y a los integrantes de la familia imperial japonesa fue escandalosa). A largo plazo, ayudaron a crear la idea de una jurisdicción penal supranacional a un tiempo efectiva y respetuosa con la soberanía de los estados (art. 2 de la Carta de las Naciones Unidas), que se ha plasmado en los TPIY y TPIR (Tribunal Internacional para los crímenes de la antigua Yugoslavia -La Haya- y Tribunal Internacional para los crímenes de Ruanda -Arusha-) y en la actual Corte Penal Internacional -La Haya-; si bien, la procedibilidad de los casos en la CPI queda sujeta a la autorización del Consejo de Seguridad de las NN.UU. cuyos miembros permanentes son China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia.

Con los defectos que se quiera, las ideas de globalización, unidas a los avances tecnológicos en comunicaciones y transportes, ha llevado también a una internacionalización de la justicia que ha permitido la formación de una conciencia internacional de lucha por la investigación de los crímenes y de rechazo a su impunidad. Algunos sátrapas de nuestra época autores de atrocidades y exterminios que dejan pálidos los momentos más oscuros de la Edad Media pueden sentirse intranquilos al prever que pueden extinguir en una prisión el resto de sus días, y los que les suceden pueden quedar disuadidos de seguir su ejemplo; con lo que se cumple, en no escasa medida, el principio de prevención general propio del Derecho Penal. Finalmente, el rápido acceso a las noticias internacionales, y la política de información y transparencia de los tribunales penales internacionales (pueden seguirse las sesiones de los juicios on line a miles de kilómetros de la sede judicial) permite que las víctimas se sientan atendidas y reivindicadas, y puedan ver aminorado su sufrimiento.